Luciana Mangó
El Centro Rosarino de Estudios Perinatales (Crep), junto con otros ocho institutos y universidades de diferentes partes del mundo, lleva adelante un estudio para reducir las intervenciones innecesarias en gestantes, que en Rosario alcanzan el 30 por ciento en el sector público y superan el 50 por ciento en el sector privado. Desde el colectivo Mujeres en Tribu hablan de un retroceso en la garantía de derechos a partir de la pandemia, mientras que desde las maternidades municipales aseguran que los embarazos y partos nunca dejaron de ser respetados.
La mejor forma de nacer
Desde enero de 2020 el Centro Rosarino de Estudios Perinatales (Crep), junto con otros ocho institutos y universidades de diferentes partes del mundo, lleva adelante un estudio para reducir la cantidad de cesáreas innecesarias en personas gestantes. Se basa en dos premisas de la ley 25.929 de parto humanizado: la información sobre los beneficios y riesgos de la cesárea y el parto vaginal para la toma de decisión de la gestante; y el acompañamiento durante el trabajo de parto para reducir la tasa de cesáreas. En una primera instancia, consultaron a embarazadas y personal de salud, reunieron información y desarrollaron estrategias que implementarán desde el 1° de junio en ocho hospitales de Buenos Aires. Dentro de dos años, concluirán si disminuyó la tasa de cesárea que, en la actualidad, se ubica entre un 35 y 40 por ciento promedio en los hospitales públicos del país, por encima del 15 por ciento que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“La cesárea es una intervención beneficiosa que produce una mejoría en la salud de la madre y de su hijo, pero sólo cuando es necesaria. De acuerdo a estudios, la tasa tendría que estar en un 15 por ciento. Cuando aumenta y se ubica por encima del 25 por ciento, sin indicaciones concretas de mejora de la salud, se producen perjuicios. Aumentan las hemorragias, las infecciones, las transfusiones de sangre, la posibilidad de extraer el útero post cesárea, la posibilidad de internación en terapia de la madre, y el riesgo de muerte neonatal. Buscamos optimizar la tasa de cesárea para maximizar beneficios y disminuir riesgos”, explicó el director del Crep, Guillermo Carroli, en diálogo con El Ciudadano.
El estudio denominado Qualidec se implementará en cuatro países: Argentina, Burkina Faso, Tailandia y Vietnam, con el objetivo de mejorar la decisión en cuanto a la elección del mejor modo de nacimiento. En Argentina, se desarrolla en ocho hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Incluye una auditoría acerca de la necesidad de la intervención y un posterior informe para el cuerpo médico. Durante la primera etapa, se hicieron encuestas a mujeres y gestantes, a gestores de salud y a profesionales que atienden en los hospitales, quienes mostraron interés en reducir la tasa de cesáreas. Las mujeres y gestantes querían más información y, en la mayoría de los casos, un parto vaginal.
“Existe una falsa seguridad de que la cesárea no tiene riesgos. Las técnicas quirúrgicas y anestésicas han avanzado junto con la seguridad de las intervenciones que hacen parecer que no tienen efecto perjudicial. Estamos tratando de concientizar que, por encima de cierto nivel, empiezan a aparecer efectos perjudiciales”, explicó Carroli.
Según el director del Crep, el estudio permitirá obtener información referida a tres aspectos: biológicos, si se reducen las intervenciones; económico, conocer los costos de las cesáreas; y de satisfacción, si las gestantes y profesionales están satisfechas con estas intervenciones.
“La tasa de intervenciones aumenta desde hace años en todo el mundo, pero en particular en países donde los recursos materiales son escasos. Implica una sobre utilización de recursos que podrían ser derivados a otros sectores de la medicina”, señaló.
Según Carroli, la información y el acompañamiento son dos pilares que garantizan un parto humanizado. “La persona acompañante pasa a ser un aliado de los profesionales que asisten el trabajo de parto y preparto. Requiere entrenamiento y capacitación. Diferentes estudios compararon partos con y sin acompañamiento. Demostraron que en las gestantes acompañadas se reducían las tasas de cesárea, analgesia y anestesia. Un acompañante puede brindar contención, se transforma en un aliado y un facilitador para las y los profesionales de la salud con efectos positivos en el trabajo de parto”, aseguró y precisó que la información se ofrecerá a través de folletos y la descarga de una app de la OMS disponible para cualquier persona interesada.
Lo que la pandemia nos dejó
Un bebé recién nacido separado de su madre, muchas personas alrededor de una mujer acostada con las piernas abiertas en un estribo, un médico presionando el útero de una gestante al momento del parto. Las imágenes registradas en fotos integraron una intervención que la agrupación Mujeres en Tribu montó este lunes en Oroño y Rioja y este viernes en la plaza Pringles para desnaturalizar la violencia obstétrica. “Después de dos años de pandemia era importante salir a la calle, al menos con una volanteada para difundir información sobre los derechos de mujeres y gestantes. El problema con la violencia obstétrica es el nivel de naturalización que manejamos como sociedad. Parece que el respeto fuera una opción cuando en realidad es un derecho garantizado por leyes que las instituciones médicas junto con las y los profesionales de salud tienen que cumplir”, dijo María Petraccaro, referente de la organización, quien destacó la buena recepción de la propuesta que lanzaron en la semana del parto respetado.
Para la referente, la pandemia implicó un retroceso en la garantía de los derechos de embarazadas y gestantes que en la actualidad no pudieron recuperar. “El periodo de la pandemia fue muy duro. Aun no se habían logrado los derechos de mujeres y familias y la pandemia fue una excusa para retroceder. En particular en el acompañamiento, ya que dejaron a mujeres y gestantes en soledad. Después vino la exigencia de hisopado para el acompañamiento y aumentaron las indicaciones de cesáreas, lo cual las exponía a mayores peligros. Hoy no se ha vuelto 100 por ciento a lo que era antes. Seguimos luchando para que se garanticen los derechos en el parto y el nacimiento”, comentó Petraccaro.
Según un informe municipal de 2020, el 57 por ciento de las personas nacidas vivas lo hace en un efector privado, y un 54 por ciento a través de una cesárea. La cifra supera ampliamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estima que las tasas de cesárea superiores al 10% no están asociadas con una reducción en las tasas de mortalidad materna y neonatal, sino que aumentan los riesgos.
“Vemos que cada vez más bebes nacen en el sector privado donde el acceso a derechos se convierte en un privilegio. Notamos una conversión del derecho en una opción. Quien puede acceder, lo hace pagando un plus y eso lo convierte en un privilegio. Nadie controla a las instituciones privadas donde no brindan información sobre la ley y donde se produce la mayor parte de nacimientos”, señaló y apuntó hacia la responsabilidad del Estado: “Nadie controla a las instituciones privadas. El sistema de salud banca la violencia obstétrica sistemática”.
Petraccaro destacó la importancia de denunciar a las instituciones que no respeten la ley de parto humanizado y recordó la atención de la Defensoría del Pueblo y el Teléfono Verde para hacer consultas o reclamos sobre violencia obstétrica.
“Si la situación ocurrió en la salud pública se puede iniciar un trámite administrativo. La ley de violencia obstétrica no contempla sanciones, lo que da cuenta de la fortaleza de la corporación médica. Son reclamos administrativos que terminan en resoluciones para el reconocimiento de los derechos. De todas formas, consideramos importante denunciar para generar la necesidad de políticas públicas y medidas de algún tipo”, concluyó.
Derechos garantizados
Desde las maternidades municipales aseguraron que durante la pandemia se garantizó el acceso de mujeres y gestantes a un embarazo y parto respetado. Adaptaron la atención a los protocolos de prevención de Covid-19 para garantizar que las medidas de salubridad no atenten contra los derechos que establece la ley 25.929 de parto humanizado. Demostraron que el lugar más seguro para la persona acompañante era al lado de la embarazada y garantizaron el acompañamiento, el alojamiento conjunto, el contacto temprano con el bebé, y los controles prenatales. Las únicas restricciones a la práctica habitual las hicieron en el ingreso del acompañamiento al quirófano en caso de cesárea, la rotación de acompañantes en el proceso de preparto y parto, y la visita de otros familiares durante la internación o en neonatología.
“Desde hace años, en los centros de salud, se trata de garantizar el acceso de la pareja o el familiar al consultorio. En pandemia fue más complicado. Cuando la atención era exclusiva para sintomatología Covid mantuvimos la atención de embrazadas y recién nacidos en los centros de salud municipales. En 2020 accedía solo la embarazada pero en la actualidad ya pueden acceder a la consulta con acompañamiento”, explicó Carina Martínez, coordinadora del área de Mujer de la secretaría de Salud Pública de Rosario.
Según señaló, durante la pandemia las cesáreas no aumentaron en el sector público que mantiene desde hace unos años una tasa cercana al 30 por ciento promedio. Incluso, notaron una leve disminución en 2020 en relación con la cantidad de nacimientos, aunque esa cifra volvió a subir en 2021 y se mantiene en la actualidad. En tanto, señaló que en el sector privado la cifra sube a más del 50 por ciento.
“Buscamos trabajar desde el embarazo para garantizar el cuidado y atención de la gestante con información y acompañamiento. En los centros de salud se retomaron los talleres de preparto y acompañamiento. Pese a la pandemia se pudo garantizar el acceso, la atención de las mujeres y gestantes acompañadas, y el respeto por los tiempos de parto. Seguimos trabajando para garantizar los derechos durante el postparto y la lactancia desde los centros de salud con el apoyo de las maternidades”, aseguró Martínez.
Teléfono Verde: consultas sobre violencia obstétrica
En diciembre de 2021, el Concejo municipal aprobó una ordenanza para que el Teléfono Verde atienda consultas y reclamos sobre violencia obstétrica al entender que es una de las modalidades reconocida en la ley 26.485.
El proyecto presentado por Marina Magnani, Andrés Giménez, Norma López, y María Luz Ferradas establece que el Ejecutivo municipal “garantizará la utilización del teléfono verde como canal y dispositivo para recepcionar consultas sobre situaciones de violencia obstétrica sucedidas en Rosario” con la posibilidad de originar una denuncia administrativa en el caso de que estas situaciones hubieran sucedido en el ámbito de la salud pública municipal.
La normativa entiende por violencia obstétrica “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las personas gestantes, expresada en un trato deshumanizado, no brindar información suficiente y fidedigna basada en datos reales, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales no permitiendo que las mujeres y personas gestantes sean protagonistas de estos procesos de conformidad con la ley 25.929, o la que en un futuro la reemplace”.
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