El juicio oral por el “Operativo Sapucay”, que en 2017 desbarató una banda dedicada al narcotráfico internacional que operaba desde la ciudad correntina de Itatí, se reanudará el próximo 2 de junio con los alegatos de la defensa de los 12 acusados, tras los pedidos de condenas por parte de la Fiscalía que solicitó 18 años de cárcel para Carlos “Cachito” Bareiro, considerado el máximo responsable de la estructura criminal. Entre el resto de los imputados se encuentra el ex comisario de la Policía de Itatí y dos miembros de la Policía Federal. Se les endilgan los delitos de asociación ilícita y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, agravado por haberse servido de menores de 18 años de edad y por la intervención de funcionarios públicos.
La droga era introducida al país por vía fluvial desde Paraguay hacia Itatí y desde allí se distribuía a distintos puntos de la Argentina, entre ellos Rosario, con el apoyo de miembros de la banda Los Monos.
Juicio virtual
El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 reanudará las audiencias a través de la plataforma virtual Zoom con el alegato del abogado Jorge Barboza, quien defiende a cinco de los imputados.
En el juicio intervienen el fiscal ante el TOF 3, Juan Patricio García Elorrio; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; y su auxiliar Martín Uriona. El pasado 20 de mayo, luego de cuatro jornadas, los fiscales pidieron condenas de entre tres años y tres meses de prisión hasta 18 años para los 12 acusados de haber sido parte de la asociación ilícita dedicada al tráfico de droga en Itatí. La pena más alta se pidió para Carlos “Cachito” Bareiro, sindicado líder de la estructura criminal.
“A lo largo del alegato hemos analizado y hemos considerado que se encuentra acreditado que Bareiro cumplió el rol del organizador. Fue la persona que dispuso y preparó a un conjunto de individuos. Coordinó los medios necesarios para lograr ese fin determinado. Bareiro articuló las tratativas necesarias, no sólo con Coria sino también con otros sujetos que al día de la fecha no han podido ser identificados, pero que sí tomaron participación en el hecho, dando las directivas pertinentes a los fines de lograr el desplazamiento comercial de la droga”, esgrimieron.
“Bareiro distribuyó los roles que debía cumplir cada uno de los sujetos involucrados. Se ocupó de la adquisición de la marihuana. Ejerció un control en el traslado de la droga hasta el final donde fue finalmente secuestrada”, agregaron.
En este mismo sentido, la Fiscalía señaló que Bareiro tenía claras tareas de conducción impartiendo órdenes, con un amplio poder de gestión. “La prueba rendida durante el debate permitió demostrar acabadamente que los aquí imputados, al menos desde el mes de mayo del 2014 hasta el mes de marzo del 2017 (cuando fue desmantelada por el entonces juez federal Sergio Torres, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense) formaron parte de una asociación ilícita con contactos internacionales que se valió de distintas técnicas y procedimientos para llevar adelante el trafico ilícito de estupefacientes, especialmente marihuana. Desde su introducción al país vía fluvial, proveniente de la Republica de Paraguay, a través de la Ciudad de Itatí, hasta su distribución y comercialización por el resto del país”, desarrolló Iglesias.
A su vez, señaló: “Está probado que se valieron de personas menores de edad y de funcionarios públicos, algunos de ellos, de fuerzas de seguridad de federales y provinciales”.
Con todo, los fiscales pidieron 9 años y 6 meses de prisión para el ex comisario de la Policía de Itatí, Osvaldo Ocampo Alvarenga; 9 para los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), Rubén Ernesto Ferreyra y Carlos Víctor López; 8 y medio para Ezequiel Saucedo y Jorge Espinosa; y 8 para Alejandro Gayoso y Melanio Mareco Vargas.
A su vez reclamaron 7 años y 6 meses de prisión para Edgardo Javier Coria; 7 para Carlos Luis Romero; 4 y medio para Angélica Viviana Saucedo; y 4 años y tres meses para Silvina Soledad Ayala.
Juicios abreviados
En la causa llegó a haber 36 imputados, pero en septiembre de 2019, varios de ellos pactaron penas en juicio abreviado y no llegaron a la etapa de juicio oral, entre ellos el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; quien acordó 3 años y 3 meses de cárcel y así recuperó la libertad.
Estructura criminal
Durante el alegato, los fiscales consideraron acreditado que la asociación ilícita realizaba contactos con proveedores de la República de Paraguay para luego ingresarla a través del río Paraná, a la altura de la ciudad de Itatí.
En este marco, explicaron, la organización acopiaba el material estupefaciente en las cercanías de la localidad de Ita Corá, localizada sobre el margen paraguayo del río y en múltiples islas presentes en la zona, desde donde era introducido posteriormente mediante embarcaciones a Argentina. En las 39 causas conexas y vinculadas a la organización se incautó (entre 2011 y 2017) un total de 18 toneladas de marihuana en 28 procedimientos.
Luego, describieron los fiscales, la sustancia ilícita era acopiada en cargamentos en distintos puntos de la localidad de Itatí y sus alrededores, en zonas agrestes, oculta entre la vegetación. Añadieron que, finalmente, la estructura criminal, que contaba con diversos vehículos de pequeño, mediano y gran porte, instrumentaba la distribución y la comercialización de las sustancias estupefacientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.
Según la acusación, la organización contaba con diversos objetos logísticos, como pequeñas embarcaciones, una gran cantidad de teléfonos celulares, armas de múltiples calibres y proyectiles.
En las intervenciones de las comunicaciones telefónicas que fueron expuestas en las audiencias como parte de la prueba, los acusados empleaban palabras como “dorado” y “surubí”, o frases como “tengo el pescado a 300” haciendo alusión a los cargamentos de material estupefaciente, o bien “lechuga” o “verdes” para referirse a los efectivos de las fuerzas de seguridad.
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