Ingresó en la Legislatura un proyecto que busca establecer un nuevo criterio para el reparto de la pauta publicitaria oficial; de sancionarse, el Estado provincial ya no podrá contratar espacios en los medios que publiciten “mensajes e imágenes estereotipados que de manera directa o indirecta promuevan la explotación sexual o fomenten el consumo de prostitución”. De ese modo –siendo que la pauta oficial siempre es más jugosa que los avisos de “servicios personales” y los clasificados en los que se solicitan “chicas para whiskerías”– se pretende poner coto a la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas, que se vale de la publicación de avisos “con evidentes fines de reclutar a menores o personas socialmente vulnerables”, según argumentó la diputada Alicia Gutiérrez (SI), autora del proyecto que acompañan con sus firmas Lucrecia Aranda (PS), Mónica Peralta (GEN) y Oscar Urruty (PPS).
Las estadísticas más recientes señalan que en América latina el 61 por ciento de las mujeres captadas por redes de trata son menores de edad. En la provincia, sólo durante 2008, se recibieron 1.189 denuncias por menores desaparecidas. A ese trasfondo, la autora del proyecto le sumó un concepto del Foro de Periodismo Argentino, entidad que observó como contradictoria la conducta de los medios de comunicación que, en su definición editorial y en su construcción noticiosa, colaboran con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas. “Un dato adicional es la creciente naturalización de estos avisos entre las ofertas comerciales de automotores, viviendas, electrodomésticos y búsqueda de personal, como si fueran parte de una oferta lícita”, señaló Gutiérrez.
La diputada reconoció que “algunos medios”, en forma unilateral, decidieron eliminar ese tipo de publicidad de sus páginas. Pero, acuciados por urgencias económicas o simplemente en su afán de recaudar más, la gran mayoría de los medios impresos ofrece generosos espacios para los “servicios personales”. “Esta simbiosis entre medios de comunicación y proxenetismo interpela a la ética de los dueños de los medios, pero también a las administraciones y poderes públicos que se sirven de esos mismos medios para contratar su publicidad institucional”, fundamentó la autora de la iniciativa. “Es fundamental entender que en el tema trata de personas, donde se ponen en juego los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, los medios de comunicación y las políticas públicas desempeñan uno de los roles más importantes en la prevención y sensibilización contra este flagelo”.
Gutiérrez enumeró la legislación vigente sobre la materia: la reciente ley nacional 26.485, que define en su artículo 6º la “violencia mediática contra las mujeres” como la “difusión de mensajes e imágenes estereotipados que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o que injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas”; la ley 12.331, que prohíbe el “establecimiento de casas y locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella” y que taxativamente expresa que el proxenetismo y la explotación son delitos y, por lo tanto, también su publicidad; y la incorporación, a partir de la reforma constitucional de 1994, de tratados internacionales sobre el tema, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, sancionada en 1979.
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