La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), a cargo de Franco Picardi, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra Karina Liliana Juárez, Raúl Osvaldo Roncayolo y Fabián Eduardo Ferro, por un caso de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de unas 50 mujeres que eran captadas a través de una agencia de publicidad para oficiar de promotoras de carreras de automovilismo deportivo, y luego eran obligadas a prostituirse con distintos organizadores, clientes y empresarios del ambiente.
La investigación se inició en 2018 a raíz de dos denuncias anónimas en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, las cuales daban cuenta de la existencia de una organización que captaba mujeres con la promesa de ofrecerles trabajo como promotoras en distintas carreras del circuito de automovilismo profesional, pero que luego eran presionadas para ejercer la prostitución.
Una vez judicializado el caso, y con la intervención del fiscal Picardi, el entonces titular del Juzgado Federal N° 6 Rodolfo Canicoba Corral solicitó la detención de los sospechosos: Juárez, cara visible de la agencia de modelos que contrataba a las promotoras; Roncayolo, dueño de una concesionaria de venta automóviles; y Ferro, quien oficiaba de chofer y trasladaba a las víctimas a las distintas ciudades del país donde se corrían carreras de las categorías de Turismo Carretera, Turismo Nacional y Turismo Pista o Turismo Mouras.
En ese marco, el 17 de noviembre de 2019, personal de la Unidad de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía Federal Argentina realizó un procedimiento en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario donde se corría una fecha del Turismo Nacional. En esa oportunidad se detuvo a Juárez y a Ferro, al tiempo que se rescataron 22 mujeres que trabajaban en el lugar como promotoras publicitarias. Ese día también apresaron a Roncayolo en su casa de un barrio privado de la localidad bonaerense de Pilar.
Al momento de requerir la elevación a juicio, Picardi hizo alusión a la importancia de atender a las características particulares del caso para repensar y proyectar lineamientos de política criminal y de persecución penal en materia de trata de personas con fines de explotación sexual, como de sus diversos delitos conexos emparentados con distintas modalidades de explotación, entre ellas, la prostitución forzada. Sobre este punto, resaltó que los hechos del caso se enrolan con el entramado de los fenómenos criminales que se desarrollan bajo estructuras de mercado, los cuales poseen determinadas regularidades que permiten diseñar estrategias de intervención a futuro, si se las identifica y estudia en profundidad.
En esa órbita, mencionó que el contexto en que las personas acusadas operaban no sería azaroso y que habría sido especialmente seleccionado para maximizar sus ganancias y solapar su actividad ilícita, ya que, cumpliendo diferentes roles, desplegaron su actuar criminal en el marco del automovilismo deportivo por ser un ambiente en el que priman determinadas condiciones que lo hacen permeable.
El fiscal señaló que en el marco del automovilismo deportivo se observa, por un lado, una amplia demanda de prostitución, abastecida en oportunidades por organizaciones criminales a partir de la explotación sexual de personas y, por el otro, estructuras legales sobre las que se apoyan para invisibilizar su actuar criminal.
Remarcó que de esa forma operaban la agencia de publicidad de Juárez y la concesionaria de autos de Roncayolo, fungiendo como marcos legales respaldatorios para captar, ofrecer, trasladar, acoger y explotar sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o económica.
Violencia de género
Picardi también refirió que el caso es el reflejo particular de un problema público de relevancia y magnitud como lo es la violencia de género. Destacó que todas las víctimas forzadas a prostituirse eran mujeres y que ello tampoco es casual, sino que el contexto de sobrerrepresentación de varones, tanto en el ámbito del público, como de corredores, empresarios y actores organizativos, así como la cantidad de días que duran los eventos y las distintas condiciones culturales vinculadas al modo de organización social patriarcal y la posición de las mujeres en dichos ámbitos, funcionaron como garantes para la obtención de réditos económicos seguros.
El fiscal resaltó que existen grupos delictivos que, en el marco del automovilismo deportivo, se dedican a explotar sexualmente a personas, bajo distintas modalidades, y que esta realidad tiene su historicidad de público conocimiento.
Por último, Picardi esgrimió que la importancia de comprender la dinámica de los fenómenos criminales que se encuentran detrás de los casos particulares radica en buscar alternativas que permitan mejorar la política criminal y los impactos en materia de persecución penal. En esa línea, señaló que este caso no es un hecho aislado y que, por el contrario, si desde el Estado no se pautan intervenciones estratégicas, otras organizaciones delictivas seguirán operando allí.
A juicio
En base a las pruebas colectadas en la investigación -que incluyeron tareas de campo, intervenciones telefónicas y entrevistas con las víctimas- el fiscal Picardi le solicitó al responsable del Juzgado Federal N° 6, Daniel Rafecas, que Karina Juárez y Raúl Roncayolo sean enviados a juicio oral como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La fiscalía identificó la ocurrencia de los siguientes verbos típicos del delito: ofrecimiento, captación, traslado y acogimiento.
La conducta está agravada por haber sido realizada por una organización de tres personas, por la existencia de más de tres víctimas, por el hecho de que la explotadora y explotadores utilizaron engaños y abusaron de la vulnerabilidad de las víctimas, y por la consumación de la explotación. En tanto, Ferro fue acusado por los mismos ilícitos, pero en carácter de partícipe necesario.
El fiscal sostuvo que los imputados, cumpliendo diferentes roles, se involucraron desde agosto de 2018 hasta el 17 de noviembre de 2019 en el funcionamiento de la agencia de modelos que encabezaba Juárez que, bajo la apariencia de ser una empresa que promovía el servicio de promotoras en eventos automovilísticos “también operaba como una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, donde mujeres en situación de vulnerabilidad eran reclutadas y, en algunos casos, amenazadas para ejercer la prostitución, bajo control y dirección de sus explotadores, quienes percibían como ganancia indirecta el posicionamiento y la continuidad de la agencia dentro del exclusivo ambiente del automovilismo”.
El negocio era en apariencia legal; empero, precisó el fiscal, Juárez conminaba a las promotoras para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero con distintos empresarios y, de tal modo, obtener el posicionamiento de la agencia como la mayor y mejor “proveedora”.
De esta forma, conseguía a su vez un aumento en su rédito económico, pues la agencia no sólo seguía ofreciendo promotoras a un precio menor al resto de sus competidoras, lo que le permitía que los sponsors la eligieran -para abaratar costos-, sino que, además, la remuneración baja que obtenían las promotoras, terminaba favoreciendo a que las mujeres necesiten “un extra” a través del ejercicio de la prostitución para poder sustentarse.
Asimismo, pese a ocultárselo a muchas de las mujeres en situación de prostitución, Juárez recibía comisiones por los pases, equivalentes al 25 por ciento de lo que pagaba el prostituyente.
De acuerdo a la fiscalía, el proceso de selección de mujeres para desempeñarse como promotoras estaba a cargo de Juárez, quien requería que fueran jóvenes, con determinado estándar de belleza y encontrarse carentes de recursos económicos o con hijos menores a su cargo, es decir, que existiera alguna vulnerabilidad económica que pudiera ser aprovechada para exigirles y forzarlas a que ejercieran la prostitución. Se les insistía, se las presionaba y hasta se las amenazaba con la pérdida de su empleo, para que accedieran a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.
“La procesada inicialmente captaba a las víctimas contratándolas como promotoras, para luego ejercer presiones laborales, ya que dentro de la agencia disponía qué promotoras eran convocadas para cada carrera y qué tareas debían realizar dentro del autódromo. En tal sentido, castigaba a las promotoras que no accedían a prostituirse no convocándolas a futuras carreras y premiaba a quienes sí lo hacían otorgándole tareas más sencillas y/o mejor remuneradas (como por ejemplo ‘hacer cámara’)”, indicó el fiscal Picardi.
A través de los testimonios de las víctimas se pudo determinar que Juárez entablaba video llamadas con Roncayolo y filmaba de cuerpo entero a las mujeres, mostrándoselas y exhibiéndolas para que éste último pudiera conocerlas y así permitirle seleccionarlas de antemano.
En efecto, las promotoras eran nombradas de diferentes maneras, según la función que desarrollaban. Es decir, aquellas que brindaban servicios sexuales eran denominadas como “autitos” y a quienes no practicaban esa actividad se las sindicaba como “promotoras” o “modelos”.
El fiscal indicó que Juárez se ocupaba del traslado y acogimiento de las víctimas, que eran llevadas por Ferro a los autódromos o a los hoteles donde las hospedaban -con motivo de los eventos deportivos-, donde luego eran ofrecidas a distintos clientes del ambiente para prostituirlas. Añadió que, en ocasiones, el propio Roncayolo se ocupaba del traslado de las víctimas en su avión privado a los lugares en donde se efectuarían las competencias.
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