Por Daniel Satur y Estefanía Velo / La Izquierda Diario y Pulso Noticias
Frente a la propagación de varias fake news, difundidas en los últimos días desde las usinas informativas del Arzobispado de La Plata, van dos confirmaciones.
Por un lado, la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 1 de La Plata, Ana Medina, efectivamente desarchivó la causa penal que se inició a mediados de 2008, en su misma fiscalía, y que a principios de 2009 fuera archivada sin más.
Por otro lado, en esa causa por abusos sexuales y malos tratos contra un adolescente está imputado el hasta hace pocos días capellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense, Eduardo Lorenzo.
Ambas cosas fueron confirmadas por Pulso Noticias en diálogo con el abogado Juan Pablo Gallego, quien tomó el caso hace apenas un mes y ya está convencido de que se hará justicia por León (el joven denunciante) y todas las víctimas que sufrieron al cura Eduardo Lorenzo.
Juez excusado y pedido de detención
“Logramos el desarchivo”, dice satisfecho el letrado, para quien las “pruebas presentadas y a presentar son abrumadoras”. Y agrega un detalle peculiar: la defensa del cura Lorenzo cometió “un error técnico grave” al dar cuenta (¿inconscientemente?) de la imputación de su defendido solicitando el “sobreseimiento del cura” antes de que se le atribuyera la figura formal de imputado.
Tras más de diez años de espera para León y sus padrinos Julio Frutos y Adriana Lara, la causa por abuso sexual infantil contra el cura Lorenzo –párroco de la iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet– ya se encuentra en pleno trámite de investigación.
Gallego reconoce que “hubo algunas presiones desde ámbitos cercanos de la defensa de Lorenzo para desmentirla”, pero “quienes lo desmienten no pueden desconocerlo de ninguna manera, es intentar tapar algo que se resuelve con sólo mirar las actuaciones”.
Al final de la semana pasada el caso tuvo una novedad. El titular del Juzgado de Garantías Nº 4, el juez Juan Pablo Masi, se excusó de la causa. ¿No querrá zafar de ser el encargado de tener que condenar a Lorenzo? En los próximos días la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Sala 2 debe resolver el pedido del magistrado.
“Cualquiera sea la decisión, consideramos que las fuerzas de las pruebas van a hacer que, cualquiera sea el juez, se homologuen las medidas que ya estamos pidiendo”, confía Gallego.
En ese sentido, el letrado informó que la querella viene insistiendo con el pedido de que Lorenzo “sufra una medida de coerción para evitar que continúe las presiones durante la investigación. Específicamente pedimos la detención”.
Palabra de Aguer
La familia de León también pidió formalmente a la fiscal Medina la incorporación a la causa judicial del expediente canónico iniciado contra Lorenzo en 2008.
Gallego afirma que esa investigación eclesiástica interna “concluyó con una represión canónica a Lorenzo, solicitándole que terminara con sus conductas inapropiadas. Pero eso no se puso en conocimiento de la Justicia Penal. Esas palabras aluden a que estaba comprobado que lo que decía León ocurrió. Pero el Arzobispado no colaboró con la Justicia”.
“Acá nadie puede hacerse el distraído, desde 2008 todos sabemos de qué se habla cuando se habla de Lorenzo, de León o de otra víctima. Es el momento de hablar de un modo más claro y no ocultando la verdad”, remata Gallego.
En 2008, Héctor Aguer llevaba diez años comandando la Iglesia católica platense y fue el máximo responsable de llevar adelante esa “investigación canónica” surgida a partir de la denuncia que hicieron Frutos y Lara en el Arzobispado.
Por ello, para el abogado Gallego el arzobispo emérito debe aportar información en la causa. “Le pedimos a la fiscalía que se solicite con urgencia la declaración del ex arzobispo porque creemos que tiene bastante para decir ya que siempre supo de las conductas inapropiadas de Lorenzo”, gráica, buscando que “lo que hasta aquí fueron líneas paralelas ahora se unan para decir la verdad”.
También la querella solicitó que presten declaración “toda una línea de personas del ámbito religioso vinculadas a toda esa tramitación especial”.
De Grassi a Lorenzo
Juan Pablo Gallego asumió el patrocinio de la familia Frutos hace un mes. El abogado que metió preso a Julio Grassi ya dio algunos pasos importantísimos en la causa abierta contra quien, curiosamente, fue confesor de Grassi en la cárcel.
Gallego sabe que al desarchivar la causa que permanecía clausurada desde 2009, se enfrenta nuevamente a un cura poderoso que está rodeado de gente que lo encubrió desde el primer momento. Sin embargo, él tiene muchas expectativas de que este caso se desenvuelva con el mismo final de aquel, el cual concluyó con una condena a quince años de prisión para Grassi por cometer abuso sexual agravado contra menores.
“Se conocen los elementos de pruebas que vamos a presentar, y controlar muy especialmente de modo tal que no estén sometidos a presiones, los cuales van a esclarecer la realidad”, asegura el abogado de León.
Inevitablemente, al ver las características del caso Lorenzo afloran las comparaciones con el caso Grassi. “A primera vista hay una similitud en el modus operandi, de acuerdo a lo que relatan las víctimas”, dice Gallego, quien considera que “acá también estamos ante un religioso muy poderoso. Lorenzo, habiendo desempeñado el cargo no sólo en su parroquia sino como personaje central del Servicio Penitenciario Bonaerense, se mostraba como una persona altamente poderosa y muy protegida”.
El abogado relaciona a ambos curas desde el punto de vista de que “abusaban de esa autoridad e incluso de su posición jerárquica y eclesiástica respecto a jóvenes que, en general, eran menores de edad”.
Gallego encuentra otra similitud entre ambos casos: las “desmentidas, los aprietes a periodistas y una efusión de negativas de la cuestión. Recuerdo los primeros tiempos de la causa Grassi, donde también había enormes presiones y hasta hubo ataques con armas de fuego contra víctimas y testigos”.
En aquellos años, el abogado de las víctimas de Grassi había pedido entrevistarse directamente con el entonces cardenal Jorge Bergoglio y con el obispo emérito de Morón, Justo Laguna, quien era el superior jerárquico de Grassi. Recuerda que “estaba muy preocupado por convencerlos con muchos argumentos respecto de la acusación” pero que se encontró “con que todos sabían lo que era Grassi, que es lo que después reflejó la sentencia”.
Ese modus operandi parece repetirse en el caso de Lorenzo. “Me resulta bastante particular leer desmentidas o escuchar que colegas de ustedes me dicen ‘me están apretando, me piden que no publique, que me retracte’”, detalla Gallego. Para él alcanza con ver el expediente eclesiástico para comprobar que lo que denunció León es verdad.
Otros tiempos, presiones parecidas
Para el abogado querellante los tiempos cambiaron entre el caso Grassi y esta nueva etapa del caso Lorenzo. “En 2002 era muy compleja la tarea que nos tocó”, afirma, ya que Grassi en ese momento probablemente fuera “el religioso más poderoso de la Argentina. Por ejemplo, estaba entre los diez invitados a una asunción presidencial. Era una persona con autonomía y con mucha capacidad financiera y mediática”.
Paralelamente, “comparándolo incluso a nivel mundial en esa época, fue quizás el primer gran caso a nivel global de este tipo. Después vinieron los grandes casos resonantes, como el que reflejó hace poco una película que ganó el Oscar (Spotlight) y la cumbre de este año en el Vaticano para tratar el tema de los abusos sexuales a menores de edad”, enumera el abogado. Pero mientras “el caso Grassi provocó una conmoción internacional, el de Lorenzo, que se desató en 2008 (emparentado temporalmente con lo de Grassi), logró no ser esclarecido en función de la protección que recibió”.
Aún Gallego y la familia de León no han recibido presiones directas ni mucho menos mensajes amenazantes de parte del entorno de Lorenzo; pero sí se empiezan a ver “presiones que llegan lateralmente”. Por ejemplo, menciona aprietes telefónicos enviados directamente “desde el riñón de confianza de Eduardo Lorenzo” que llegaron a “altos medios de prensa nacionales”.
Vale decir que, después de que León hablara por primera vez públicamente a través de La Izquierda Diario y Pulso Noticias (y posteriormente en La Pulseada), su voz se reprodujo en medios como Página|12, TN, Perfil, Infobae y la Agencia Télam, entre otros. “Fui consultado yo mismo por las personas que estaban recibiendo presiones, que eran muy intensas, y les sugerí que se remitieran a las autoridades judiciales del caso, que confirmaron mis palabras”, remata el abogado Gallego.
“Esas presiones fueron indirectamente para nosotros también”, dice el letrado, “ya que hay un apriete directo a quienes deben informar y lo están haciendo con mucho interés y objetividad”.
Hablando de aprietes directos, Gallego y otras personas recibieron hace un par de semanas una carta documento procedente del penal de Campana. Llevaba la firma de Grassi, quien acusaba a todos los destinatarios de “daños y perjuicios” contra él.
Gallego se lo toma con calma, pero reconoce que esa carta “tuvo un impacto fuerte y molesto sobre víctimas y testigos. En Grassi y Lorenzo vemos perfiles de personalidad que no se modifican y que repiten una conducta casi patológica de ejercer niveles de autoridad incluso por vías inapropiadas o de una ilegalidad de manifiesta”.
A Gallego le tocó lidiar hace una década y media con Jorge Bergoglio, superior eclesiástico de Grassi y a la vez su confesor personal. Hoy, con el caso Lorenzo en sus manos, le toca enfrentar a la Iglesia que dirige Francisco a nivel mundial.
Quizás desafiando a la propia historia, el abogado trata de “pensar que a partir de lo que se difundió tras la cumbre de Roma, llegó la hora de que en Argentina los casos concretos donde se demuestre la responsabilidad de algunos sacerdotes se permita conducir con libertad hacia la justicia”.
* Una producción de La Izquierda Diario y Pulso Noticias.
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