La guerra por el Estado. El flamante gobernador Omar Perotti troqueló con un decreto otros nueve que su antecesor Miguel Lifschitz había firmado entre el pasado 29 de noviembre y este lunes 9 de diciembre, ya a horas de dejar el cargo, que disponían traslados de personal el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, de la que el ex mandatario socialista es ahora presidente, y a otras áreas.
Los decretos ahora derogados se originaban en una resolución de presidencia de la Cámara baja del 7 de noviembre que abrió las puertas a los agentes públicos, y que fue respondido por la Casa Gris con una primera disposición el último día hábil de noviembre, otros seis el 4 de diciembre y los dos últimos el lunes pasado. Ahora todos quedaron sin efecto: el gobernador y el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, armaron el decreto 58, que deja sin efecto “las adscripciones, comisiones de servicio y afectaciones de cualquier índole de personal de distintas áreas de dependencia de este Poder Ejecutivo a ambas Cámaras del Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, disponiéndose el reintegro del mismo a las tareas inherentes a su cargo de revista titular”.
Según retrucaron desde el flamante Ejecutivo provincial, se trasladó a personal que “en muchos casos” no ocupaba su cargo sino que estaba en comisión “en razón de encontrarse desempeñando funciones políticas en el Estado provincial o en el ámbito de la Municipalidad de Rosario”. Además, en algunos de los decretos se dispuso el traslado de personal de seguridad, del Servicio Penitenciario y docentes “para el desempeño de tareas ajenas a seguridad y educación”, lo que está vedado por la ley de Presupuesto, que lo impide expresamente en su artículo 24. La única excepción es para quienes estén en la categoría de “cargo diferente definitivo” creada por la ley 13.197, que, en principio, no alcanza a los involucrados en los nueve decretos.
En base a esas consideraciones, el gobernador Perotti dispuso “el cese de las adscripciones de personal perteneciente a áreas dependientes del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas o Defensoría del Pueblo” y ordenó “su reintegro a las funciones inherentes a su cargo titular de revista, a los fines de que los titulares de las jurisdicciones a las que correspondan considerar su situación, en el marco de un análisis general de las necesidades de recursos humanos existentes, a los fines del desarrollo de los cometidos estatales a su cargo, propendiendo a su utilización racional”.
El episodio representa el primer choque fuerte entre el Ejecutivo justicialista y una parte del Legislativo de mayoría opositora, con 28 de las 50 bancas ocupadas por legisladores del Partido Socialista y aliados del Frente Progresista, en muchos casos, además, ex funcionarios.
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