Los hogares de las grandes ciudades del país generarán el 4 por ciento de la matriz eléctrica en 2030, principalmente a través de paneles solares ubicados en techos, terrazas, aleros y fachadas, estimó Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
Álvarez manifestó que, para que su pronóstico pueda cumplirse, debe ser convertido en ley antes de mediados del año próximo el proyecto de Generación Distribuida, presentado en Diputados en mayo último, lo que fuentes del Congreso consultadas por la agencia de noticias DyN evaluaron como “factible”.
El presidente de la Cader, en diálogo con esta agencia, resaltó que la implementación de la posible norma, con la que se busca independencia de los grandes generadores de energía a través de créditos orientados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), “beneficiaría a los consumidores hogareños y a las industrias”. “Porque podrían acceder a tecnología que les permitiría autoabastecerse casi en su totalidad e inyectar electricidad a la red en los momentos de mayor demanda”, completó. Álvarez opinó además que la eventual aplicación de esa ley mitigaría “los cortes de luz” que suelen sorprender repetidamente a los usuarios de las grandes urbes en períodos de alto consumo.
La iniciativa legislativa surgió de la unificación de nueve proyectos similares impulsados por diputados nacionales de Unir, Cambiemos, el Frente Renovador, el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. El legislador Alberto Asseff (Unir), uno de los promotores de la iniciativa, puntualizó que “el contexto” del proyecto de Generación Distribuida “está determinado en parte por la ley 27.191, que se sancionó en 2015 y que apuntó al Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables”. Esa norma ordenó generar, para 2018, “fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8 por ciento del consumo eléctrico nacional y el 20 por ciento para el 2025”, recordó Asseff, de extracción radical, en declaraciones a DyN.
“Actualmente, al menos seis provincias cuentan con normativas para que usuarios particulares puedan autoabastecerse casi en su totalidad e inyectar energía renovable a la red eléctrica: San Juan, Santa Fe, Salta, Mendoza, Jujuy y Entre Ríos”, especificó por su parte el presidente de la Cader. Álvarez, además, precisó que “un sistema fotovoltaico de consumo típico en un edificio, de 15 KW, cuesta aproximadamente 465.000 pesos”.
Asimismo, estimó que “los paneles solares” utilizados para ese caso “se amortizarían en un plazo de entre 5 y 6 años”. Los propietarios de los departamentos de ese edificio consumirían menos energía eléctrica de la red –esos equipos no alcanzan para cubrir toda la demanda– y venderían parte de la almacenada, por ejemplo en períodos vacacionales, a una distribuidora cuando la red afrontara un alto consumo.
En 2001, la organización ambientalista Greenpeace fue la primera entidad del país en generar un debate sobre la inyección de energía solar en la red eléctrica, al instalar en la terraza de su edificio de la Capital Federal un panel fotovoltaico. Colocó también un medidor bidireccional, lo que permitía el autoconsumo y la venta de la energía pero, como la comercialización no estaba respaldada por una ley, causó una situación de tensión con la concesionaria de la zona, Edenor, y con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).
Asseff especificó que el proyecto de Generación Distribuida está a punto de recibir una evaluación técnica del Ministerio de Energía y Minería. “Ni bien esa cartera cierre esta etapa, retomaremos el debate en Diputados y trabajaremos sobre la base de esas recomendaciones con los demás bloques, para tener un texto consensuado a principios del año legislativo 2017”, enfatizó.
En la ciudad de Buenos Aires, además del de Greenpeace, cuentan con paneles solares la Agencia de Protección Ambiental, la Legislatura y el Centro Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), entre otros. En países como Uruguay, España, Italia, Australia, Canadá y Dinamarca, se implementaron proyectos para que los usuarios puedan producir su propia energía eléctrica y vender el sobrante a las distribuidoras, recuperando así el valor de la inversión y logrando rentabilidad.
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