Leandro Rosati
Mientras los Bote para los inversores especulativos se mantienen a flote, los navíos de la economía real, y la industria local, zozobran. Los gremios de Patrones Fluviales y Marina Mercante iniciarán en la medianoche de este jueves un paro de 24 horas en todo el país cuyos efectos se notarán, con especial fuerza, en el cordón industrial de Rosario. La medida de fuerza, en este caso, no es en reclamo de una recomposición salarial. Las razones son incluso más de fondo: denuncian que el veto del presidente Mauricio Macri a una ley de fomento a la marina mercante y la actividad de construcciones navales –aprobada durante la actual gestión– amenaza con terminar de hundir al sector, ya afectado por las restantes políticas públicas del actual gobierno. Llaman la atención sobre el crecimiento de la misma rama industrial en el vecino Paraguay, en contraposición con la debacle en la Argentina.
La protesta incluye una movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación.
Los gremios convocantes de la medida de fuerza recordaron que, luego de cuatro años de lucha, en 2017 el sector logró que el Congreso aprobara una ley que promueve el “desarrollo y crecimiento sustentable de la flota mercante de bandera nacional, mediante el mejoramiento de su competitividad y el aumento de la demanda de fletes más económicos”. La iniciativa ingresó a la Cámara alta con la firma e impulso de los senadores Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) y Fernando Pino Solanas. Allí obtuvo media sanción. Diputados la aprobó con la adhesión del oficialismo, aunque con algunas modificaciones, tras lo cual la Cámara de origen –a la que volvió– la convirtió en ley
El presidente Macri, no obstante, vetó dos puntos clave de la norma que afectan su espíritu de reactivación del sector. Uno de ellos es el 10, que establecía una asignación anual de 1500 millones de pesos actualizados según el índice de precios internos básicos –bajo el nombre de Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (Fodinn)–. El otro es el 13, que fija obligaciones para mantener beneficios si el régimen de construcción naval perdía vigencia dentro de los 10 años de promulgada la ley.
“Sin esos dos artículos que instrumentaban los mecanismos para devolverle competitividad a la industria naval, con fondos para construir y reparar en el país, y eliminando aranceles a la importación de insumos que no se fabrican acá, como la chapa naval, la ley no tiene ningún sentido. ¿Para qué sirve la creación de un comité técnico para analizar la evolución de la industria naval si no están los fondos necesarios para su desarrollo?”, reflexionó Gendra Gigena, abogado especializado en temas marítimos y asesor del peronismo, en declaraciones a un portal especializado.
Gustavo Tarabini, delegado de centro de patrones y oficiales fluviales en Puerto San Martín, afirmó ante la consulta de El Ciudadano: “Quedamos con una ley de marina mercante obsoleta por todos los puntos vetados”. El dirigente puso algunos ejemplos de cómo se echa a pique al sector con la normativa vigente: “Hoy, un remolcador paraguayo carga combustible en Argentina sin impuestos, mientras que el local los paga todos. No hay forma de poder competir, de crear trabajo, todo lo que ves en el cordón industrial son remolcadores paraguayos aunque los dueños son argentinos, trabajan en los ríos internos y a menor costo”.
El gremialista puso sobre el tapete los contrastes, fronteras de por medio. “En Paraguay apuestan todo a la industria naval”, sintetizó. En cambio, completó, “el gobierno (argentino) hace todo lo posible para que desaparezca la industria. Sin subsidios no hay forma de competir con otra bandera”.
Pasa lo mismo en el Tigre (Delta del Paraná en provincia de Buenos Aires) con la lancha de pasajeros. Los empresarios no pueden subsistir por los costos. “Se quedaron sin pasajeros y hasta se sufrió el cierre de escuelas en la zona”.
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