Por: Ezequiel Nieva
Unos 4.000 negocios –en toda la provincia– serán visitados por inspectores de la Administración Provincial de Impuestos (API) a partir del próximo lunes 2 de agosto, cuando comience el denominado “operativo rastrillo”. El objetivo: detectar contribuyentes no inscriptos en Ingresos Brutos, controlar el pago de los impuestos provinciales –además de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente y Sellos– y obtener datos actualizados que permitan combatir la evasión impositiva.
El operativo, anunciado la semana pasada, se complementa con la moratoria vigente entre abril y julio, mediante la cual el Estado santafesino habrá recaudado –cuando acabe el año– unos 140 millones de pesos. Pero el operativo rastrillo aparece como más ambicioso. Según datos de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, cada año la API deja de percibir unos 600 millones de pesos sólo en concepto de Ingresos Brutos.
Los niveles de evasión en la provincia son parejos: en cuanto al impuesto Inmobiliario lo que no se paga llega al 30 por ciento –en operativos de fiscalización recientes ya se detectó una evasión de 8 millones de pesos anuales–; en Ingresos Brutos y Patente, las autoridades estimaron que la evasión y la elusión restan al fisco entre el 25 y el 30 por ciento. “Ingresos Brutos es un impuesto de autoliquidación. Si tenemos en cuenta que por año recaudamos por ese tributo unos 3.600 millones de pesos, hay otros 600 millones que tendríamos que poder cobrar a través de mecanismos más eficientes en la administración”, explicó el titular de Ingresos Públicos, Sergio Beccari.
Detalles del operativo
El rastrillaje comienza el lunes que viene en las ciudades de Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Participarán un centenar de trabajadores de la API y, para fin de año, los responsables del organismo esperan haber concluido las recorridas por todo el mapa de la provincia. En la primera etapa se concentrarán en el sector comercial; luego, lo harán con los rubros que ofrecen servicios para la actividad rural y la construcción.
Estarán excluidos en la primera instancia los organismos oficiales, las entidades religiosas, las entidades de bien público, los bancos, las compañías de seguro y las ART. El mecanismo diseñado por la API es sencillo: el inspector le solicitará al responsable de cada comercio la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y su talonario de facturas, las declaraciones y los comprobantes de pago de Ingresos Brutos y del Registro de Inspección de los últimos seis meses, el comprobante de pago del impuesto Inmobiliario y el número de partida, el libro de sueldos y jornales, el contrato de alquiler –en caso que corresponda– y la factura de la EPE del último período.
Cada contribuyente “rastrillado” tendrá cinco días para juntar la documentación, si es que no la tiene a mano en la primera visita del inspector. Una vez que la API reúna la información, comienza una etapa de análisis interno, según los datos asentados del contribuyente. “Si no está registrado, se invita al comerciante a hacerlo y luego se definen acciones de mayor integralidad, como acceder a la cuenta bancaria o cruzar información con el IVA. Después se hace un ajuste, en función de lo que se considera que no fue liquidado correctamente”, comentó Beccari.
La primera etapa del operativo durará seis semanas; terminada esa etapa, los inspectores de calle se abocarán a la misma tarea en otras localidades mientras que los técnicos de la API, en sus oficinas, harán la evaluación de los documentos aportados por cada contribuyente. Como última instancia, en caso de que haya una negativa de parte del comerciante, se aplicarán las multas establecidas en el Código Fiscal. “Hay una etapa de comunicación para que se regularice la situación y una etapa de determinación a través de una resolución de ajuste, hasta llegar al embargo de las cuentas y el cobro por vía de apremio”, explicó el subsecretario de Ingresos Públicos.
“No es un atropello”
Beccari definió: “El objetivo del operativo rastrillo es detectar la informalidad y buscar datos en la base de contribuyentes que nos permitan detectar situaciones de evasión o de elusión. La presión tributaria busca consolidar el proyecto de la justicia y de la equidad contributiva y detectar los mayores casos posibles de evasión. Hay sectores de los que tenemos información de inconsistencias de datos respecto de declaraciones juradas de IVA: ahí estamos apuntando”. Y aclaró: “En esto no seguimos una política de atropello a las entidades; esto ha sido comunicado a las entidades profesionales, tanto a los consejos de Ciencias Económicas como de Abogados, y a las de comercio. Se les ha explicado el tipo de metodología que va a aplicar la API. El objetivo es explicarle al contribuyente que tiene que pagar los impuestos, sabiendo que existe un mecanismo de control y mecanismos de información para que pueda acceder fácilmente”.
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