La Fiscalía pidió llevar a juicio al joven acusado de grabar y difundir un video amenazante para los familiares de Máximo Jerez, el niño asesinado el 5 de marzo pasado al quedar en medio de una balacera destinada para el frente un búnker de drogas en el asentamiento Los Pumitas de barrio Empalme Graneros, y adelantó que pedirá una pena a 6 años de prisión.
La audiencia preliminar, última antes del juicio oral, se desarrolló este martes y estuvo presidida por el juez Nicolás Foppiani en el Centro de Justicia Penal.
El fiscal Franco Carbone le atribuyó los cargos al acusado, identificado como Uriel Leandro Enrique, de 19 años, de “amenazas coactivas calificadas por ser anónimas, en concurso ideal con intimidación pública, ambos en calidad de autor”.
Luego, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) adelantó que pedirá una pena de 6 años de prisión para el joven que fue apresado el 17 de marzo pasado luego de que se le dictara desde el 5 de marzo un pedido de captura por haber amenazado a los familiares y vecinos de Máximo a través de un video en el que tenía una máscara blanca y armas de fuego y les solicitaba bajo amenazas, la devolución de todos los elementos sustraídos al posterior momento de la detención de , quien sería uno de los líderes de la banda de Los Salteños.
Detienen a sospechoso de ser el enmascarado que amenazó a familiares de Máximo Jerez en un video
El hecho atribuido a Enrique fue enviado a vecinos del asentamiento Los Pumitas, un día después del asesinato de Maxi Jerez, el nene de 11 años baleado junto a tres primos suyos, también menores, que resultaron heridos.
De acuerdo al fiscal Adrián Spelta, quien investiga el asesinato, Máximo y sus primos fueron baleados al quedar en dirección a un búnker de ventas de drogas atribuido a un transero, identificado como Cristina “Salteño” Villazón, quien dirigía a su gavilla desde la celda donde está preso en una causa por homicidio.
Por el crimen de Maxi y las tentativas de sus primos, los pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a seis sospechosos, a los cuales les atribuyeron distintos roles.
Spelta imputó como coautores del homicidio de Máximo Jerez a los hermanos Maximiliano Oscar y Nicolás Ariel “Macuá” Castillo y a Nicolás Torres, quienes están sindicados por ir en el auto del que partieron los disparos contra los chicos. Además, acusó a Alejandra Rodríguez y a sus hijos Esteban Marengo y Gustavo Borda como coautores del delito de “encubrimiento agravado por delito precedente grave”, ya que escondieron dicho vehículos.
A estos acusados se le suma Uriel Enrique, ya que tras el asesinato, familiares y amigos de Jerez se concentraron frente al búnker, lo demolieron y se llevaron pertenencias del lugar.
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Al día siguiente se cree que el ahora imputado Enrique grabó un video enviado a vecinos, en el que se mostró con pistola en mano y una careta cubriéndole el rostro: “Todas estas balitas, van para ustedes”, dijo el joven en el video de unos 20 segundos de duración.
“Escuchen manga de giles, van a tener que devolver las cosas que sacaron de adentro de la casa, porque si no le vamos a dejar un bolso todos los días adentro de la casa”, señaló el muchacho y agregó: “Todas estas balitas van para ustedes guacho.”
Por último, amenazó a los vecinos al afirmar que “más vale que devuelvan las cosas porque le vamos a dar todo plomo”.
Para el fiscal Carbone, los dichos del video configuran el delito de amenazas porque, además, el joven “cumplió con su cometido atento a que los efectos sustraídos por los recipiendarios de la misma fueron devueltos a sus agresores en fecha 7 de marzo”.
Según la investigación, lo que permitió determinar que el autor de las amenazas a través del video era Enrique, de quien sospechan pertenece a la gavilla de Los Salteños, fue un tatuaje en una de sus manos y a través del cual los vecinos lo reconocieron.
En tanto, el martes de la semana pasada los padres de Cristian Villazón, Juan José (50) y Claudia Campos (48), fueron condenados a penas de cumplimiento condicional por amenazas a un familiar de Máximo Jerez, a quien amedrentaron “con el propósito de obligar a la víctima a que no colabore con la investigación fiscal por el homicidio”.
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