El fiscal federal de Rafaela Federico Grimm pidió la elevación a juicio de la investigación al propietario de un complejo de cabañas de la ciudad de Rafaela como jefe una organización de tráfico y venta de drogas. La causa se inició hace más de un año atrás a partir de denuncias anónimas que derivaron en seguimientos, escuchas telefónicas, y allanamientos a distintas propiedades con el decomiso de estupefacientes, armas y dinero en efectivo y el desbaratamiento de una suerte de micrococina de drogas en la localidad del centro oeste santafesino.
La investigación siguió los pasos de Cristián Javier Rivadeneyra, de 38 años, oriundo de la localidad bonaerense de San Fernando y dueño del complejo de cabañas “El Gordo” en Rafaela, y su pareja, Rocío Natalí Núñez. Ambos, junto a Valeria Marisol Ramondelli y Eduardo Nicolás Mazzón, fueron procesados en marzo del año pasado por el juez federal Miguel Abásolo por conformar una asociación destinada a la comercialización de estupefacientes. Además, los dos primeros también fueron procesados como coautores de los delitos de guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes, guarda de elementos destinados a la elaboración y producción de estupefacientes y privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas de un menor, a quien habrían obligado a consumir drogas.
Los cuatro, en tanto, fueron también investigados por presunto lavado de dinero proveniente del la venta de estupefacientes.
Tras la pista
La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima telefónica ante la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Rafaela de la Gendarmería Nacional. Según la información judicial el anónimo dio cuenta de movimientos en el domicilio de Rivadeneyra compatibles con una actividad comercial: “Era frecuente ver a distintos vehículos llegar a su domicilio, estar un escaso tiempo e irse nuevamente, como si fueran a buscar algo al lugar”, dice el texto, que da cuenta, además, de otra denuncia con reserva de identidad señalando a Rivadeneyra como dueño de una cocina de cocaína.
Según la información judicial, se ordenaron una serie de escuchas telefónicas que permitieron verificar la comercialización de estupefacientes por parte del imputado y sus vínculos con Ramondelli y Mazzón, quienes venderían las sustancias ilícitas.
En marzo de 2016 se allanaron dos domicilios de Rivadeneyra en Rafaela; en uno se secuestraron 952,2 gramos de cocaína, semillas de plantas de cannabis, éter sulfúrico y ácido clorhídrico –utilizados como precursores– y dinero. Y en otro domicilio los investigadores incautaron 400 gramos de cocaína, precursores químicos y máscaras para “cocinar” la droga.
Así, Rivadeneyra quedó procesado por comercialización y distribución de estupefacientes, con el agravante de la intervención de tres o más personas, guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes, guarda de elementos destinados a la producción o fabricación de estupefacientes; y suministro de estupefacientes a título gratuito agravado por ser menor de edad su receptor, con el delito de privación ilegal de la libertad agravado por haberse cometido con violencia y amenazas.
Según la información judicial Rivadeneyra tenía privado de su libertad a un menor de 17 años para forzar a su familia al pago de una supuesta deuda.
En tanto los restantes miembros de la organización también quedaron procesados: en el caso de Núñez por los mismos cargos que Rivadeneyra; y Ramondelli y Mazzón por comercialización y distribución de estupefacientes agravada.
A todos los miembros de la presunta organización se les trabó embargo de bienes, 300 mil pesos en el caso de Rivadeneyra y 50 mil pesos a los otros tres, a la par que se secuestraron cuatro lanchas, motos y autos de alta gama que estaban en su poder.
A juicio
Un año después, con los procesamientos en firme, el fiscal Grimm requirió la elevación a juicio de la causa que tiene a Rivadeneyra, Núñez, Ramondelli y Mazzón como acusados de formar una organización delictiva destinada a la comercialización de estupefacientes en las localidades santafesinas de Rafaela y Saladero Cabal.
En tal sentido se consideró que Rivadeneyra “ejercía un rol predominante en la actividad ilícita investigada, dado que adquiría estupefacientes en gran medida por intermedio de Mazzón, luego de lo cual los fraccionaba junto con Núñez, y comercializaba en esta ciudad, por si mismo, junto con Núñez y a través de Ramondelli”.
En relación a Núñez –su pareja– estimó que “participaba de las maniobras de fraccionamiento y comercialización efectuadas por su pareja, Cristian Javier Rivadeneyra, y ejercía un control conjunto del material estupefaciente y los insumos para su producción que este poseía en sus respectivos domicilios”.
Respecto a Ramondelli, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló “que la nombrada comercializaba estupefacientes para Rivadeneyra, quien le proveía de tales sustancias”, al igual que Mazzón “cuyo rol consistía en conseguir proveedores de estupefacientes con los cuales Rivadeneyra pudiera abastecerse de material ilícito, además de comercializar parte de los mismos en la localidad de Saladero Cabal, provincia de Santa Fe, donde residía”.
Además, Mazzón fue procesado por transporte de estupefacientes en una investigación desarrollada en Corrientes, donde fue detenido el 3 de octubre de 2010, con 5.048 gramos de cocaína y 2 gramos de marihuana que transportaba en un vehículo.
Los porotos de la discordia
El fiscal federal de Rafaela Federico Grimm pidió la nulidad de una resolución del juez federal de dicha jurisdicción, Miguel Abásolo, en la que denegaba la aplicación del trámite de flagrancia para dos hombres que transportaban 80 kilos de cocaína ocultos en una carga de porotos.
El pasado 7 de marzo pasado, personal de la sección Seguridad Vial Ceres de la Gendarmería Nacional realizaba un operativo público de prevención en el kilómetro 387, de la ruta nacional 34, cuando detuvo un camión con semirremolque, en el que viajaban el chofer Juan Ramón Leal, y su acompañante, José Luis Romero, desde la ciudad salteña de Embarcación hacia la localidad santafesina de Tapiales.
Tras verificar la documentación del camión y al revisar la carga, que consistía en bolsas de porotos, los gendarmes advirtieron que en el parte delantera del semirremolque había bolsas que estaban acondicionadas de un modo distinto. Tras remover las primeras bolsas, los efectivos descubrieron un bidón plástico de 20 litros y seis bolsas de arpillera en los que estaban distribuidos 76 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 80.192,53 gramos.
Al ser consultado, el fiscal Grimm ordenó que se imprimiera el trámite de flagrancia (ley 27.272), dado que los hombres habían sido sorprendidos trasladando estupefacientes. Sin embargo, en su decreto del 8 de marzo, el juez federal de Rafaela, Miguel Abásolo, dispuso que se exceptuase la aplicación del régimen de flagrancia y tramitase bajo las normas del procedimiento común, sobre el argumento de “la complejidad de la causa, y a su futura posible vinculación a otras pesquisas”, al tiempo que ordenó las indagatorias de los dos detenidos.
Ello motivó que el fiscal solicitara declarar nulo el decreto del juez y presentara un recurso de apelación, al entender que la resolución se aparta de la ley, y afecta “el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento rápido en el proceso que se le sigue”.
Según el fiscal “la causa no presentaba ninguna complejidad que permitiera el apartamiento del régimen de flagrancia”, por lo que ahora un tribunal de alzada deberá resolver si hace lugar a lo requerido por la Fiscalía, o si mantiene el criterio adoptado por el juez federal de Rafaela.
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