Policiales

Peligro en la red

Piden 40 años de condena para un acosador serial de niñas y adolescentes

Juan Manuel G., de 37 años, está acusado por al menos 8 casos, algunos de abuso sexual, contra chicas entre 12 y 17 años. Montaba intrigas obsesivas con varios perfiles falsos en Facebook y entablaba durante meses diálogos con sus futuras víctimas para ganarse la confianza


La fiscal Alejandra Raigal, adjunta de la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra la Integridad Sexual, pidió una pena de 40 años de prisión para Juan Manuel G. de 37 años,  a quien acusó de publicar pornografía infantil y por distintos hechos de grooming, amenazas y abuso sexual a adolescentes de entre 12 y 16 años.

La integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) cursó el pedido en la audiencia preliminar contra el acusado, que tuvo lugar ayer en el Centro de Justicia Penal. Juan Manuel G. es oriundo de Pinto, Santiago del Estero, y está en prisión desde 2017, cuando fue detenido en la zona noroeste en Rosario. El hombre está acusado de haber cometido al menos ocho hechos, usando en todos los casos sofisticadas técnicas de engaño: para abordar a una de sus víctimas, una adolescente de 15 años, utilizó cinco perfiles diferentes de Facebook, en los que fue hombre y mujer (en uno se hacía pasar por “su prima”, en otro por  un hacker y en uno por la propia víctima, utilizando su nombre) tejiendo una telaraña de enredos que la terminó envolviendo.

“Contamos con las respuestas de la empresa Facebook Inc., que aportó los datos de dichos perfiles, tales como sus ID (identificación), nombres de usuario, cuentas de correo electrónico asociadas y, fundamentalmente las direcciones IP con mención de días y horarios para acceder a ellos”, marcó la fiscal. IP es la abreviatura de protocolo de internet, un número único que identifica a cada computadora que se conecta a internet mientras permanezca en la red, y que sólo hackers avanzados pueden mantener oculto disfrazándolo entre varias capas de computadoras conectadas.

No fue el caso de Juan Manuel G. Conocido el IP, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) pidió a la empresa Telecom que informe los datos personales y de titularidad del cliente. Y resultó ser una mujer, vecina del acusado, a quien éste le utilizaba la señal de wifi.

Cercado por evidencias informáticas, Juan Manuel G. fue finalmente identificado en rueda de reconocimiento por su víctima menor de edad, luego de que ella diera testimonio en Cámara Gesell de lo que había padecido.

A otra víctima, que tenía 14 años de edad, amenazó con arruinarle el cumpleaños de 15 si no accedía a sus pedidos. Y también la puso en contacto con los demás perfiles simulados de Facebook –todos suyos–  entre los que estaba el supuesto hacker dispuesto a ayudarla. Así también la envolvió en la misma telaraña. Ella no sólo lo identificó en rueda de reconocimiento sino que también identificó su domicilio en barrio La Cerámica. Y también quedó certificada la actividad en las redes por Facebook y por Telecom.

Una tercera víctima tenía 12 años, y con ella el abordaje fue más violento y personal: el acusado le dio su número de teléfono y el contacto pasó de Facebook a Whatsapp, para regresar otra vez a la telaraña armada por la primera red. Pero en ese tercer caso, ante la negativa de la niña a sus pedidos, intentó forzarla a través de su hermana mayor. De nuevo la empresa nortemericana y la telefónica entregaron datos clave para corroborar la autoría del hecho.

La cuarta víctima tenía 13 años, y el acoso y la extorsión la hizo a través de Whatsapp. Con la quinta, de 16 años, simuló tener 17, y durante cuatro meses se fue ganando su confianza en diálogos virtuales hasta que intentó dar el golpe. Rechazado, montó un ardid en el que incluso exigió dinero a la mamá de la adolescente con la que había podido contactarse y convirtió en otra víctima.

Otras tres denuncias de hechos análogos, cometidos con mecanismos calcados, fueron hechas por las familias de las chicas: una tenía 13, la otra 14 y la tercera 15 años. Y en uno de los casos intervino la ONG National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) que montó una investigación privada que llegó al mismo acusado: Juan Manuel G.

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