Los casos de presunto trabajo esclavo en estancias rurales bonaerenses se acumularon en dos causas federales en los tribunales de San Nicolás y para la fiscalía que interviene “el delito de trata de personas está probado”, según informó ayer la agencia Télam.
Para el Ministerio Público Fiscal que interviene en las causas por presunto “trabajo esclavo y sometimiento a servidumbre” en el norte de la provincia de Buenos Aires, que instruye el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás, “el delito de trata de personas está probado”, por lo que pidió la detención y declaración indagatoria de los directivos de las empresas que explotan esos establecimientos.
Pese al pedido de la fiscalía, el juez Carlos Villafuerte Ruzo denegó las medidas impulsadas en relación e indagatorias de los directivos de las empresas involucradas y también rechazó los pedidos de eximición de prisión presentados por los imputados.
Hasta ahora “no hay ningún detenido”, informaron allegados a los expedientes nicoleños.
Las causas se originaron tras los allanamientos realizados en dos campos de la localidad bonaerense de San Pedro el 30 de diciembre y el 4 de enero pasados, y en otras tres fincas que explotan las firmas Status Ager SA y Suthern Seeds Production en las ciudades de Ramallo y Arrecifes, donde se hallaron unas 274 personas en deplorables e infrahumanas condiciones laborales.
Los cinco casos, en los que se investiga el presunto delito de trata de personas, se acumularon en dos causas en función de las empresas que explotan los campos y no por los establecimientos allanados, precisaron fuentes judiciales.
El juez federal Nº1 de San Nicolás, Martín Alberto Martínez, que subroga a Villafuerte Ruzo durante su licencia, le dijo ayer a Télam que se prorrogó el secreto de sumario en ambas causas hasta el 25 de enero, medida que adoptó el titular del juzgado Nº2 antes de tomar sus vacaciones.
El juez detalló que las declaraciones incorporadas en los expedientes son las “tomadas por la Policía” a los explotados trabajadores santiagueños cuando se realizaron los allanamientos judiciales.
El juez Villafuerte Ruzo no delegó la instrucción de las causas en la fiscalía, por lo que el Ministerio Público sólo puede solicitar medidas que quedan a consideración del Juzgado Federal Nº2.
Según fuentes judiciales, el magistrado denegó el pedido de la fiscalía para que se detenga y se tome declaración indagatoria a los directivos de las empresas involucradas en los presuntos casos de trata de personas y sometimiento a servidumbre.
El juez también denegó las eximiciones de prisión presentadas por los imputados.
