Ezequiel Nieva / Corresponsalía Santa Fe
En el primer alegato de la causa Brusa –por la que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad de Santa Fe durante la última dictadura– el pedido fue rotundo: 25 años de prisión, a ser cumplidos en cárcel común e inhabilitación absoluta y perpetua para los seis imputados: el ex juez federal Víctor Hermes Brusa y los ex policías Mario Facino –presidente comunal de San José del Rincón, en los 90 y por el PJ; actualmente con prisión domiciliaria en su pueblo, donde su hija ocupa el que fue su cargo–, Héctor Colombini –ascendido a la Subjefatura de Drogas Peligrosas en la primera gestión de Jorge Obeid como gobernador–, Juan Calixto Perizzotti –cuyo chofer, llamado como testigo, fue acusado de falso testimonio–, María Eva Aebi –secretaria personal de Perizzotti en el órgano que hacía de enlace entre la Policía y el Ejército– y Eduardo Ramos, un joven agente que se infiltraba en movimientos estudiantiles y políticos y que en democracia se recicló en el Concejo Municipal de Santa Fe.
En el primer alegato, además, se pidió la investigación de veinte hechos que no están judicializados y que fueron ventilados en las declaraciones testimoniales a lo largo de los tres últimos meses. Entre ellos se cuenta la actuación de la jueza Laura Cosidoy durante la dictadura, cuando fue defensora oficial. “Esta querella entiende que no se realizó investigación alguna”, dijo el abogado Horacio Coutaz, encargado de alegar por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Un detallado relato sobre Cosidoy hizo, en una de las primeras testimoniales, Francisco Klaric, delegado de UPCN secuestrado y torturado en Santa Fe en 1975, que acabó preso en la cárcel de Coronda.
El ex militante gremial compartió cautiverio con el ex diputado Orlando Barquín y con el actual funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia Jorge Pedraza, uno de los nueve querellantes de la causa. Después del golpe de 1976, ya en Coronda, fue interrogado por Brusa, que era secretario de Juzgado. Con un cinto en la mano, Brusa buscó en vano que Klaric vinculara al líder de UPCN, Alberto Maguid, con Montoneros. El objetivo era quitarle el control del gremio y de la obra social, según declaró Klaric, que fue propuesto como testigo por Pedraza.
Klaric objetó la labor de Cosidoy como defensora –recién cuando llegó a la cárcel supo que le habían abierto una causa– y se permitió bromear acerca de que le hubiese ido mejor sin ella, puesto que terminó purgando el doble de pena tras la defensa de la actual jueza, quien confesó recientemente que en esos años mantenía una relación de amistad con Leopoldo Fortunato Galtieri, jefe absoluto de la represión en el área del II Cuerpo del Ejército, que incluía entre otras a la provincia de Santa Fe.
En el alegato leído por Coutaz, además, se pide al Tribunal que remita copias al Juzgado de Instrucción correspondiente de las declaraciones de Jorge Raúl Ciriaco Núñez y del ex chofer de Perizzotti, Eduardo José Córdoba, ambos propuestos como testigos por el represor, para que se investigue la probable comisión del delito de falso testimonio.
Brusa es juzgado por haber participado en ocho casos de apremios ilegales “en calidad de autor”. Colombini, por seis hechos en los que se le atribuye haber participado en calidad de coautor: el delito, privación ilegal de la libertad agravada. Facino, por un caso de torturas y por tres secuestros.
Perizzotti, por cinco casos de tormentos y por cinco hechos en los que se le atribuye haber sido coautor del delito de privación ilegal de la libertad. Aebi, por cinco casos de tortura y por seis secuestros. Ramos, por seis casos de tortura y cinco de privación ilegal de la libertad agravada.
Coutaz pidió para cada uno de ellos la pena máxima prevista: 25 años. Además de descartar el argumento de la obediencia debida –basándose en las declaraciones de dos testigos, el ex policía Monzón y el ex militar Ballesteros–, el abogado dijo que “quedó probado que los mandos inferiores disponían el modo de la represión”; por eso los casos de Santa Fe y Rosario fueron distintos, más aún comparados con otros puntos del país.
“A juicio de esta querella ha quedado demostrada la existencia de centros clandestinos de detención, tanto en las cercanías de Santa Fe –Rincón y Villa Califormia– como de Santo Tomé”, donde funcionó el chupadero conocido como La Casita, continuó el abogado querellante. Y fundamentó el encuadre de los delitos investigados como de lesa humanidad del siguiente modo: “La tortura no se mide por su duración; no importa si son dos minutos o tres horas de picana; la tortura se mide por sus efectos (…) En los casos de torturas por motivos políticos, la lesionada es la humanidad toda”.
En el alegato se probaron todos los hechos denunciados; el completo repaso demandó cuatro horas e incluyó un repaso de la carrera de Brusa. Se reveló su primer –y fallido– intento por ascender a juez federal en 1981, año en que un informe de la Side, fechado el 3 de septiembre, lo definiera como “amigo y colaborador del Ejército Argentino”.
Brusa alcanzó el cargo de juez federal en 1992 –Menem presidente; primera gestión de Reutemann en el gobierno santafesino– y fue destituido por el Consejo de la Magistratura en el año 2000.
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