La Justicia santafesina otorgó la residencia a dos chicos de 14 y 19 años que habían viajado a España con su madre después de que denunciaron que fueron abusados durante 10 años por su padre biológico. En enero les habían permitido viajar para radicarse en Barcelona y durante este tiempo tuvieron que acreditar que se habían adaptado. Ya hablan catalán, estudian y hacen waterpolo. La abogada que llevó el caso, María Paula González, contó que esta semana habló con el más chico de los hermanos y él le dijo: “Finalmente somos libres”. Fue uno de los primeros casos en la ciudad de menores de edad que acudieron a un abogado del niño sin mediar un adulto.
Revictima
“El progenitor, porque padre es otra cosa, mantiene que no hubo abuso, pero la Justicia falló a favor de escuchar a las víctimas. Estamos en tiempo donde la Justicia ningunea a las víctimas y las vuelve más víctimas aún como las denuncias que hacen las mujeres. Esto es una victoria”, explicó González en diálogo con El Ciudadano. Según la abogada, el proceso judicial que terminó con la venia para viajar estuvo regado de irregularidades. En ninguna de las entrevistas que forman parte de la causa se usó el método Cámara Gesell. Es un interrogatorio para víctimas de situaciones traumáticas que busca evitar la contaminación del relato de terceros como familiares o parejas. Suele grabarse en video para evitar que la persona tenga que repetir el relato y los profesionales pueden analizar gestos y tonos en la voz hasta sacarse las dudas. Según González, en este caso no hubo Gesell sino varias entrevistas y hasta un careo -frente a frente- con el progenitor.
En junio de 2017 los hermanos llegaron hasta el estudio de González para contarle lo que habían sufrido. La madre y el progenitor se habían separado y había definido un régimen de visita de un día cada con cada uno. Para la abogada eso impidió que los chicos romper el pacto de silencio después de los actos de violencia.
La salida
La madre conoció a un hombre español que le propuso mudarse del otro lado del océano, pero los chicos necesitaban una venia de la Justicia porque su progenitor no quería. Fueron al Juzgado de Familia 3 y contaron que se querían ir y que el progenitor no solo no pasaba alimentos sino que había violado tres veces la restricción de acercamiento. La jueza a cargo no dio lugar al pedido. Los chicos apelaron y una segunda definición de la jueza planteó que el más chico debía quedarse en Rosario. La nueva apelación llevó a más de una entrevista, un sumario a la psiquiatra que trabajó en la causa, y finalmente en el permiso que firmó una nueva jueza, Astrid Siemienczuk, el 29 de diciembre de 2017. El mismo juzgado firmó esta semana el permiso para radicarse en España.
Desde entonces el progenitor sigue debiendo alimentos. “La causa no lo exime de la obligación que en caso de los chicos que estudian es hasta que cumplan 25 años”, concluyó González.
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