El senador del PJ Joaquín Gramajo (departamento 9 de Julio) pedirá la destitución del fiscal Mauro Blanco, de Venado Tuerto, quien se encuentra bajo investigación de un juzgado bonaerense por su desempeño en una causa por narcotráfico.
Al fiscal Blanco se lo acusa de utilizar información provista por un vendedor de drogas para investigar a personas que habían robado armas en una vivienda de la localidad de Hughes. Este miércoles el funcionario judicial hizo su descargo ante la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura y negó tener vínculos con bandas delictivas.
Gramajo –presidente de la Bicameral y miembro acusador en el caso que involucra al fiscal Blanco– adelantó a El Ciudadano que les solicitará a sus pares que acompañen en dictamen por el cual pedirá la destitución del funcionario judicial de Venado Tuerto. “Esto se define la semana q viene”, anticipó el senador del PJ.
En la reunión de la Comisión Bicameral, realizada este miércoles en la Legislatura, Blanco hizo su defensa ante los diputados y senadores que integran el cuerpo, quienes a su vez le hicieron preguntas sobre las acusaciones que pesan en su contra.
La visita del fiscal a la Legislatura “es importante porque culmina el proceso”, definió el senador Gramajo, quien la semana próxima impulsará el dictamen de destitución y le pedirá a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, presidenta del Senado, que convoque a una sesión conjunta de las cámaras para tratar el dictamen o los dictámenes que surjan de la Bicameral, tal como ocurrió la semana pasada con el fiscal de Rosario Gustavo Ponce Ashad.
La defensa del fiscal
Ante los integrantes de la Bicameral, el fiscal Blanco se proclamó inocente y aseguró que no tienen ningún vínculo con las personas investigadas por la Justicia Federal por venta de drogas. El funcionario judicial afirmó que esas versiones son “descabelladas”.
Blanco está apartado de sus funciones y se encuentra bajo investigación de la Legislatura. En ese ámbito, contestó las preguntas de senadores y diputados referidas a la investigación que lleva adelante por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, quien descubrió contactos telefónicos entre el fiscal venadense y una persona de la que se sospecha se dedica a la venta de drogas.
La investigación llegó a la Legislatura a través de un informe elaborado por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), encabezada por María Cecilia Vranicich, quien calificó la conducta de Blanco como “inaceptable”.
Otros dos fiscales en la mira
El fiscal rosarino Adrián Spelta también está bajo investigación de la Comisión Bicameral en el marco de la causa por la cual decidió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, luego asesinado.
Es causa involucra además al juez Hernán Postma, quien zafó este martes del jury de enjuiciamiento.
El miembro acusador en caso de Spelta es el senador de la UCR Lisandro Enrico (departamento General López), quien ya terminó el proceso de recopilación de pruebas. Está previsto que en la próxima reunión de la Comisión Bicameral de Acuerdos, la semana que viene, diputados y senadores decidan convocar al fiscal para que realice su descargo.
Por otro lado, un grupo de seis senadores presentaron una nota para pedirle al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini¸ toda la información vinculada al fiscal de Rafaela, Martín Castellanos, sospechado de paralizar una causa por juego clandestino en la que estaba acusado David Perona, detenido la semana pasada en el marco de la causa en la que están siendo juzgados los fiscales rosarinos Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal por cobrar coimas y brindar protección.
Perona está acusado de manejar casinos ilegales con la complicidad de sectores de la Policía y de la Justicia. Los senadores le pidieron a Baclini que informe las actuaciones del MPA, si se inició alguna investigación sobre el tema y todas las actuaciones respecto de las denuncias contra Perona publicadas en medios de comunicación desde el año 2017.
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