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A juicio

Perassi: asoma nueva prueba

La causa que investiga la desaparición de Paula, la mujer sanlorencina de 36 años que se presume murió durante un aborto no consentido, sumó una pericia telefónica que revela comunicaciones telefónicas entre un policía y otro acusado.


Una nueva prueba que surgió de una pericia telefónica se incorporó a la causa que investiga la desaparición de Paula Perassi, la mujer vista por última vez en septiembre de 2011 cuando salió de su casa de San Lorenzo. Aunque no se informaron detalles técnicos, allegados al caso dijeron que se trata de una pericia telefónica realizada por la Policía Federal que en un entrecruzamiento de llamadas entre los imputados (cuatro civiles y cinco policías) detectaron un número móvil que hasta el momento no había sido analizado. Así se anunció en una audiencia realizada anteayer en Tribunales.

Paula tenía 36 años, dos hijos pequeños y cursaba un embarazo que tanto su familia como sus abogados creen que fue el móvil de su desaparición. Es que la mujer mantenía una relación amorosa con un empresario casado, quien se encuentra procesado y detenido, junto a su esposa y a una presunta abortera, por el delito de aborto no consentido seguido de muerte. La nómina de sospechosos la completan cinco policías, quienes cumplen prisión domiciliaria por encubrimiento, y el chofer del empresario quien no llegó a ser procesado por un dictamen de falta de mérito, que como más tarde fue revocado habilita una nueva imputación.

Sin brindar muchos detalles, José Ferrara y Adrián Ruiz, abogados de la familia de Paula Peressi, dijeron a El Ciudadano que en la audiencia del martes pasado se informó sobre un nuevo material probatorio surgido de pericias telefónicas realizadas por la Policía Federal. Según los abogados, todo indica que uno de los sospechosos tenía una línea de comunicación alternativa que utilizó en momentos posteriores a la desaparición de Perassi para hablar con un policía, también vinculado con la causa.

“Es una prueba contundente”, dijeron, y su incorporación a la causa puede no ser menor ya que deja al descubierto “la clandestinidad en la que se manejaban las conversaciones”.

Lo que sigue en la causa es, por un lado, el pedido de ampliación indagatoria de Antonio Darío Díaz, quien era chofer y hombre de confianza del empresario Gabriel Strumia. En tanto para el próximo viernes está anunciada una audiencia en la que la esposa de Strumia, Roxana Michl, solicitó convertir en domiciliaria su actual prisión preventiva que cumple en la Unidad 5 de Rosario, donde también está privada de la libertad Mirta Rusñisky, acusada de practicarle el aborto a Paula sin su consentimiento.

El resto de los imputados son los policías Jorge Kretz, María Galtelli, Aldo Gómez, Daniel Puyol y Gabriel Godoy, todos procesados por encubrimiento agravado por la situación de funcionarios públicos.

No obstante, a partir de hoy, cuando se realice la requisitoria de elevación a juicio, se conocerá la calificación penal definitiva que pedirá tanto la Fiscalía como la querella, que en oportunidades anteriores anunció que enmarca el caso en desaparición forzada de personas, que es un delito de competencia federal.

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