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Pelea familiar, denuncia penal y millonario allanamiento

Tres de los cinco miembros de la familia quedaron en la mira de la Justicia. La defensa de los sospechosos contraatacó: denunció al fiscal a cargo del caso y echó las culpas en la codicia del denunciante, al que considera influenciado por su esposa


Los investigadores incautaron una suma millonaria de las cajas de seguridad de los acusados.

Una pelea familiar por los dividendos de una sociedad anónima terminó en una causa penal donde hubo allanamientos y el secuestro de más de 4 millones de pesos, entre moneda nacional, dólares y euros. Tres de los cinco miembros de la familia quedaron en la mira de la Justicia. La defensa de los sospechosos contraatacó: denunció al fiscal a cargo del caso y echó las culpas en la codicia del denunciante, al que considera influenciado por su esposa.

Todo empezó algunos años atrás cuando un matrimonio decidió incorporar al negocio familiar a sus dos hijos y la nuera del mayor de ellos. La firma es Ecoplan SA y se dedicaba a actividades financieras. Con el correr de los meses, las discrepancias por los dividendos no tardaron en aparecer y se formaron dos bandos: por un lado el matrimonio y su hijo menor. Por el otro, el hijo mayor y su esposa, quienes llevaron el caso a la Justicia: acusaron al resto de hacer “una maniobra donde se habrían quedado con plata que le correspondería”, describieron ayer los investigadores.

En un principio, la causa recayó en el fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja, quien caratuló el caso como estafa. Sin embargo, la pesquisa pasó al fiscal de la Unidad de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad, quien ordenó una serie de allanamientos y, al cierre de esta edición, analizaba el material incautado para determinar la calificación legal de los tres socios que estuvieron algunas horas demorados y también si existió la comisión de otros delitos.

Según las fuentes policiales, la denuncia había sido presentada días atrás ante el fiscal de Flagrancia por parte de uno de los integrantes de la empresa Ecoplan SA contra sus socios.

En ese marco, desde el viernes de la semana pasada hasta el miércoles siguiente se concretaron allanamientos en viviendas de España al 1700, Jujuy al 1800 y Entre Ríos al 800, y también en tres cajas de seguridad de tres entidades bancarias diferentes. El personal de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró en esos lugares una gran cantidad de documentos y papeles relacionados con la causa junto a 200 mil dólares –40 mil de ellos en el departamento de la madre de los hermanos– más de 20 mil pesos y alrededor de 1.200 euros.

El comisario Gustavo Bella, subdirector de Investigaciones de la Región 2 de la PDI, explicó que en dichos operativos dos hombres y una mujer fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia. Estas tres personas eran socias y “habían montado una empresa se dedicaban al préstamo de dinero”, describieron voceros policiales. Un portavoz de la Fiscalía explicó que se trata de una investigación que no tiene una carátula determinada, ya que el primer fiscal que intervino –Narvaja– la caratuló como estafa. Sin embargo, las fuentes dijeron que ante las distintas evidencias que fueron apareciendo se investiga la comisión de otros delitos de mayor complejidad. “Ponce Asahad está determinando los delitos imputables a cada uno de los participantes. Se analiza la magnitud de la causa y el cúmulo probatorio que se está procesando: inicialmente las audiencias imputativas serán en libertad”, indicaron desde Fiscalía.

 

Sólo un drama familiar

La defensa de las tres personas bajo investigación presentó una denuncia contra el fiscal Ponce Asahad, al que acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas. Cuestiona que se haya irrumpido en el departamento de la madre de los hermanos con una violencia innecesaria, ante la presencia del propio funcionario judicial, al que le atribuye haber dicho que les iniciaría más causas penales a los sospechosos si sus abogados insistían con acceder al material probatorio. Y que se haya trasladado a la mujer a ex Batallón 121, sede de la PDI, cuando no había orden de que quedara presa.

En la presentación, la defensa resaltó que la denuncia contra sus clientes se “originó en un conflicto entre un matrimonio, dos hijos y una nuera”. El documento explica que la causa se inició por la denuncia de uno de los hijos y su esposa contra sus padres o suegros, y a su único hermano o cuñado: “Es cierto que hay otros denunciados, pero sólo están de relleno”, afirma, para de inmediato añadir: “Un hijo pródigo que se aleja de la familia y reclama algo más que los bienes que le corresponde: quiere todo el patrimonio familiar”, describió el escrito presentado por la defensa contra Ponce Asahad.

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