Trata VIP. El fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Carlos Schaefer, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, presentaron un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar el apartamiento del juez Carlos Soto Dávila, en el marco de una causa que investiga el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en esa provincia.
En efecto, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) recurrieron a esta instancia luego de que, en febrero del corriente año, presentaran este pedido ante la Cámara Federal de Corrientes, donde solicitaron, entre otras cuestiones técnicas, el apartamiento del juez ya que dieron cuenta de la existencia de otra causa iniciada en 2011, cuya hipótesis inicial resultaba idéntica al objeto de investigación del expediente que se tramita en la actualidad. Es decir que en esa primera causa ya se había puesto en conocimiento del juez que las personas actualmente procesadas realizaban maniobras en infracción a la ley de trata de personas y, pese a ello, el magistrado no efectuó las medidas de investigación que el caso requería.
Sin embargo, el magistrado “justificó” la morosidad de la investigación debido al “cúmulo de tareas”, situación que no le permitió un tratamiento “con prelación”.
Con todo, los jueces ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes entendieron que la cuestión no ameritaba el apartamiento del magistrado interviniente, por lo que finalmente los fiscales recurrieron a Casación.
Motivos del recurso de Casación
En este contexto, los fiscales calificaron de “inadmisible” la justificación por parte del juez instructor en la que indicó que fue debido al “cúmulo de tareas que pesaba sobre el tribunal”, que se demoró tres años y medio en tomar medidas en línea con la investigación de un caso de trata de personas que estaba en curso de ejecución.
Asimismo, manifestaron que el Tribunal incurrió en una “contradicción” al valorar, por un lado, que la “resolución en crisis mantiene su validez por no darse los presupuestos para una solución contraria”, y sin embargo, señalar que “aún cuando el cúmulo de tareas que pesan sobre el instructor y las demás circunstancias procesales pudieron impedirle una mayor organización en el trámite de causas conexas, no es menos cierto que causas como la presente, donde la consumación de cualquiera de las etapas o fases del delito de explotación sexual comprometan la libertad y dignidad de las personas, resultan de suma prioridad”.
Además, los fiscales sostuvieron que la resolución de la Cámara “no satisface el pedido” que habían realizado, ya que la conducta del juez derivó en un hecho concreto como es el de haber paralizado aquella primera investigación, “con el lógicamente inadmisible argumento de que un caso de la gravedad de éste no pudo priorizarse en relación a otros”.
Y agregan los fiscales: “Esto le permitió a aquellos imputados (hoy procesados) seguir desplegando la misma y grave actividad ilícita de explotación sexual de mujeres, durante aquel período de parálisis judicial”.
Por otra parte, la Cámara había dicho que hasta el momento “no se señalaron ni se agregaron” las medidas de prueba solicitadas por la Protex “a los fines de merituar en cuánto podrían o no influir sus resultados en desmedro de la actividad del Juzgado”.
Con respecto a este tema, los fiscales sostuvieron que se trata de un punto que “genera agravio como parte para poder avanzar en la investigación del caso hasta las últimas consecuencias y en dirección a todos los responsables individualizados o no aún en el expediente.”
Como sea, la causa se inició en 2015, a raíz de la presentación realizada por el jefe de Prefectura de la localidad correntina de Ita Ibaté, quien habría tomado conocimiento que en dichos lugares se estarían desarrollando actividades vinculadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. A través de la investigación, se pudo establecer que la red “trabajaría” mayoritariamente con grupos de turistas de origen brasilero y que llevaría el control sobre, aproximadamente, 20 mujeres, provenientes de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
El valor de los pases rondaría los 200 dólares y las facilitadoras de la actividad cobrarían un porcentaje a las víctimas para llevar a cabo las coordinaciones con los dueños de los respectivos hoteles y cabañas denominadas Jardín del Paraná y Cabañas de Sapito.
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