Los diputados nacionales Carlos Heller y Martín Sabbatella encabezaron ayer la presentación de su anunciado proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. Es para reemplazar la norma que rige el sector, y que es la única que queda vigente de las pergeñadas por la dictadura (la otra era la de medios, cuyo “reemplazo” democrático sigue trabado en la Justicia). En su aspecto general, la iniciativa tiende a que “el sistema haga por medio de la regulación (estatal) lo que nunca va a hacer en forma voluntaria”, frenar a futuro la concentración de entidades y que los bancos no se sirvan a sí mismos sino a “los usuarios”, en especial a los ligados a la producción –con el área de las pymes en foco– y al desarrollo regional.
El diputado y banquero cooperativista Heller, principal impulsor y redactor del proyecto, afirmó que aspira a que éste genere “grandes consensos” que permitan su sanción en la Cámara baja en el “corto o mediano plazo”.
La iniciativa apunta a reemplazar la llamada ley de Entidades Financieras que rige desde 1977, y que fuera impulsada por el entonces ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.
El proyecto de nueva ley también lleva las rúbricas de los legisladores del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario Jorge Rivas, Ariel Basteiro (socialistas cercanos al kirchnerismo) y Vilma Ibarra, más la diputada de Proyecto Progresista Nélida Belous. A ellos, se les suma como adhesión el bloque de Partido de la Concertación-Forja, a través de Silvia Vázquez.
La iniciativa concibe al sistema financiero “a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras”, resumió Heller durante la conferencia de prensa en la que se presentó el proyecto, en la Cámara baja. Entre otras muchas disposiciones, se prevé elevar el crédito a las pymes hasta el 40 por ciento del total de financiaciones al sector privado, fija topes a la tasa de interés y condiciona la participación de entidades extranjeras.
El proyecto, si es convertido en ley, ordenará al Banco Central que monitoree que ninguna entidad financiera privada supere una participación de 8 por ciento en el conjunto del sistema, tanto de depósitos como de préstamos. Con todo, Heller admitió que esto “no modificará la situación actual, pero evitará que el sistema avance a una mayor concentración”.
La iniciativa impulsa además la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central, y un departamento similar en cada entidad financiera. En materia crediticia, encomienda al Central establecer un listado de “servicios esenciales” que las entidades deberán ofrecer a los sectores de menores ingresos, que deberán ser prestados sin costo o con un nivel máximo de comisiones.
Las entidades financieras, según el proyecto, deberán destinar en forma directa o indirecta a las micro, pequeñas y medianas empresas no menos de 38 por ciento del total de su financiamiento al sector privado.
Sabbatella, en tanto, sostuvo que “se trata de un cambio de paradigma profundo” y confió en la posibilidad de “construir grandes consensos” para lograr su aprobación. Y destacó que “saldará una vieja deuda de la democracia al ponerle fin a la ley de Entidades Financieras” que lleva la firma de Martínez de Hoz.
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