La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió la clausura de la comunidad terapéutica Fundación San Camilo, en el partido bonaerense de Pilar, tras realizar una inspección y constatar la existencia de torturas y tratos inhumanos a 60 personas que padecen enfermedades mentales y adicciones.
El lugar había sido denunciado por el periodista Pablo Galfré en su libro La Comunidad, Viaje al abismo de una granja de rehabilitación, por la muerte de Saulo Rojas, un mendocino de 23 años fallecido en 2013 dentro de una “celda de contención” de dicha institución y la de Felipe Mariñansky, de 44, ocurrida el mismo año. Según la CPM , se presentó un habeas corpus colectivo a favor de todas las personas allí alojadas.
En la oportunidad, se reclamó su clausura inmediata y se exigió que se investiguen, para determinar las responsabilidades institucionales, los convenios existentes que permitían el funcionamiento de esta comunidad terapéutica, que está habilitada, incluso, para recibir pacientes por disposición de la Justicia. Para quienes recorrieron el predio de la Fundación, las personas que allí viven “son víctimas de prácticas sistemáticas de torturas y malos tratos, están privadas ilegítimamente de la libertad, hacen uso abusivo de psicofármacos, y se les dictan medidas de aislamiento arbitrarias¨”.
Además, la CPM determinó que existe ausencia de un abordaje interdisciplinario de los cuadros que presentan los pacientes, hay falta de auditorías independientes, y ausencia de control judicial y administrativo. Los integrantes de la Comisión vieron que en el lugar que está habilitado para 48 personas había 60, y que las instalaciones presentaban excesiva humedad, falta de vidrios en la mayoría de las habitaciones e instalaciones eléctricas deterioradas.
Además, los entrevistados denunciaron que hay sectores del edificio que no cuentan con suministro de gas, por lo deben bañarse con agua fría, no acceden a calefacción, y todos los colchones están obsoletos, deteriorados y húmedos. “En esas condiciones de internación, que constituyen en sí misma prácticas de tortura, el ejercicio de la violencia física es delegado por los mismos directivos de la comunidad terapéutica en otros pacientes”, se advirtió.
“Una vez reducidos por otros internos, les suministran psicofármacos y los encierran en una habitación, desnudos y atados de pies y manos a una cama. Por el mismo efecto del psicofármaco pueden llegar a dormir por 48 horas, y permanecen encerrados por alrededor de una semana”, concluyeron los miembros de la Comisión. Además de solicitar la inmediata clausura del lugar, la CPM pidió que desde el Ministerio de Salud provincial, el de la Nación y los organismos de Niñez provincial y nacional, se hagan controles y auditorías periódicas de las comunidades o clínicas privadas, efectivizándose las previsiones de la ley de salud mental vigente.
Por la denuncia de una de las muertes ocurridas dentro de la institución, la de Rojas, el fiscal de Pilar Jorge Nocheti imputó a Martín Iribarne y a su esposa, Victoria Bonorino, dueños de San Camilo. También fue acusado el psicólogo Alejandro Jacinto, ex director terapéutico ; y el psiquiatra, Sergio Rey, quien era director médico de la misma comunidad.
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