Economía

Olvidados

Pequeños productores piden ayuda al Estado para subsistir

Advirtieron que “este modelo neoliberal pone en riesgo la soberanía alimentaria y las fuentes laborales de las comunidades rurales”. Reclamaron una “política integral” de alimentos. Desde la Mesa Provincial de Organizaciones de la Agricultura Familiar de Santa Fe reclaman políticas que los incluyan


Ante la crisis económica, agravada por los efectos de las últimas lluvias –que fueron muy severas en el norte–, los pequeños productores de la provincia renovaron sus reclamos por una “política integral” para la producción de alimentos y decidieron conformar una Mesa Provincial de Organizaciones de la Agricultura Familiar para llevar sus demandas ante los gobiernos provincial y nacional.

La mesa está formada por organizaciones campesinas, pequeños productores y comunidades indígenas. Entre otros sectores, se sumaron a la mesa el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en su rama rural, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar nucleados en ATE, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita de Santa Fe, la Federación Agraria Argentina Distrito 6, asociaciones de pescadores y productores frutihortícolas.

El diagnóstico del que parten es complejo. “El gobierno nacional, en claro empeño por favorecer a las elites que manejan las agroexportadoras con el aumento del dólar, las exenciones impositivas, la apertura de las importaciones, la monopolización de las semillas y el aumento de los combustibles y los servicios básicos como electricidad y gas, dejó en situación de vulnerabilidad nuestros productores familiares”, señalaron en un comunicado emitido por la Mesa Provincial de Organizaciones de la Agricultura Familiar de Santa Fe.

Entre sus principales demandas, mencionan la necesidad de que los pequeños productores puedan acceder a créditos y subsidios para sostener y ampliar su actividad. “Estamos en un momento de indefensión donde ninguno de los gobiernos (nacional y provincial) nos atiende”, indicó a El Ciudadano Guillermo Chiquetti, coordinador en Santa Fe del MTE-Rural.

“La Nación debía haber decretado la emergencia productiva, pero en lugar de eso desmantelaron el Ministerio de Agroindustria, lo pasaron a Secretaría y echaron a un montón de trabajadores”, continuó Chiquetti. Como alternativa, mientras esperan resultados de sus gestiones ante los distintos estamentos de la administración pública, proponen “elaborar mercados solidarios donde podamos estar incluidos”, según explicó Chiquetti.

“A fines del año pasado se pidió la emergencia productiva por cuestiones climáticas que afectaron los campos, las quintas y también a los productores de pescado”, enumeró el dirigente ruralista. “También se pidió ayuda alimentaria, que en parte lo cubrieron, pero nuestro reclamo es más por la cuestión productiva”. En ese sentido, sostuvo que es necesario que se elabore desde la Nación una “política integral para la producción de alimentos” que incluya a los pequeños productores frutihortícolas y a los pescadores.

El panorama se agravó durante 2018 a partir de la desmantelación de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que “quedó totalmente desguazada”. En total, fueron más de 600 los técnicos despedidos en todo el país; una veintena de ellos cumplía tareas en la provincia de Santa Fe.

Además, Chiquetti planteó otras demandas: “Necesitamos políticas activas para el sector, como subsidios al gasoil y a las tarifas de luz, y semillas para que el productor no quede atado al monopolio de las semillas”, en alusión a la nueva ley que se discute en el Congreso y que favorecerá el cobro compulsivo de regalías por parte de gigantes como Monsanto-Bayer y Nidera.

Gestiones sin respuesta

En un comunicado divulgado esta semana, la Mesa Provincial de Organizaciones de la Agricultura Familiar señaló que “en estos últimos años, principalmente en estos últimos meses, nos hemos visto afectados por el aumento desmedido de las tarifas de electricidad, gas, combustibles, así como la caída del Monotributo Social Agropecuario, todos ellos necesarios para desarrollar tanto las actividades vinculadas a la pesca como a la actividad hortícola. Las reiteradas lluvias y la veda del surubí en nuestra región agudizan la crisis económica de nuestras familias”.

Por esos reclamos, ya hubo manifestaciones a nivel nacional y provincial durante noviembre y diciembre. En el caso de los productores santafesinos, pudieron concretar algunos encuentros con funcionarios de los ministerios de la Producción y de Desarrollo Social, sin mayores resultados hasta el momento. “Nos recibieron funcionarios (de Desarrollo Social) que no eran pertinentes al área productiva de la provincia, no pudiendo ofrecer respuestas idóneas para el reclamo que realiza un sector de la población productiva de Santa Fe, que claramente es el que coloca los alimentos que llegan a nuestros hogares, un sector que reclama por mejoras en su fuente laboral y principal fuente de ingresos y herramientas de trabajo. Consideramos que no era el área específica para atender la demanda planteada y que nuestros reclamos tienen que ser atendidos por el Ministerio de la Producción”, indicaron las entidades que conforman la mesa.

“Es necesario que desde el gobierno provincial se comprenda la necesidad y urgencia de atender los reclamos porque somos trabajadores del campo y del río. Resulta imperioso que se destinen recursos a través de políticas públicas que alienten y protejan al sector de la agricultura familiar, que produce aproximadamente el 66% de los alimentos del país: verduras, pescados, frutas y carnes que disfrutan los argentinos y este modelo de Estado neoliberal pone en riesgo la soberanía alimentaria y las fuentes laborales de las comunidades rurales”, agregaron. Ante las decisiones de la Nación, entre ellas el desmantelamiento del área de Agricultura Familiar, las entidades pretenden que el gobierno provincial asuma más responsabilidades: “Creemos que en nuestra provincia aún podemos recurrir a medidas proteccionistas que permitan bienestar para el sector de la agricultura familiar y la reincorporación de los trabajadores del Estado despedidos. Esto también beneficiará a la comunidad en general porque es destinataria de la producción de alimentos”.

Cuatro demandas

La Mesa de Organizaciones de la Agricultura Familiar pidió una nueva audiencia con la ministra de la Producción Alicia Ciciliani para plantear los reclamos. “Necesitamos y exigimos políticas públicas provinciales que nos defiendan para poder desarrollar nuestra actividad y que a la mesa de los argentinos llegue el alimento de calidad y a buen precio”.
Si logran reunirse con la ministra, llevarán un pliego de demandas de cuatro puntos:
1. Declaración de la emergencia social, alimentaria y productiva en zonas urbanas y rurales de la provincia de Santa Fe.
2. Herramientas e insumos: redes de pesca, semillas, alambres, boyeros eléctricos, alimentos para animales y herramientas para los talleres productivos urbanos.
3. Implementar la ley de reparación histórica 27.118 de la Agricultura Familiar.
4. Incorporación de los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, despedidos por la Nación, a la estructura santafesina.

Aunque esperan reunirse con Ciciliani para discutir esos puntos, Chiquetti dejó en claro que no son demasiado optimistas: “La interpretación política que hacemos desde la mesa es que, de donde se corre la Nación, la provincia no puede hacer nada porque no es su responsabilidad”. No obstante, el dirigente ruralista indicó que “subsidiar es una decisión política, como cuando se subsidia a las grandes empresas; tiene que haber decisión política a favor de los pequeños productores”.

Si te gustó esta nota, compartila

Comentarios