Policiales

Narcotráfico

Penan a la banda de Cabeza Gómez por traer marihuana desde Corrientes a Santa Fe

La investigación por el cruce de drogas desde Goya a Reconquista, a través del río Paraná, alcanzó a poner en jaque las relaciones de ambas provincias a fines de 2016, por un allanamiento que realizaron los santafesinos en jurisdicción correntina que involucró a las máximas autoridades


A finales de 2016, policías santafesinos realizaron allanamientos en tierra correntina ordenados por un juez federal de Reconquista. La medida terminó en un escándalo institucional cuando uno de los jefes antinarcóticos quedó detenido en la ciudad de Goya, en medio de acusaciones de sus pares por operar fuera de jurisdicción. La tensión aumentó cuando el entonces gobernador correntino, Ricardo Colombi, viajó 160 kilómetros y se presentó enojado en uno de los domicilios requisados. Sin embargo, los chispazos quedaron sólo en anécdota dentro de la causa judicial que esta semana terminó con ocho condenas por narcotráfico en el operativo denominado “Ciudades hermanas”. La pesquisa desbarató una red narco que cruzaba alrededor de 200 kilos semanales de marihuana por el río Paraná, desde Corrientes hasta territorio santafesino, donde era comercializada.

El lunes pasado, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a ocho integrantes de una amplia red de distribuidores mayoristas de drogas con asiento en la ciudad correntina de Goya que abastecía a vendedores de Reconquista, en el norte de Santa Fe.

La sentencia fue alcanzada en un juicio abreviado que homologó el camarista Luciano Lauría, luego de un acuerdo alcanzado entre el fiscal general Martín Suárez Faisal y tres abogados particulares de ocho de los diez imputados en su momento: Ignacio Alfonso Garrone, Daniel Baralle y Héctor Mierez.

En el acuerdo se estableció una pena de cinco años de prisión para el cerebro de la organización, Javier “Cabeza” López, un empresario en negocios vinculados al turf y socio del Jockey Club de Goya, quien asumió la responsabilidad de los hechos y se declaró autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Por el mismo delito también fue condenado a cuatro años de prisión, Carlos “Gordo” Ramírez, mano derecha de Cabeza López. En el entorno del cabecilla de la banda también fue condenada, la pareja del empresario de turf, Valeria Rolón, la cual recibió una pena de dos años y medio, al igual que Fabián Antonio “Cotorra” Quiróz.  Ambos fueron hallados culpables de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La misma pena fue resuelta para otros dos integrantes de la organización: Cristian “Colo” Thompson y Elvio Ramón “Pepe” Silva, quienes fueron penados por tenencia simple de estupefacientes.

Por su parte, el transportista de la organización, Denis Damián Gómez, alias “Rosarino”, acordó cuatro años y seis meses de cárcel por transportar los estupefacientes. Por el mismo delito pero en calidad de partícipe secundario fue sentenciado a dos años de cárcel  Yoel “Tanga” Maximiliano Altamirano.

Ciudades hermanas

Según detalla el fallo, la investigación logró demostrar que la organización cruzaba abultadas cantidades de estupefacientes desde la ciudad de Goya, a través del río Paraná, hasta el puerto de Reconquista.

La causa la comenzó el juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde junto a la fiscal Viviana Bruno a raíz de un resonante caso de 2014 que derivó en escuchas telefónicas y luego en un pedido de detención del cabecilla de la banda.

La pesquisa dio un salto a fines de 2016, con la detención de cuatro personas que intentaron huir de la Policía en una lancha desde Goya a Reconquista con unos 40 kilos de marihuana.

Días después, el juez Alurralde ordenó a la Policía santafesina realizar 15 allanamientos (siete en Reconquista y ocho en Goya) que terminaron con la detención de diez personas y el secuestro de material de interés para la causa. Sin embargo, lo más trascendente del operativo fue el escándalo institucional que desató la detención en Goya, durante seis horas, del jefe de la Policía Antinarcóticos de Santa Fe, José Moyano, y la posterior aparición en el lugar del entonces gobernador Ricardo Colombi, quien no avaló la intromisión de fuerzas de otras provincias en su jurisdicción sin previo aviso.

En ese momento, el mandatario reclamó que los santafesinos empezaron a actuar horas antes de que el exhorto judicial llegue a un juez correntino, y además se molestó porque en horas de la madrugada se llevaron a varios adolescentes como “testigos”, y cuando los padres de los menores preguntaron a las autoridades correntinas donde estaban sus hijos, estas no tenían idea de lo que estaba pasando.

Pero el juez santafesino Alurralde no tardó en responder y aclaró que el operativo se hizo de acuerdo con la ley vigente, aseguró haber puesto al tanto de los allanamientos al juez federal de Corrientes Vicente Soto Dávila, y dijo no tener ninguna obligación de darle cuenta a la Policía correntina de los procedimientos que ordenó para poder garantizar sigilo.

 

 

 

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