La lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral en el sector agropecuario experimentó un “fuerte avance” en los últimos dos años a partir de la sanción del nuevo Estatuto del Peón Rural, afirmó Zaida Gatti, directora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata.
“El fenómeno se empezó a visualizar claramente a partir del verano de 2010-11, con el primer allanamiento grande en un campo, al que le siguieron otros en diferentes lugares de Buenos Aires”, explicó a funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación.
Gatti destacó las acciones que se realizan junto con el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y otros organismos nacionales y provinciales, “para detectar las características de las víctimas” y evaluar las actuaciones “ante episodios de trata, de explotación o de trabajo no registrado”. Y precisó que 30 por ciento de los casos de trata laboral, que suman más de 5.600 en todas las provincias, desde 2008, corresponde al trabajo rural.
La funcionaria comparó la situación actual con la previa a la sanción del Estatuto del Peón y la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales (Renatea), en reemplazo del anterior Registro Nacional de Trabajadores y Estibadores Rurales. “Antes existía otro organismo que no estaba a favor los trabajadores, mientras el sindicato, que tenía que defender a los trabajadores en negro, se apersonaba en los lugares allanados para pedirles que no se presentaran a declarar”, afirmó Gatti.
En muchos casos, añadió la funcionaria, “se pudo documentar que la gente no sólo estaba sin registrar, sino que lo que consideraban como contratos de trabajo, que se hacían firmar a personas analfabetas, eran afiliaciones políticas”.
Gatti consideró, por otra parte, que aún “se naturaliza” el problema: “Incluso en la manera de referirse al tema alerta. Se habla de trabajo golondrina y en realidad son personas captadas y trasladadas bajo las peores condiciones”.
“Al llegar a destino las personas son explotadas laboralmente, en condiciones de hacinamiento, en carpas o trailers, con 40 grados en enero, comiendo lo que les dan, muchas veces en mal estado, expuestos a cualquier tipo de enfermedad, sin recibir asistencia médica, aislados y sin dinero para volver a sus provincias si lo quisieran”, detalló.
La titular del Programa de Rescate admitió que “hay algunas provincias más reticentes a firmar una orden de allanamiento”, pero aclaró que la Oficina puede “presentar la denuncia ante la Procuraduría especializada en temas de trata de personas, en algún otro juzgado o mediante la línea telefónica 145 para el juzgado federal en turno”.
Gatti dijo que disminuyeron los casos de reincidencia y atribuyó la persistencia del flagelo a las “prácticas ilegales de algunas grandes empresas, inclusive multinacionales, frente a las cuales jueces han llegado a actuar como cómplices”.
Mencionó al respecto un caso de la provincia de Buenos Aires en el que el juez que estaba a cargo de la elevación a juicio oral, tras la investigación del fiscal, no sólo cerró el caso sino que se presentó junto con el dueño del campo y su abogado en el momento del allanamiento.
Allanarse a la ley
En contrapartida a las situaciones de trata que se siguen registrando pese a las acciones para desbaratarlas, se contabiliza un fuerte avance en el blanqueo de trabajadores rurales. Así lo marcó el titular del Renatea, Guillermo Martini: “Ya pasa de medio millón la cantidad de peones con su situación laboral formalizada, cuando estábamos en promedios históricos de 330 mil”.
Tras resaltar el impacto del nuevo Estatuto del Peón Rural, casi dos años después de su sanción, Martini atribuyó los avances en la registración a “una cantidad de acciones en territorio, con un abordaje participativo junto con provincias, municipios y otros ministerios y organismos del Estado nacional”.
“El Estado recupera el rol que nunca debió perder en cuanto al control del registro y la capacitación de los trabajadores rurales”, dijo el funcionario.
Como ejemplo de los avances, mencionó el caso de la producción de semillas híbridas, donde en 2011 había 11.700 trabajadores en blanco, se pasó a 26 mil en 2012 y hoy llegan a casi 28 mil.
En ese sentido, precisó, el blanqueo laboral en esa actividad creció 132 por ciento, y subrayó la mejora en el nivel de ingresos declarados por los empresarios, “que como mínimo se han duplicado”.
Para el titular del Renatea, los progresos son fruto de la “concertación con sectores empresarios y trabajadores; una muy fuerte presencia del Estado con la inspección y el control; y un trabajo interdisciplinario con Afip, Ansés, los ministerios de Trabajo, Seguridad, Interior y Justicia y otros organismos”.
En cuanto a los convenios con entidades empresarias, Martini anticipó que próximamente incluirán al sector forestal y a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), que agrupa a la mayor cantidad de federaciones de pequeños y medianos productores.
“En materia de la inspección añadió hemos llegado a más de 4 mil trabajadores e invariablemente encontramos casos de trata laboral y de trabajo infantil”.
“En esos casos se hacen las denuncias a la Justicia, porque se trata de delitos penales, y ya hay provincias donde hubo detención de empresarios que tenían a menores trabajando”, resaltó Martini.
El Renatea también realiza el seguimiento de esas situaciones extremas, lo cual implica resolver aspectos como el alojamiento, el transporte para que los trabajadores explotados vuelvan a su domicilio, e inclusive, como ocurrió en Mendoza, la reinserción laboral negociada con una cámara de productores.
“Esto ha pasado también en Salta, La Rioja, Jujuy; nuestra tarea no sólo es ver si están registrados, sino que detrás de cada acción está mejorar la calidad de vida del trabajador desprotegido”, indicó.
Para el funcionario, el accionar ilegal de muchos empleadores “tiene una base económica” en la que el empresario no se hace cargo de lo que le corresponde pagar por aportes, obra social y otras obligaciones. Pero hay situaciones peores: “Al tener al peón en condición de anónimo, el empresario puede someterlo a situaciones de trabajo que rayan con la trata laboral, ya que no se ve obligado a darle vivienda, ni alojamiento, ni comida”, detalló Martini.
“En los casos más comunes –sostuvo– encontramos trabajadores aislados que compran la comida vía vales al empleador y cobran lo que resta, en un esquema que funcionó durante muchos años”. Aunque el funcionario destacó que “no es una cuestión generalizada”, puntualizó que los casos como el tristemente célebre de La Forestal se dan “amparados en usos y costumbres y en la idea de que «siempre fue así»”.
“Todavía hoy se encuentran muchos ejemplos de abusos, sobre todo a medida que nos alejamos de los centros más poblados”, detalló.
Con todo, Martini sostuvo que el Estatuto del Peón es “muy progresista” en este sentido, ya que supera incluso las condiciones de la ley de Contrato de Trabajo y a muchos de los convenios colectivos que hay en el sector rural. Y destacó además los resultados en la capacitación, que ya se concretó con más de 250 grupos de peones, y el aliento a que los trabajadores tengan organizaciones propias.
“Nosotros, como Estado nacional y como proyecto, podemos estar o no en el futuro, pero los trabajadores organizados siempre van a estar”, concluyó.
El adiós de los agrodiputados de 2009
Los once “agrodiputados” electos en 2009, tras el conflicto entre el gobierno y las cámaras patronales agrarias, concluirán su mandato en diciembre y sólo uno de ellos permanecerá en la Cámara: el ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas Ricardo Buryaile, de Formosa.
El tucumano de Federación Agraria Juan Casañas, otro de los que se postuló para un nuevo mandato, estaba tercero en la lista de Acuerdo Cívico que integraba su partido, la UCR, y no llegó. El radicalismo también albergó en sus filas al pampeano Ulises Forte y el chaqueño Pablo Orsolini (ambos de Federación Agraria), el correntino Lucio Aspiazu (de CRA), y los entrerrianos Jorge Chemes (CRA) y Atilio Benedetti, directivo industrial y productor agropecuario que compitió por una banca al Senado nacional. Llegó tercero y la poltrona quedó en manos de otro ruralista, Alfredo De Ángeli, de Federación Agraria.
La Coalición Cívica, en tanto, tenía El Renatea también realiza el seguimiento de esas situaciones extremas, lo cual implica resolver aspectos como el alojamiento, el transporte para que los trabajadoen sus filas a la entrerriana Hilda Ré, de la Sociedad Rural, quien también se retira del Congreso. El Frente Cívico de Córdoba había ingresado a la Cámara baja al ex secretario de Agricultura Gumersindo Alonso, quien había sido funcionario de Carlos Menem. Y el delasotismo cordobés, precisamente, tenía a Estela Garnero, de la Federación Agraria de Río Cuarto. El agrodiputado número 11 es el salteño Alfredo Olmedo, quien compitió por una banca al Senado nacional pero no llegó, y el 10 de diciembre estará fuera del Congreso.
Los once agrodiputados ingresaron a la Cámara baja promovidos por la oposición luego de la derrota del oficialismo en la votación sobre la resolución 125, donde se establecían retenciones segmentadas para las ventas al exterior de granos y oleaginosas.
De hecho, la baja o directamente la eliminación de las retenciones fue el gran tema que promovieron antes de su llegada al Congreso. Pero, enrolados en distintos bloques, no lograron consenso para una iniciativa conjunta y menos hacia sus propias bancadas.
En 2011, cuando el oficialismo recuperó el control de la Cámara de Diputados y promovió el proyecto para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros, todos los agrodiputados votaron en contra o estaban ausentes en la sesión del 15 de diciembre de ese año. Incluso el formoseño Buryaile dijo que la ley de Tierras era “inconstitucional”, al entender que “discrimina y genera xenofobia respecto a extranjeros residentes en el país”.
En la misma sesión extraordinaria se trató Estatuto del Peón Rural, al cual la mayoría votó a favor salvó los ausentes Alonso, Garnero, Olmedo, y Re y sólo uno de ellos, el correntino Aspiazu, lo hizo en contra. El dirigente de Federación Agraria de Santa Fe Omar Barchetta, que había ingresado a la Cámara en 2011 y su mandato seguirá hasta 2015, votó a favor de ambas leyes.
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