El juicio oral conocido como Los Patrones continuó este jueves con la etapa de testigos, en la que se prolongaron las preguntas al subcomisario de la Policía Federal que coordinó la pesquisa por comercio y tráfico de estupefacientes y llevó al banquillo a 39 acusados, entre ellos los cabecillas de la banda Los Monos y sus respectivas mujeres.
El primero en interrogar al encargado de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal delegación Rosario, comisario Raúl Hirch, fue el fiscal Federico Reynares Solari, quien comenzó preguntándole sobre las intervenciones telefónicas solicitadas en la causa.
Hirch, a modo general, dijo que las líneas escuchadas fueron muchas, no sólo por la cantidad de personas que investigaron sino porque durante el tiempo que duró la pesquisa, alrededo de un año, los sospechosos cambiaban sus números telefónicos “frecuentemente”. El policía explicó que lo que buscaban establecer con la escucha de esas conversaciones era la escala superior de la organización, pero que de ellas pudieron dilucidar los roles y funciones de cada integrante.
Luego, el fiscal Reynares Solari hizo foco en algunas de las actas firmadas por Hirch en el expediente, donde por medio de un relato el subcomisario le informaba a la Fiscalía el curso de la investigación, interpretando el contenido de las escuchas seleccionadas y transcriptas. De esa manera, el fiscal logró que Hirch reconfirmara la estructura de la organización y los roles que cumplía cada integrante.
Con las dilaciones propias de los juicos orales, la firma de cada acta debió ser reconocida por el testigo, a la vez que ante cada consulta específica sobre sus contenidos se le debió refrescar la memoria, lo que motivó algunas objeciones de las defensas respecto de la forma de interrogar del fiscal, por ser subjetivo o incluir la respuesta en la misma pregunta. La misma situación se vivió al revés, cuando se le llamó la atención a uno de los abogados defensores, al punto que uno de los integrantes del tribunal, el juez Ricardo Vázquez, se refirió al letrado de manera irónica, como llamado de atención, al sugerirle que se sentara él en el lugar de Hirch para relatar la investigación.
En relación con las dos parejas sindicadas de liderar la organización, Hirch dijo que los hombres estaban detenidos en la cárcel de Piñero, en ese momento con prisión preventiva por la investigación de asociación ilícita que llevaba adelante la Justicia provincial –que terminó en abril pasado con duras condenas–, y sus respectivas mujeres en libertad. Así se refirió a Máximo Ariel “Guille” Cantero, de 29 años, y su pareja Vanesa Barrios, de 33, y a Jorge “Ema” Chamorro y su compañera Jésica Lloan, de 25.
“En las comunicaciones telefónicas entre ambas parejas se mezclaban cuestiones de la vida personal con otras de la actividad ilícita”, dijo el jefe policial, quien a modo de ejemplo mencionó un embarazo avanzado de Vanesa, el posterior nacimiento de su hijo, el lugar donde lo tuvo y hasta el nombre que le pusieron al niño.
Siempre en base a las actas que seleccionaba el fiscal, Hirch continuó respondiendo preguntas de cómo deducía los roles de los integrantes, no sólo con escuchas sino también con seguimientos “encubiertos”.
Así mencionó a los proveedores de drogas, a los que tildó como empleados de la organización, y las cadenas de mando dentro de la misma. De esa manera mencionó a Diego Cuello como proveedor regular de cocaína de la organización y a Luis César Peñalba, alias Muchacho, de marihuana.
En relación con Peñalba, Hirch recordó un hecho que calificó de “lamentable” durante una de las vigilias encubiertas en la localidad de Ibarlucea, cuando una brigada encubierta fue atacada a tiros por agresores que nunca fueron identificados. Si bien no hubo heridos y los ocho o nueve disparos no impactaron contra el vehículo de los vigilantes, el ataque provocó un fuerte ruido que develó una tarea que intentaba pasar desapercibida.
La causa Los Patrones comenzó en 2014 con la detección de un puesto de drogas de Laprida y Chávez. Tras este descubrimiento, la Fiscalía Federal Nº 3 junto a la Procunar ordenaron medidas para determinar roles y responsabilidades. En noviembre de 2015 y tras un megaoperativo la Justicia federal llegó a los máximos responsables no sólo de la comercialización sino también del fraccionamiento y de proveer de cocaína y marihuana a la organización. En el juicio se ventilan además cuatro causas conexas, lo que elevó de 32 a 39 los imputados.
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