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Pena de muerte: homicidio cometido por el Estado

"El Estado no puede enseñar a no matar, si él mismo actúa con violencia", sostiene Sandra Babcock

La abogada estadounidense Sandra Babcock, de visita en Buenos Aires  para participar del “Congreso sobre abolición universal de la pena  de muerte”, dijo ayer que “un Estado que aplica la sentencia máxima  comete un homicidio”, aseguró que en los corredores de la muerte  “no hay ricos” y que “una vida blanca vale más que una negra o una  latina”.  

La abogada es directora clínica del Centro Internacional de  los Derechos Humanos, trabaja en diversos proyectos relacionados  con la abolición de la pena capital y desde esa especialidad  defendió a 50 condenados a muerte.  

“Aunque usamos palabras como ejecución para describir el  proceso judicial de tomar la vida de un ser humano, es un homicidio  cometido por el Estado”, insistió la abogada.

“El Estado no puede enseñar a las personas a no matar, a no  delinquir, a no ser violentas, si él mismo actúa con violencia,  porque eso significa que está matando a sus ciudadanos”, explicó.  

A esta afirmación, Babcock sumó el argumento de la  “imperfección del sistema de Justicia” ya que “no hay ningún  sistema en el mundo que sea perfecto; siempre hay errores y hay  inocentes condenados a penas severas; por lo tanto, siempre existe  el riesgo de ejecutar a una persona inocente”.  

Además, la abogada calificó de “arbitrario” al sistema de la  pena máxima “en la comprobación de que no hay personas ricas en los  corredores de la muerte”.  

En Estados Unidos “casi 4.000 personas están condenadas a  muerte y tenemos una ejecución por semana”, explicó Babcock, quien  aseguró que “las consideraciones raciales y el nivel socioeconómico  de los condenados tienen influencia cuando se decide condenar a  muerte”.  

“Si una persona de color mata a una persona blanca es mucho  más probable que reciba la pena de muerte, porque en el sistema  judicial norteamericano tiene más valor la vida blanca que la vida  negra o latina”, afirmó.  

En relación a la situación social y económica de los  detenidos por delitos graves, la abogada consideró que “la calidad  de la representación legal afecta el resultado de los juicios, lo  que está relacionado con los recursos económicos que tiene el  acusado”, porque “la pena de muerte es más costosa”.  

Para explicarlo, Babcock detalló que la sentencia a muerte  “cuesta al Estado mucho más dinero que encarcelar a una persona de  por vida. La razón es que es necesario darle al condenado un debido  proceso, que es muy costoso porque los juicios son más largos, los  abogados más caros porque deben ser experimentados y se necesitan  muchos peritos y jurados”.  

En este sentido, la letrada consideró que las cárceles “son  siempre la mejor opción ante la pena de muerte”, aunque recordó que  antes “intentaban funcionar como un lugar donde las personas podían  recibir educación, trabajo y la oportunidad de reformarse” pero  “ahora no es así”.  

“En un sistema ideal se debe tener en cuenta que la mayoría  de las personas que cometen delitos graves sufren de daño cerebral,  de enfermedades psicológicas o vienen de familias abusivas” por eso  “necesitan de espacios con estructuras y límites, donde no puedan  tomar drogas, donde existan reglas”.  

Para la abogada, si se dan estas condiciones de encierro “la  mayoría de las personas que cometen delitos violentos pueden  sobrevivir, pero también aprender a ser personas que contribuyan a  la sociedad”.  

Babcock recibió el reconocimiento “Águila Azteca” de manos  del gobierno de México, ya que la mayoría de sus defendidos son  ciudadanos de ese país que residen en Texas, donde el actual  gobernador y aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Rick  Perry, “es un conservador que difícilmente tenga clemencia con los  condenados”, aseveró la abogada.  

“Defender la vida de una persona es algo muy especial, muy  difícil y también un honor”, definió la abogada que compartirá su  experiencia en el “Congreso sobre abolición universal de la pena de  muerte”, que comienza mañana enla Facultadde Derecho dela  Universidad de Buenos Aires.  

Organizado por el Ministerio Público dela Defensa, el  encuentro deliberará tres días con conferencias abiertas a cargo del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el catedrático español Luis Zapatero y Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, entre otras.

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