Con el objetivo de frenar el proceso de vaciamiento de Vicentin, el juez penal de Rosario, Nicolás Foppiani, le prohibió al grupo oriundo de Avellaneda vender otras empresas de su propiedad. La decisión se enmarca en la causa penal iniciada por un grupo de acreedores que denunciaron a la agroexportadora por estafas luego de que se declarara en default con deudas de más de 100 mil millones de pesos.
De esa manera, el juez rosarino avanza sobre una medida que venían solicitando los acreedores a la cual el magistrado de Reconquista Fabián Lorenzini –quien lleva adelante el concurso– no hizo lugar.
El telón de fondo es la venta del frigorífico Friar al fondo de inversión de BAF Capital. Tras esa operación, realizada en pleno concurso, el Banco Nación y otros bancos y productores agropecuarios damnificados por el default solicitaron a la Justicia que frene las ventas de empresas en las cuales tiene participación Vicentin.
El juez Foppiano tomó la decisión a partir de un pedido del fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos, quien investiga a Vicentin por estafa. Al mismo tiempo, el magistrado ordenó levantar el secreto bancario, bursátil y fiscal no solo de la agroexpotadora sino también de las otras 22 firmas que conforman el grupo empresario, entre ellas Renova, Buyanor, Terminal Puerto de Rosario, Algodonera Avellaneda y Oleaginosa San Lorenzo.
En su fallo, fechado el 18 de septiembre, el juez Foppiani decretó la prohibición de modificar la composición accionaria sobre todas aquellas firmas sobre las que Vicentin SAIC “tendría participación accionaria o respecto de las cuales, los denunciados serían sus representantes legales”.
La fiscalía local trabaja sobre una una serie de denuncias iniciadas por tres acreedores comerciales de la agroexportadora (La Clementina, Cuatro Hojas y Olzen), quienes hablan de un perjuicio económico por 142,7 millones de pesos. Según denunciaron, Vicentin les siguió recibiendo mercadería hasta pocas horas antes de comunicar su default “sabiendo que no iba a pagar el precio pactado debido a su estado de cesación de pagos”.
Según el portal Punto Biz, el fiscal Miguel Moreno no descarta que en el transcurso de este año tenga lugar una audiencia imputativa “si logramos reunir elementos suficientes”. El funcionario señaló que está en contacto con las fiscalías federales de Comodoro Py y de Reconquista y también con los funcionarios judiciales a cargo del concurso de acreedores.
La causa que estudia el destino los créditos del Banco Nación a favor de Vicentin está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita (Comodoro Py) y la que sigue el posible desvío de dinero hacia paraísos fiscales se tramita en Reconquista por parte del fiscal Roberto Salum.
Según planteó el fiscal Moreno, la prohibición para que Vicentin siga desprensdiéndose de sus empresas tiene como objetivo “preservar la inalterabilidad de la composición de la masa accionaria y disposición de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria, o respecto de las cuales, los denunciados serían sus representantes legales y su finalidad consiste en asegurar activos para su recupero a los fines de garantizar, no sólo la pena pecuniaria de multa, la indemnización y las costas, sino también el decomiso de los instrumentos del delito”.
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