Cinco policías que en 2014 prestaban servicios en la seccional 19ª se sentaron en el banquillo de los acusados. Ayer, durante la primera audiencia oral del juicio, el quinteto fue acusado de cometer diversos hechos delictivos utilizando la estructura policial. Extorsiones, allanamientos ilegales, incumplimientos de los deberes de funcionario público y falsedad de instrumento fueron algunos de los delitos endilgados. La Fiscalía insistió en la figura de asociación ilícita –descartada por el juez de la Instrucción Penal Preparatoria – y en este marco solicitó penas que van de los 20 a los 8 años de reclusión según el caso, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de multas. Este requerimiento fue cuestionado por la defensa, puntualmente en el ítem de la incorporación de la figura de asociación ilícita, lo que generó un ida y vuelta entre las partes. Finalmente una resolución en pleno del Tribunal (compuesto por Hernán Postma, Hebe Marcogliese y Mónica Lamperti) resolvió rechazar el planteo defensista. Aclaró que la teoría fiscal se evaluará al momento de la sentencia y dispuso un cuarto intermedio para que los letrados de los imputados adecuen sus defensas a la acusación.
Los fiscales Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja acusaron al comisario Guillermo Ruiz Díaz, a la suboficial Lucrecia Bustos, al suboficial principal José Antonio Galván, al suboficial Sebastián Farini y el oficial auxiliar Víctor D’ Angelo por la comisión de una serie de delitos que tuvieron lugar a partir de marzo de 2014 en jurisdicción de la comisaría 19ª donde prestaban servicios.
Los hechos delictivos
En uno de los casos, que tuvo lugar a fin de marzo de 2014 el Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre con un arma en Espinoza y Calchaquí. Hasta allí llegaron en un móvil policial Farini y D’Angelo. Luego de proponerles a sus colegas cambiar el arma y hacer un allanamiento a la casa del arrestado, trasladaron al muchacho a la comisaría.
Farini le dio intervención al fiscal de turno, que ordenó su permanencia en la dependencia hasta el día siguiente para una audiencia imputativa. Cuando llegaron sus familiares a la comisaría le solicitaron 3 mil pesos para liberarlo. Tras el pago, Farini llamó a otro fiscal unas horas después y sin informarle que habló con su colega le contó otra historia que plasmó en el acta policial y logró la autorización del funcionario para liberarlo, sostuvo la acusación.
También en marzo de ese año y tras una balacera que dejó dos heridos en Espinillo y Seguí, que contaban con prontuario, Farini se presentó en el hospital y les dijo que vayan consiguiendo plata porque les iba a armar causas y a meter presos. Posteriormente se interiorizó de las circunstancia del ataque y obtuvo el dato de los presuntos agresores. El agente fue a la casa de uno de ellos y tras romper la puerta lo llevó detenido. Cuando su padre se presenta en la seccional, Ruiz Díaz le solicitó 30 mil pesos para su libertad, lo que se concretó.
A su vez Galván se dirigió al domicilio del otro sospechoso y al no hallarlo le dijo a su familia que junten 13 mil pesos y les dejó una nota con el nombre del comisario y un sello de la seccional para que los llamen cuando juntaran el dinero. Esta prueba fue sometida a un cuerpo de escritura y dio positivo, sostuvieron los fiscales
Unos días después Farini y D’ Angelo se presentaron en un almacén de Maradona y Campbel y le solicitaron al dueño la habilitación municipal. Como no la tenía, le pidieron 25 mil pesos para no cerrarle el negocio. Ante la negativa del hombre, lo llevaron detenido. Entonces el jefe le pidió 50 mil, pero la postura del hombre no cambió y Ruiz Díaz ordenó que Farini, D’ Angelo y Bustos vayan al local y traigan a la seccional toda la mercadería. Una vez en el comercio, Bustos le insistió a un familiar para que arreglen, lo que finalmente hicieron por 12 mil pesos y le reintegraron la mitad de la mercadería. La ausencia de habilitación fue comunicada a un juez de falta que había ordenado la devolución total de la mercadería, sostuvo Mac Cormack
El último hecho está vinculado a un auto robado que se cayó en una cuneta en la zona de Garzón al 3100. Un vecino vio como el auto se despistó y sin saber que era robado intentó ayudar. Cuando estaban sacando el auto apareció un móvil con Farini y D’ Angelo, y los ocupantes del rodado corrieron. La víctima sostuvo que lo ingresaron al auto policial y tras golpearlo lo llevaron a la seccional y le solicitaron dinero a su familia para no formarle causa, refirió la Fiscalía.
Narvaja detalló que Ruiz Díaz como jefe ofrecía un paraguas protector a partir de la producción sistemática de actuaciones que daban legitimidad a estas acciones por lo que solicitaron 20 años de reclusión, 23 de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 150 mil pesos de multa.
En cuanto a Farini y D’ Angelo la Fiscalía sostuvo que utilizaban violencia apretando, metiéndose en las casas, solicitando dinero. Al primero le solicitaron 20 años de cárcel, igual monto de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 12 mil pesos de multa mientras que para D’ Angelo la pena solicitada fue de 16 años de prisión, 10 de inhabilitación y 47 mil pesos de multa. En cuanto a los dos restantes los fiscales los sindicaron como los laderos del comisario. Para Galván pidieron 20 años de reclusión, 20 de inhabilitación y 35 mil pesos de multa mientras que para la única mujer imputada la sanción solicitada fue 8 años de reclusión, 10 de inhabilitación y 25 mil pesos de multa.
Las defensas de los imputados cuestionaron duramente la introducción de la figura de la asociación ilícita y sostuvieron que se trata de cosa juzgada ya que fue tratada durante estos dos años de instrucción en la instancia previa al juicio y rechazada por el juez. Los magistrados sostuvieron que la fiscalía solicita un encuadre sin modificar los hechos y que la calificación puede modificarse según su teoría del caso. Afirmaron que al momento de la sentencia evaluó si corresponde o no la pretensión fiscal y dispusieron pasar a un cuarto intermedio.
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