La Justicia de Santa Fe condenó este miércoles a prisión perpetua a Miguel Ángel Franco, de 26 años, como autor del crimen de su hijastro, perpetrado el 16 de noviembre de 2016. Nicolás Almada, de seis años, murió en la casa del barrio Loyola Sur de la capital provincial donde vivía. Falleció por los múltiples golpes de puño y patadas al que lo sometió el acusado ese día, pero el sufrimiento del chico había empezado antes: en 2014 falleció su padre biológico, y desde entonces la abuela paterna denunció varias veces maltratos graves por parte de la madre y de su nuevo compañero.
“Almada murió a raíz de la violencia física a la que fue sometido. Recibió golpes de puño y patadas en todo su cuerpo, que le provocaron severos traumatismos externos y de órganos internos que le produjeron la muerte”, recordaron los fiscales Gonzalo Iglesias y Andrés Marchi en sus alegatos finales de este lunes.
Los jueces Héctor Candioti, Rosana Carrara y Pablo Busaniche, integrantes del tribunal para el caso, acordaron imponer la prisión perpetua para Franco, como propusieron la Fiscalía y la querella de la abuela paterna de Nicolás. El tribunal aceptó la calificación de “homicidio agravado por alevosía“.
Pascual Pimpinela es médico forense, participó de la autopsia del pequeño y su testimonio en el juicio es una de las claves de la condena. “Hubo infinidad de lesiones”, aseguró ante el tribunal. Recordó que le habían llamado la atención las marcas de compresión y lesiones compatibles con el roce de uñas en el cuello del nene. Mencionó las heridas y golpes en la zona lumbar, abdomen y en la cabeza.
La autopsia estableció que la causa de la muerte de Nicolás fue un shock hipovolémico o hemorrágico. Es un síndrome complejo producido cuando el volumen de sangre en venas y arterias baja tanto que el corazón ya no puede distribuirla al cuerpo.
Nicolás fue asesinado a golpes por el entonces compañero de su madre. “El ataque fue cometido el mediodía del miércoles 16 de noviembre de 2016 en el interior de una vivienda ubicada en calle José Cibils al 6.300, que compartían la víctima y su hermana –también menor de edad–, la madre de ambos y el acusado”, precisaron los fiscales.
El padrastro negó en el juicio cualquier participación en el hecho. Dijo que estaba en la casa, durmiendo, y que cuando despertó encontró el dramático cuadro del nene y su hermana golpeados. Nicolás no sobrevivió, llegó sin vida al hospital de Niños Orlando Alassia de la capital provincial. La chica, entonces de 11 años, fue atendida en el mismo centro de salud por “lesiones en el cuero cabelludo y politraumatismos varios” causados –concluyó el tribunal– por el mismo hombre. Los jueces le sumaron a Franco el delito de “lesiones leves calificadas por alevosía” por las heridas de la niña.
La pequeña dio testimonio en el juicio por medio de Cámara Gessell –ante una asistenta social, con un protocolo para proteger su privacidad y minimizar los traumas de la declaración– y sus palabras fueron otro elemento de peso para la condena.
Violencia de vieja data, respuesta pobre del Estado
La abuela paterna de Nicolás fue querellante en el juicio. Su testimonio y declaraciones periodísticas apuntaron a sufrimientos de larga data. Al menos, dos años antes del asesinato.
La mujer relató que su nieto ya había sido atendido en el hospital Alassia por lesiones graves en 2015. Recordó que tras ese episodio la Justicia le había retirado la tenencia a la madre, medida que revirtió al poco tiempo. “Nadie supo cuidarlo, por eso pasó lo que pasó”, lamentó Belkis Sonia Ríos. “No sé por qué le devolvieron la tenencia a la madre”, se quejó en dirección a la Subsecretaría de Niñez de la provincia.
Ríos recordó que el padre del chico –su hijo– había muerto de un paro cardíaco en 2014. Y que el 26 de octubre de 2015 Nicolás –su nieto– se escapó de la casa. Acusó a la madre de mantenerlo cautivo. Una oficial de Policía lo encontró ese día caminando descalzo por el barrio Loyola Sur. La agente le contó a un cronista de la señal Aire de Santa Fe que el pequeño tenía “la cara destrozada” y que ese día su hermanita había pedido ayuda en la escuela a la que los dos asistían por maltratos en su hogar.
“Sin conocerme, el niño se me tiró encima para que lo ayudara. Lo llevé a mi casa, le di de comer y cuando se tranquilizó me contó que la madre le había pegado golpes de puño y con un cinto que tenía una gran hebilla. Tenía el ojo comprometido y con sangre”, declaró entonces la oficial de Policía.
La mamá de Nicolás fue detenida en la misma jornada, pero recuperó la libertad a la noche. El niño fue derivado primero al hospital Mira y López y luego al de Niños. El mismo donde, un años después, llegó sin vida.
La Subsecretaría de Niñez, a partir de ese hecho de 2015, le otorgó la tenencia provisoria de Nicolás a una tía que vive en Campo Andino. Pasado el lapso de esa medida, restituyó al pequeño a su familia materna.
La madre de Nicolás estuvo incorporada a la causa de su asesinato, pero luego la misma Fiscalía desistió de mantener las imputaciones en su contra como partícipe del crimen.
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