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Para salvar el comercio local

Representantes de las bocas de expendio santafesinas se reunieron con el ministro de la Producción y le pidieron por carta a Binner que vuelva a prorrogar la ley que prohíbe la radicación de grandes cadenas.

El gobierno de Santa Fe tuvo un fuerte gesto a favor del comercio minorista: ayer, el ministro de la Producción, Juan José Bertero, se reunió con dirigentes de los centros comerciales de toda la provincia y les anticipó que apoyará el reclamo por la prórroga de la ley que prohíbe la radicación de grandes superficies comerciales en territorio santafesino. Y para esta mañana Bertero tiene previsto reunirse en la presidencia de la Cámara de Diputados con legisladores provinciales, con el objetivo de avanzar hacia la elaboración de una nueva norma de fondo que proteja al comercio local y que ponga trabas a la radicación de grandes cadenas por el impacto negativo que tienen sobre las empresas de capitales vernáculos.

Los representantes de los centros comerciales del norte de la provincia (nucleados en Fececo, Federación de Centros Comerciales de Santa Fe) y del sur (representados por Adessa, Asociación de Empresarios del Sur Santafesino) le entregaron al ministro una carta dirigida al gobernador Hermes Binner. En ese texto le manifiestan su preocupación por “el arribo a las distintas localidades de emprendimientos comerciales basados en la concentración del consumo”. A su vez, denuncian la maniobra de los capitales de inversión “que facilitan su ingreso al mercado con agresivas campañas comerciales, períodos de pérdida o de ganancia neutra con el solo fin de eliminar a los competidores locales”.

También se quejan por la política de las grandes cadenas que se presentan con “mesías de los precios, al ofrecer productos a bajo costo que la población acepta y adquiere en vías de aliviar temporalmente su economía doméstica pero sin avizorar el futuro que les espera”. Como consecuencia de esa estrategia de descuentos compulsivos, los dirigentes empresarios advierten que se produce “debilitamiento y cierre de los comercios locales de capitales «criollos» por no poder competir con las políticas comerciales a las que se enfrentan”. Bertero señaló que la preocupación inicial surgió en Rosario, pero ya se extendió a las ciudades de Santa Fe y Rafaela con miras a cubrir otras localidades de la provincia.

Otra de las consecuencias que los comerciantes advierten es la “ruptura de la cadena de abastecimiento con productores, emprendedores e industriales locales”. “Los recién llegados son abastecidos por sus propias manufacturas o proveedores foráneos, descartando a la producción local como proveedor natural, tal cual lo hacen los comercios locales”. Ello redunda –sigue la carta al gobernador– en la “pérdida de puestos de trabajo tanto en el comercio como en el sector productor de bienes y servicios” y en la “disminución de la demanda a los emprendedores locales, generalmente familias dedicadas a la producción de frutas, hortalizas, verduras y manufacturas propias de las economías regionales”.

Los comerciantes piden que se extienda la prórroga de la suspensión incluida en la ley 12.069, que trata sobre la habilitación de las grandes superficies comerciales. Esa prórroga vence a mediados de junio, y las cámaras comerciales quieren que se defina una prórroga por tiempo indefinido. En tanto, el ministro de la Producción estimó necesario que la Legislatura discuta y sancione una nueva ley, y es por eso que hoy se reunirá con diputados de los distintos bloques.

En enero pasado se había dispuesto la última prórroga, por medio de un decreto del Ejecutivo, junto a la decisión de crear consejos regionales que estudien la materia. Los empresarios pidieron al gobierno que extienda la prórroga –que suspende el otorgamiento de certificados de factibilidad– hasta que efectivamente se constituyan esos cuerpos de análisis de la situación.

Tras el encuentro con los comerciantes, Bertero señaló: “El resultado de la reunión fue sumamente positivo porque hay espacios para dialogar. Lo bueno es que en estos meses de trabajo se consolidó la propuesta de modificar la ley. Algunos legisladores ya lo tomaron (al tema) y eso significa que el trabajo de estos meses fue escuchado”. El ministro ratificó la voluntad política del gobierno provincial de apoyar y defender al comercio santafesino: “De eso no cabe duda. Hay voluntad para resolver este tipo de cosas, de estar cerca de los problemas, encontrar puntos de solución y, fundamentalmente, bajar los niveles de conflictividad”, explicó el funcionario.

Por su parte, Elías Soso, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, comentó: “Nos preocupa que en pocos días vence la prórroga de la no habilitación de locales y algunos (intendentes) por desconocimiento, otros por imprudencia, otros por dudas, pueden cometer el grave error de empezar a habilitar locales indiscriminadamente, lo cual distorsionaría el mercado comercial y una fuente de trabajo importante. Habría una gran cantidad de negocios que deberían cerrar sus puertas porque la alta concentración genera que por cada puesto de trabajo que ellos tienen (las grandes cadenas), se pierden entre cinco y siete. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que eso no acontezca”.

Para Soso, la concentración económica llegó a tal punto que las grandes tiendas “inventaron una moneda nueva”. El dirigente empresario lo definió así: “Esas tarjetas con el 15 o el 20 por ciento de descuento, ¿las tienen todo el mundo? ¿Los pobres las tienen? ¿Los negocios chicos las tienen? No. Han creado una moneda que tiene más valor que la moneda nacional. Habría que estudiar desde el punto de vista legal si eso puede ser”, propuso. Y concluyó: “Deberíamos ser todos iguales ante la ley, pero no tenemos todos los mismos derechos. El Estado está para equilibrar las cargas. Y eso es lo que estamos pidiendo: que el Estado juegue a favor de los intereses del pequeño y mediano empresario”.

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