La Justicia ordenó clausurar un basural que funcionó durante 13 años en la vecina localidad de Pérez por contaminar y afectar la salud de la población. Los vecinos iniciaron una demanda en 2010 y la semana pasada se conoció que la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº2 le dio la razón. El depósito de residuos líquidos de frigoríficos instalado en 1997 por los hermanos Rappetta estaba a metros del arroyo Ludueña y, según denunciaron, cada vez que había fuertes lluvias o crecía el curso los residuos en supuesto tratamiento se fundían con la cuenca. “Aún resta conocer la responsabilidad estatal que permitió a una empresa trabajar por tanto tiempo ocasionando un daño que aún no se sabe cómo remediar”, explicó a El Ciudadano, el abogado de los vecinos, Federico Jolly.
Buenos vecinos
A mitad de la década del 90 los hermanos Rappetta, oriundos de Pérez, presentaron un proyecto para instalar un basural en una zona rural que resolviera la multiplicación de pequeños espacios donde vecinos e industrias volcaban indiscriminadamente. En 1997 los empresarios pusieron en marcha piletones que sirvieron de depósito de residuos de varios frigoríficos del Gran Rosario. En poco tiempo los humos alertaron a los vecinos que empezaron a preguntar a las autoridades del gobierno de Pérez y al santafesino por la habilitación y control del lugar. El olor nauseabundo levantó quejas y con el tiempo las crecidas del arroyo Ludueña sumaron preocupación porque el agua de los piletones se terminaba confundiendo con la del curso que se mezcla con el Paraná, entre otros. La ONG Ojo Ciudadano sumó voluntades y presentó reclamos administrativos en la Secretaría de Medio Ambiento de Santa Fe. Se repitieron marchas por Pérez para pedir el esclarecimiento del desarrollo y la revisión del permiso. “Nunca estuvo habilitado”, contó el abogado de los vecinos, Federico Jolly.
Según comunicaron desde la ONG, el órgano legislativo de Pérez aprobó una ordenanza que forzaba la clausura en 2003 y recién en 2010 por una resolución ministerial se declaró que no podía operar, debía cerrar y presentar una forma de remediar el daño ambiental. El depósito dejó de recibir residuos para el tratamiento. “El daño a la salud de los vecinos no lo podemos medir aún, igual que el que se hizo a las napas y la cuenca del Ludueña”, explicó Jolly.
Contraataque
Luego de la clausura los empresarios llevaron la cuestión a la Justicia pidiendo que anulara la ordenanza y las resoluciones. El gobierno de Santa Fe y la ONG Ojo Ciudadano con Jolly, Nicolás Mayoraz, Gilda Smerilli y María Bernardita Iturraspe se sumaron al juicio. Se presentaron pruebas, entre ellas, el peritaje de la ingeniera ambiental Silvina Masciarelli sobre la irregular situación del depósito. El camino de la causa fue lento porque, según agregó Jolly, la empresa dilató la presentación de pruebas desde 2010. La semana pasada la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº2 resolvió no hacer lugar al pedido de los empresarios y mantener la clausura.
Siempre según explicó el abogado, en caso de que la sentencia quede firme se abrirá el capítulo de la remediación, esto es, cómo subsanar el daño ambiental. De acuerdo con Jolly, existen varios métodos aunque esperan que quede firme.
Una vez saldada la disputa sobre la clausura el problema apunta a cómo el Estado, desde el municipio de Pérez hasta el gobierno de Santa Fe, habilitó la instalación y funcionamiento del basural por 13 años. “Los gobiernos, que tenían otro signo político entonces, negaban que existiera un problema. Los empresarios se manejaban como querían”, explicó Jolly. “La empresa ha ocasionado un daño ambiental gigante. El aire, las personas y las aguas subterráneas. Es triste ver que las empresas pueden contaminar porque las sanciones son menores al costo de una remediación seria”, concluyó el abogado.
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