Si bien resta establecer aún cuál será el grado de participación que se le atribuirá en las responsabilidades por el homicidio, la jueza de instrucción Wilma López decidió que Pedraza sea apresado esta mañana.
Además, fueron detenidos los sindicalistas Juan Carlos “Gallego” Fernández, segundo de Pedraza en la Unión Ferroviaria, y Daniel Alcorcel.
Con la asistencia de su defensor Carlos Froment, Pedraza podrá acceder a contestar las preguntas que quieran hacerle la magistrada y el fiscal Fernando Fiszer, o negarse a declarar sin que ello sea tomado como presunción en su contra, tal como lo establecen las garantías constitucionales.
De acuerdo a las normas procesales, tras la indagatoria, la jueza tiene un plazo (estimativo, no perentorio) de diez días para resolver su situación procesal, es decir si se inclina por el procesamiento si tuviere elementos para sospechar de su culpabilidad; por el sobreseimiento si lo considera ajeno a los hechos; o la intermedia “falta de mérito” para una u otra postura.
A los efectos de ser indagado por la jueza, Pedraza fue conducido a las 10 a los tribunales de Talcahuano 550, de esta Ciudad, y alojado en la Alcaidía del Palacio de Justicia (Unidad 28 del Servicio Penitenciario) a la espera de ser trasladado al quinto piso del edificio donde la magistrada tiene su despacho.
En tanto el jefe de los ferroviarios aguardaba esta tarde su turno, “El Gallego” Fernández era indagado desde hace varias horas por la jueza en la sede de Tribunales.
Además, el fiscal Fiszer solicitó que se tome declaración indagatoria a cinco policías acusados de haber “dejado actuar” al grupo que agredió a ferroviarios tercerizados durante la protesta que terminó con el crimen de Ferreyra.
Fuentes allegadas a la pesquisa indicaron que Fiszer pidió que se indague al comisario inspector Luis Mansilla, titular del Departamento de Control de Líneas; y al comisario Jorge Ferreyra, jefe de la División Roca de Ferrocarriles, entre otros.
La requisitoria también alcanza al principal Gastón Conti, de la Dirección General de Operaciones; al subcomisario de la Seccional 30, con jurisdicción en la zona donde se produjeron los hechos el 20 de octubre de 2010, Rolando Garay, y al agente David Villalba.
Según el representante del ministerio público, los policías tenían “los medios para evitar” el ataque de la patota de la Unión Ferroviaria, no obstante lo cual “no ordenaron interrumpir la conducta de los nombrados, abandonando a su suerte a las víctimas y poniendo en peligro la vida y la salud de los mismos”.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se refirió esta mañana al tema y subrayó que los jueces “no tienen que sentirse presionados” por manifestaciones que reclaman la libertad de líderes sindicales.
“El juez resuelve lo que corresponde conforme a derecho”, respondió Lorenzeti ante una consulta sobre las manifestaciones que reclamaron la libertad del sindicalista Gerónimo Venegas (luego liberado) y la de esta tarde por Pedraza, y añadió: “El juez debe ser imparcial y tratar a todos por igual”.
También se pronunció al respecto el Partido Obrero (PO), y a través de su abogada, Claudia Ferrero, consideró que a pesar de la detención del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, “todavía no están apresados todos los autores intelectuales” del crimen.
Además, insistió que existen evidencias de que hubo una “zona liberada” que posibilitó los incidentes que derivaron en el crimen de Ferreyra.
Comentarios