Algunas decisiones judiciales de las últimas semanas parecen alumbrar un cambio de enfoque en Tribunales. El procesamiento de tres participantes de los saqueos de diciembre pasado, la detención de 5 personas por la ocupación del predio de la hermana Jordán en Empalme Graneros, y las causas contra dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa por el bloqueo de la oficina de Ansés tienen un punto donde se encuentran: en todos los casos los jueces se animaron a transitar la delicada tarea de separar la paja del trigo, lo que es hecho delictivo del conflicto social. Es una labor susceptible de polémicas y reproches, y hasta de ser revisada en instancias superiores. Pero definitivamente hay un cambio con respecto a lo que ocurrió en la última década y que indicaba que una vez que bajaba la tensión en la calle las causas se diluían en algún cajón del tribunal.
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Sin embargo, ninguna de las causas mencionadas está destinada a trascender al nivel de la que se instruye por los ataques a tiros a la comisión interventora de la Uocra Santa Fe. Esa investigación es un caso testigo que el procurador Barraguirre, la Corte y el gobierno provincial siguen milimétricamente, motivados por el convencimiento de que los hechos están lejos de encuadrar en un conflicto gremial. Esa causa está destinada a trazar un camino y ser ejemplo.
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La Procuración General de la Corte es responsable en parte de estos giros. Jorge Barraguirre “bajó” criterios de prioridad a la hora de investigar e impartió directrices en sintonía con las reformas judiciales que la provincia tiene en marcha. Entre sus instrucciones, incita a los fiscales a dejar sus oficinas y salir a la calle, acudir a escenas de crímenes y mover causas con criterio propio, dejando en claro que las medidas sugeridas que rechace el juez del caso son problema de la magistratura, no de la fiscalía.
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La primera mitad del año fue agitada en los Tribunales de Rosario, y no necesariamente por las polémicas que abrió la denominada “Democratización de la Justicia”.
La estafa con depósitos judiciales puso en la picota a dos jueces (uno suspendido y otro jubilado bajo investigación), secretarios de juzgados, abogados de alcurnia y un martillero ahora procesado y en prisión bajo una figura penal gravísima. Es decir, un reparto completo, con actores surgidos de todos los estamentos.
Las maniobras por las cuales extraían dinero depositado eran bastante simples. Eso facilitó la investigación a partir de la denuncia del Banco Municipal, pero también alertó sobre la falta de puntería de los tribunales de alzada a la hora de controlar a los inferiores.
La desarticulación de la estafa fue posible por varios motivos. Inicialmente por la denuncia del banco (aunque sigue sin quedar claro por qué la entidad pagaba dinero ante la orden de un juez que no era el que lo había depositado sin siquiera notificarlo), pero también por una fuerte decisión política de la Corte Suprema (o al menos una parte de ella), que de inmediato comprendió el daño potencial a la imagen del Poder Judicial. Eso explica las inmediatas suspensiones del juez civil y comercial Nº17 Alejandro Martin y su secretario, redactadas en persona por la presidenta María Angélica Gastaldi al filo de la medianoche y en la soledad del tercer piso de Tribunales, con la sola asistencia de un funcionario judicial que revisó el texto y en las primeras horas de la madrugada notificó en persona a los involucrados.
Además, la Corte procuró que la jueza Mónica Lamperti tuviera a su disposición los recursos necesarios para instruir una investigación ardua pero que requería conclusiones sólidas. Cortesanos como María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta apuestan de forma activa a que el caso, además del castigo a los responsables, sea leído como inequívoca señal al conjunto del Poder Judicial.
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En el mismo sentido debe leerse la investigación de demandas clonadas que promovió el procurador de la Corte Jorge Barraguirre. La maniobra, sostienen en el fuero civil y comercial, está bastante más extendida de lo que se cree. Consiste en presentar una misma demanda repetida en varios expedientes, pero todos caratulados de distinta forma para que el sistema no los detecte. Así plantan el reclamo en un racimo de juzgados (en el caso bajo investigación fueron 6). La tarea siguiente de los abogados es promover recusaciones de distintos jueces hasta que caiga en aquel juzgado que el demandante supone o sabe que lo favorecerá, mientras que el resto de los expedientes se los deja caer (en ese fuero los expedientes no los mueven los jueces sino las partes).
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Tanto o más agitadas las aguas que en el fuero civil y comercial, lo están en el laboral. Si bien el rechazo de la Corte a un picante planteo del Colegio de Abogados bajó la espuma, el conflicto abierto a partir de la decisión de los magistrados de modificar el trámite de homologación de acuerdos y acreditación de pagos continúa abierto.
La medida es cierto que retrasa la tramitación, porque si bien aplica las normas vigentes en toda su dimensión, éstas resultan en más tareas para juzgados que estaban colapsados de antes.
Echa esa salvedad, cabe reconocer lo atinado de que los jueces lean a conciencia los acuerdos que los abogados de empresas, ART y trabajadores llevan para ser homologados. Es vox populi que como eso no ocurría, conseguían el aval acuerdos que no respetaban los derechos mínimos de los trabajadores en casos de indemnizaciones por despido o accidente laboral.
El conflicto tiene una explicación fundamentalmente materialista. En un fuero en el que el 55% de las causas están vinculadas a la fenomenal rueda económica que mueven las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, cualquier piedra en el camino, por mínima que sea, levanta huracanes. Por eso en las asambleas del Colegio de Abogados se vio a todos los laboristas –los que defienden a las patronales y los que representan a trabajadores–, unidos como nunca en encendido reclamo.
Aunque el conflicto parezca estar circunscripto al mundo del Poder Judicial, la instancia de diálogo que se abrió la última semana necesariamente va a llevar a abogados y magistrados a golpear las puertas del Ministerio de Justicia. Aunque enfrentados, la coincidencia básica es que el laboral es un fuero relegado, que en Rosario sólo tiene 9 juzgados, contra 18 civiles y comerciales. La llave de esa discusión está en manos del Ejecutivo.
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La realidad política y social envuelve al Poder Judicial del mismo modo que los tentáculos de una enredadera gigante podrían abrazar y hacer crujir a esas moles de cemento en cuyas entrañas se escriben fallos.
La denominada Democratización de la Justicia es otra de las cosas raras que pasan en tribunales. Pocos se la esperaban hasta que la historia le dio la oportunidad al kirchnerismo de entrecruzar intereses circunstanciales del gobierno con demandas de antigua data jamás atendidas. En el medio, se produce la paradoja de que para llevar adelante la “democratización de la Justicia” federal rompe con la misma Corte cuya conformación es resultado de uno de los hechos inaugurales del kirchnerismo que más le valora la sociedad argentina.
Las Jornadas Científicas de la Magistratura que se realizaron en Paraná entre jueves y viernes exhibieron las rispidices. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. arrancó aplausos de pie a buena parte del auditorio cuando dijo que la diferencia entre la Justicia y los otros poderes es que los jueces hablaban a través de las sentencias, que por eso no iba a referirse a la reforma judicial en esa ocasión y que lo único que iba a decir es que le parecía bárbaro que el ingreso a Tribunales sea democrático y que así debería ser en todos los poderes del Estado. El gobernador kirchnerista Sergio Urribarri, que minutos antes había hecho una fuerte defensa política de la reforma impulsada por el Ejecutivo, dejó entrever una mueca de disgusto.
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