Pasadas las 11 y con presencia de los bloques opositores se inició la reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para tratar lo que empieza a ser una catarata de presentaciones, comenzando por la que impulsó el propio presidente Alberto Fernández junto a la mitad de los 24 gobernadores y gobernadoras del país para remover a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, la cabeza del Poder Judicial de la Nación. En un extenso debate que continuaba entrada la tarde de este jueves, el cuerpo de 31 legisladores que está encabezado por Carolina Gaillard (Frente de Todos, Entre Ríos) y tiene como vice a Juan Manuel López (Coalición Cívica, Buenos Aires) se abocó establecer su método de funcionamiento para una cuestión en sí misma refleja suma gravedad institucional.
Gaillard precisó que el próximo jueves 2 de febrero los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el “informe de admisibilidad” para determinar si, con las pruebas yua presentadas, surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.
“Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la Justicia”, afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
“Una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso”, precisó Gaillard.
“En caso de que la admisibilidad sea favorable –continuó– estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto”. Y luego procedió a leer el resumen de cada uno de los 14 expedientes que se van a analizar.
Después el titular de la bancada de la Coalición Cívica y vice de la comisión anticipó que ese espacio va a proponer “una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles”.
Desde el oficialismo, le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que “siempre” la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, ya que “las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas”.
Ante una consulta del diputado del PRO y secretaro de la comisión Álvaro González (ciudad de Buenos Aires) sobre si se conformaría una subcomisión para que continúe con el proceso, el jefe del bloque oficialista aclaró: “La intención es que los elementos sean analizados en conjunto por parte de toda la comisión. No vamos a formar subcomisiones para el análisis de admisibilidad”.
Por su parte, el diputado del PRO de Mendoza Omar De Marchi exhibió su negativa a “analizar esto (el pedido de juicio político a la Corte) como si formara parte de la agenda central de la Argentina”.
Así, ya desde el vamos quedaron claras las posiciones, aunque, a diferencia del pleno de la Cámara baja –donde sí la oposición puede tumbar un proceso de juicio político– en la comisión hay 16 integrantes del Frente de Todos y 15 de las fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio y de otras bancadas que desde la ahora más angosta “avenida del medio” pero se oponen a someter a la Corte a un jury. Entre estos últimos se cuentan 7 legisladores del PRO, 4 de la UCR, 2 de la Coalición Cívica y uno de Evolución Radical. El número 15 es un legislador de Identidad Bonaerense que integra el llamado Consenso Federal.
Así se abrió la puerta a los cruces políticos, como el del mendocino De Marchi y el rosarino Martínez. “Esto es una puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente, que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario”, toreó el primero. “No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer”, replicó, Molesto el segundo. Y disparó: “No andamos en conciliábulos nocturnos, para eso está Lago Escondido. No venimos a eso”.
Tercero en discordia, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, fijó posición: “No me parece que, por señalar que porque pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros. Es la anulación de cualquier respeto por la posición política”, remarcó.
Rodríguez cruzó asimismo al diputado nacional del FdT Rodolfo Tailhade, quien había cuestionado al legislador del interbloque Federal por su posición a través de los medios: “Te lo digo a vos, que dijiste que hago política por miedo. No te tengo miedo”.
También desde el oficialismo, la mendocina Marisa Uceda, rechazó los cuestionamientos de la oposición, al afirmar que “las sesiones extraordinarias se inician no sólo con este proyecto, sino con un montón de temas que la misma coalición a la que pertenece se niegan a tratar”.
A su turno, el sanjuanino José Luis Gioja rechazó las acusaciones de la oposición en torno a la decisión del oficialismo de impulsar el juicio a la Corte Suprema y cuestionó el fallo de la Corte sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires: “¿Qué circo es este de darle tantos millones de pesos a (Horacio) Rodríguez Larreta? Son menos escuelas para mi provincia”.
Por su parte, el diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) recordó: “Hay movimientos sociales, de derechos humanos, feministas, campesinos, que están clamando para que en la Argentina haya una Corte que falle a favor de los que menos tienen, como debería ser, pero por lo menos que sea independiente”.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada porteña Myriam Bregman, quien no integra la comisión, apuntó al oficialismo: “Les conviene discutir el juicio político en lugar de los grandes problemas económicos”, acusó.
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