El Senado provincial se hizo eco de la situación que atraviesa el sector lácteo y, en particular, los pequeños y medianos productores tamberos, afectados por las distorsiones cada vez mayores en la cadena de comercialización. “Los nuevos pobres serán los empleados tamberos”, vaticinó el radical Felipe Michlig, senador por el departamento San Cristóbal.
Los tamberos vienen reclamando aumentos en el precio que reciben del sector industrial.
En la actualidad: 2,60 pesos en promedio por litro. Algunos reciben la compensación de 40 centavos del gobierno nacional, que además está atrasada. Pretenden un mínimo de 4,15 pesos y argumentan que, con el esquema actual, se quedan con apenas el 15 por ciento del precio final en góndola.
Por ese motivo, tamberos agremiados en la Federación Agraria Argentina (FAA) realizaron ayer asambleas en la localidad cordobesa de Villa María y en el municipio de Cerrito, provincia de Entre Ríos, sin cortes de ruta.
Días atrás, el presidente Mauricio Macri anunció la decisión del gobierno de comprar el stock lechero excedente. Desde FAA indicaron que el anuncio “no alcanza a compensar los padecimientos económicos que enfrentan los tamberos”.
En línea con el reclamo de los productores, el Senado santafesino aprobó en su última sesión un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo provincial requiera a la Nación la declaración de emergencia del sector lácteo a los fines de “sostener la actividad lechera y evitar el cierre de más tambos”.
El proyecto elaborado por el senador Michlig, presidente del bloque del Frente Progresista, solicita “medidas conducentes a apoyar a los productores afectados, analizando la cadena de valor, con una convocatoria amplia a todos los integrantes de la misma”.
La Nación ya lanzó una primera medida (un subsidio de 40 centavos por litro de leche, hasta una producción de 3.000 litros por tres meses) que, según Michlig, resultan “insuficientes en orden a la magnitud de la crisis del sector”.
Sobre la necesidad de declarar la emergencia del sector lácteo y por parte del Ejecutivo nacional, el Senado santafesino pidió que “se dispongan medidas que permitan ayudar a los productores afectados y se analice la cadena de valor”, ante las distorsiones que se genera en los precios (que suben para el consumidor y bajan para el productor) y las asimetrías entre la alta rentabilidad de las industrias y la caída que vienen soportando los transportistas y los tamberos.
Hay consenso político en la provincia sobre el tema. El proyecto de Michlig fue firmado además por los justicialistas Alcides Calvo (departamento Castellanos) y Rubén Pirola (Las Colonias). Allí se exponen datos sobre “la crisis terminal del sector lechero”: se estima que 4.000 tambos cerraron en el territorio provincial y un número similar se encuentran en actividad pero “trabajando a pérdida y a punto del quebranto”.
El justicialista Pirola observó que “la ganadería se complementa con el sector lácteo” y recordó que hay dos proyectos de ley de su autoría, con estado parlamentario, que aún deben ser tratados por el Senado: uno referido a la ley de Fomento del Sector Lácteo y otro sobre modificaciones a la ley de Emergencia Agropecuaria, atento a las desventajas de los tambos ante el sector industrial y los supermercadistas.
Pirola también reclamó al gobierno provincial que se suspenda el inicio y la sustanciación de juicios y acciones administrativas por cobro de impuestos mientras dure la emergencia, que se prorrogue el pago de impuestos provinciales, que se gestione ante instituciones bancarias prórrogas especiales para el cumplimiento de obligaciones a cargo de los productores afectados y que se gestione, ante la Nación, beneficios impositivos y asistencia financiera a los productores.
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