El gobierno de Perú extendió este miércoles a todo el país el estado de emergencia (sitio) por 30 días en respuesta a las protestas en apoyo al expresidente Pedro Castillo y la mandataria Dina Boluarte especuló con adelantar para 2023 las elecciones generales, en dos medidas que buscan erosionar las manifestaciones que pueden crecer este jueves con una anunciada movilización nacional.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, explicó que el estado de emergencia constituye una medida de respuesta “contundente y de autoridad” ante las protestas que se registran en varias regiones del país y que dejaron ya ocho muertos a causa del accionar presuntamente abusivo de las fuerzas de seguridad.
Boluarte había deslizado la posibilidad de ampliar el estado de emergencia que ya estaba vigente, por 60 días, en Ica, Arequipa y Apurímac, al resto del territorio.
Este miércoles por la noche había cuatro aeropuertos, los de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac, que fueron clausurados, recogió la agencia de noticias Europa Press, y la empresa PerúRail confirmó también la paralización de los trenes que conectan con Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del país.
El Ministerio de Cultura (Mincul), por su parte, anunció el cierre temporal para los turistas de la ciudadela de Machu Picchu.
Las manifestaciones, sin una convocatoria formal y con reclamos disímiles, parecen coincidir en un reclamo de elecciones inmediatas y cierre del Congreso, aunque algunos sectores piden la renuncia de Boluarte o la vuelta de Castillo al Palacio de Pizarro.
Boluarte atendió al menos una de las demandas al estimar que las elecciones podrían adelantarse a diciembre de 2023, “haciendo reajustes, conversando”.
“Legalmente, los tiempos calzarían para abril del 2024, pero concluimos que esto se puede adelantar a diciembre de 2023”, indicó, y explicó que técnicamente “no es posible” votar antes de esa fecha.
La presión social y política en el país hizo que la mandataria modificara varias veces la fecha de las próximas elecciones: al asumir, dijo que tenía pensado completar el mandato de Castillo que originalmente terminaba en 2026; luego indicó que en el marco de “lograr un acuerdo con el Congreso” los comicios se adelantarían a abril de 2024, y ahora el plazo propuesto es diciembre de 2023.
La presidenta se reunió en la noche del miércoles con el Consejo de Estado, que reúne a los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los de varios organismos autónomos, y destacó que de esos poderes dependen los plazos finales en los cuales se llevaría a cabo el adelanto de elecciones.
En paralelo, la Justicia postergó para este jueves la audiencia en la que evaluará si libera a Castillo, acusado de rebelión y conspiración, o si da lugar a un pedido de la Fiscalía para que siga en prisión preventiva por 18 meses.
El juez Juan Carlos Checkley aclaró este miércoles que Castillo deberá seguir detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales, ubicado al este de Lima, hasta la audiencia del jueves a las 8.30 (10.30 en la Argentina).
La postergación de la audiencia, prevista para la mañana, se produjo después de que Ronald Atencio renunciara a la defensa del exmandatario y el nuevo abogado dijera que aún no había recibido todos los documentos de la causa, informó la radio RPP.
El martes, el juez de la Corte Suprema César San Martín había decidido “declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado”, que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar, ocurrida el miércoles pasado.
Para San Martín existe riesgo de fuga, porque Castillo, de 53 años, intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso. Este miércoles, en su cuenta de Twitter, el ex mandatario se quejó de que le negaran la salida hacia México y hacia Colombia, evidentemente otro destino posible.
No fue el único mensaje de Castillo, que sube varios escritos cada día a sus redes: temprano, instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a intervenir para frenar los “atropellos” contra sus derechos y los de quienes lo apoyan en las calles, y después agradeció la postura de Argentina, Colombia, México y Bolivia a favor de su retorno al cargo.
“¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva”, expresó el exmandatario en una carta manuscrita.
Cuestionó las actitudes del “sector golpista, hambreador y explotador” y subrayó que fue elegido “por los hombres y mujeres olvidados del Perú profundo, por los desposeídos postergados por más de 200 años”.
“Desde que asumí mi mandato, no dejaron ni un minuto en rechazar tal decisión del pueblo. Y sufrí actitudes nefastas, como negarme el permiso para salir a los hermanos países de Colombia y México”, mensajeó el ex presidente.
En cuanto a la violencia en las calles, se sumaron este jueves otros dos muertos, lo que elevó a ocho la cifra de víctimas fatales en las protestas.
Un joven de 19 años falleció este miércoles por la mañana en un hospital de Abancay, la capital del departamento Apurímac, donde estaba internado desde el sábado, y un hombre no identificado perdió la vida esta mañana durante la toma de un puente en Virú, en el departamento norteño La Libertad.
La jornada de este jueves resulta clave en tres aspectos: por el llamado a una movilización nacional, porque se definirá la situación de Castillo y porque el Congreso está citado para las 10 (las 12 de Argentina) para definir la fecha de elecciones y, consecuentemente, el recorte de los mandatos de la presidenta y los legisladores.
Como se trata de una reforma constitucional, el cuerpo necesita una mayoría calificada de 87 votos. Está convocado para la sesión el ministro de Justicia, José Tello.
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