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Desaparición forzada

Pichón Escobar: apelan fallo y recusan al juez

Lo hará la querella del caso Escobar el próximo martes. A un año del crimen de Pichón habrá marcha el miércoles.


A un año de que Gerardo Escobar fuera visto por última vez con vida para luego aparecer asesinado en el río Paraná, los abogados de la familia presentarán el martes próximo la apelación a la resolución del juez federal Marcelo Bailaque, quien el miércoles pasado sobreseyó a los cinco acusados por el crimen y ordenó su libertad. Además, la querella solicitará la recusación del magistrado. En este primer aniversario la Multisectorial Justicia por Pichón Escobar organizó un homenaje que comenzó el viernes y que culminará hoy con una jornada desde el mediodía hasta la noche en la plaza del Foro. El miércoles próximo, a las 17, también habrá una marcha desde los Tribunales provinciales hasta el edificio de la Justicia federal.

La semana pasada la investigación por la desaparición y muerte de Gerardo tuvo un nuevo traspié luego de que Bailaque resolviera que no hay pruebas suficientes para incriminar a los imputados. El magistrado refutó en un escrito cada una de las sospechas que cabía sobre ellos.

A pesar de este nuevo letargo de una investigación que comenzó mal –la denuncia sobre la desaparición de Pichón no tuvo eco y eso hizo que perdieran días valiosos de recolección de pruebas–, el abogado Salvador Vera, representante junto con su colega Guillermo Campana de la familia de Pichón, adelantó que el martes próximo presentarán la apelación del sobreseimiento y también la recusación del magistrado por mal desempeño.

Vera agregó que para el miércoles próximo, a las 17, se organizó una nueva marcha que partirá desde el edificio de la Justicia santafesina hasta los Tribunales federales.

El crimen de Pichón Escobar puso en la mira el boliche after La Tienda, el último lugar donde fue visto con vida, y a varios patovicas y policías que trabajaban en el local nocturno. Pichón tenía 23 años y trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad. El jueves 13 de agosto del año pasado salió con amigos, estuvo en el cantobar Bogart,  de Santa Fe y Presidente Roca, y de ahí partió con otro joven hacia La Tienda, en Tucumán 1119.

Su compañero lo perdió de vista y, cuando salió, el patovica Cristian Vivas le dijo que Gerardo ya se había ido. Una semana después, su cuerpo apareció en las aguas del río Paraná. En ese lapso, el mencionado empleado de seguridad fue demorado porque de su casa salió la última señal de GPS del celular de Pichón. Pasaron más de diez días y este empleado de seguridad, de 36 años, fue imputado como autor del crimen de Gerardo. Sus compañeros de trabajo en el after José Luis Carlino, de 34 años e integrante de la barra de Newell’s, y César Ampuero, de 30, además de los empleados policiales Maximiliano Amiseli y Luis Alberto Noya, ambos de 32,  fueron acusados de encubrir el asesinato.

Desde el hallazgo del cuerpo, los abogados Vera y Campana pidieron que la causa pasara a la Justicia federal, debido a que se trataba de un caso de desaparición forzada de persona, que involucraba a fuerzas policiales.

En el mismo sentido se había pronunciado en septiembre pasado el defensor provincial Gabriel Ganón, pero esto fue rechazado por el juez Luis María Caterina, en sintonía con la postura de los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria.

Pero en las audiencias posteriores las pruebas apuntaron fuertemente a la participación de las fuerzas policiales de la seccional 3ª en el encubrimiento del crimen, por lo que la Fiscalía se sumó al pedido de la querella y solicitó que pase al federal.

Para diciembre, el juez Caterina declaró la incompetencia de los Tribunales provinciales. A pesar de la negativa de la defensa, que cuestionó incluso la existencia de una muerte violenta, el magistrado hizo lugar al reclamo al entender que existe la posibilidad de una participación de personal policial en el hecho. El juez refirió que esa noche, en ese lugar, el Estado era la comisaría 3ª y la Policía de Santa Fe, y destacó la probabilidad de que los involucrados hayan contado con apoyo policial, lo que interpretó suficiente para dictar la incompetencia.

En marzo pasado, la jueza de Cámara Georgina Depetris confirmó lo dispuesto por Caterina. En primera instancia la Justicia federal rechazó la desaparición forzada –pese a la postura de la Fiscalía federal–, lo que fue revocado por la Cámara de ese fuero. En julio, los cinco acusados fueron indagados por Bailaque, quien el miércoles pasado resolvió el sobreseimiento.

Actividades para hoy

La Multisectorial Justicia por Gerardo Escobar organizó el festival por los derechos humanos y contra la violencia estatal que tuvo su primera actividad el viernes pasado y seguirá hoy desde el mediodía en la plaza del Foro –Montevideo y Oroño–. Las actividades comenzarán a las 12 con un almuerzo popular y entre las 14 y 14.30 se dará comienzo a los paneles. El primero será “Violencia estatal en dictadura”; a las 15.30 disertarán sobre la “Violencia estatal en democracia” y a las 16.30 se debatirá sobre “Las herramientas para construir justicia popular”. Habrá radio abierta y a partir de las 17 se presentarán murgas y bandas en vivo.

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