El conflicto entre trabajadores portuarios y Terminal Puerto Rosario (TPR) se dilata y parte del complejo sigue sin retomar actividades. Cuando parecía que las diferencias habían quedado saldadas el último viernes, este lunes un nuevo corte impidió el acceso al puerto. Se trata de una medida de fuerza encabezada por los cinco trabajadores que fueron despedidos con causas penales y que quedaron fuera de la reincorporación acordada entre el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y TPR.
El propio gremio tomó distancia de esa postura, al considerar que el acuerdo era un hecho y hasta denunció amenazas por parte del reducido grupo a quienes tenían que volver a reincorporarse este lunes.
Tras más de un mes de conflicto, el viernes pasado el Supa y TPR llegaron a un acuerdo con la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Las condiciones eran que se respetara un aumento salarial del 90% hasta marzo, el pago del bono de Navidad, de los salarios caídos y la reincorporación de 20 de los 25 despedidos por la concesionaria, una sociedad entre la santafesina Vicentin y la chilena Ultramar.
La segunda parte del acuerdo indicaba que los 5 empleados denunciados por la empresa por supuestas agresiones y amenazas no volverían a ser reincorporados pero se les pagarían las indemnizaciones como despido sin causa y conservarían la obra social durante un año.
El acuerdo no cayó nada bien entre la media decena de trabajadores despedidos, a tal punto que el sábado difundieron un comunicado en el que manifestaron su disconformidad con la decisión del Supa y dejaron expuesta una interna. Además avisaron que se mantendrían firmes con la medida de fuerza al punto de evitar el reinicio de actividades.
Este lunes, pese a la firma del acuerdo entre Supa y TPR, las terminales no pudieron volver a la actividad debido al nuevo bloqueo en la zona de Belgrano y 27 de Febrero.
Al respecto, el titular de Supa, Cesar Aybar, se despegó de esta nueva medida de fuerza y apuntó que los cinco despedidos cuentan con el respaldo de algunas agrupaciones de izquierda.
De hecho, mencionó que algunos de los empleados que tenían que reincorporarse este lunes recibieron graves amenazas telefónicas para que no vuelvan a sus puestos y se solidaricen con la causa.
Industriales molestos
En paralelo a esta situación, entidades productivas ya habían puesto el grito en el cielo al considerar que la extensión del conflicto comenzaba a entorpecer la cadena productiva en la región, interrumpiendo procesos productivos, incrementando costos logísticos y perjudicando planes de comercialización.
Desde la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) señalaron: “Se han realizado gestiones diarias para liberar las cargas inmovilizadas que se estiman en más de 1.000 contenedores, y que tienen en su interior insumos perecederos y críticos”.
El sector fabril remarcó que la imposibilidad de hacerse de estas mercaderías se da en un contexto de dificultades en el acceso a las importaciones condicionada por las restricciones que enfrenta la economía en el frente externo
Por otra parte, señalaron que volver a realizar las operaciones comerciales para su ingreso por otros puertos –como el de Zárate– no solo implicaría costos logísticos terrestres adicionales sino también la necesidad de atravesar nuevas aprobaciones de Sira (carta del Sistema de Importaciones de la República Argentina), “con catastróficos efectos” sobre los plazos de producción que podrían redundar en paradas de plantas y, en muchos casos, en pérdidas de mercados de exportación.
“Por lo expuesto y de no mediar una solución la Fisfe solicitará a las autoridades provinciales reunirse con el objetivo de gestionar alternativas que permitan restablecer el normal funcionamiento del puerto de Rosario para evitar mayores implicancias con impacto en la producción y el empleo santafesino”, concluyeron.
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