El juez federal Sebastián Casanello ordenó nuevas medidas de prueba sobre sociedades offshore que acaban de ser incorporadas a la investigación en la que está imputado el presidente Mauricio Macri, tras la revelación de los Panamá Papers, y pidió informes a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), confirmaron fuentes.
Casanello solicitó copia certificada de los legajos completos de las sociedades Grumafra SA, Socma Americana SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group, entre los años 1985 y 2007. También pidió copia a la Oficina Anticorrupción de la declaración jurada de bienes presentada por Macri en 2015.
En las nuevas medidas, el juez pidió la intervención de UIF para buscar información sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de las sociedades a las que se vincula con Macri. Casanello ya había librado exhortos en busca de datos.
Entre esas sociedades están Fleg Trading LTD y Kagemusha, las dos firmas originalmente investigadas, además de Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group.
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