La estigmatización y persecución del pueblo mapuche desatadas por la gestión Cambiemos, que culminaron con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, tienen desde un nuevo correlato jurídico. El fiscal federal Franco Picardi acaba de abrir una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios de su cartera actuaron fuera del marco legal con el objeto de coaccionar a las comunidades mapuches, en el contexto del conflicto que mantienen con propietarios formales de tierras en la Patagonia, según publicó Tiempo Argentino.
Picardi busca determinar si existió un plan deliberado de las autoridades del ministerio para incidir en ese conflicto, utilizando las atribuciones de las fuerzas federales fuera del marco legal, sin órdenes judiciales.
La causa se origina en una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), que señaló la existencia de un plan organizado para, aprovechando el aparato coercitivo estatal, “coaccionar ilegalmente a las comunidades mapuches a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras, y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios” en la región.
Desde la APDH se explicó cómo los funcionarios del ministerio que conduce Bullrich se utilizó ilegalmente la figura de flagrancia, propiciando resoluciones violentas de los conflictos territoriales. Así se produjeron las muertes de Santiago y Rafael, a las que siguió el intento de influir en las investigaciones en curso, para relevar de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad y a sus jefes políticos.
La presentación del fiscal ante la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado federal N°5 (la reemplazante de Norberto Oyarbide), puntualiza que esta planificación ilícita habría tenido la intención de disciplinar al resto de la sociedad, desplegando tareas de inteligencia ilegal –algunas en coordinación con Carabineros chilenos– en pos de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas. El punto culminante de esa tarea fue la construcción mediática de un supuesto grupo terrorista, el RAM (por Resistencia Ancestral Mapuche), un falso enemigo interno sobredimensionado con el propósito de justificar la represión de comunidades de pueblos originarios y recortar sus derechos constitucionales.
Picardi, por fin, quiere saber si Bullrich y sus subordinados usaron recursos del Estado para manipular investigaciones penales o encubrir sus responsabilidades, instalando versiones falsas de los hechos. Y pide relacionar este expediente con otro en el que se investiga el espionaje a la familia Maldonado.
El descargo de Bullrich
La ministra Patricia Bullrich, consideró este sábado que el pedido del fiscal Picardi “es el juzgamiento de la política de un gobierno que decidió no seguir con el modelo zaffaroniano”.
“Me llama la atención que esta medida judicial se produzca cinco días después de las elecciones. Creo que acá estamos hablando del juzgamiento de una política asumida por un gobierno constitucional y democrático, que decidió no seguir con el modelo zaffaroniano garantista que permitía asesinar más gente en Argentina”, señaló Bullrich en declaraciones a radio Milenium.
“Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con (Santiago) Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente”, tuiteó Bullrich.
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