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Ecocidio ahí nomás

Pago de la basura y la contaminación II: un fallo judicial abre una esperanza para el arroyo Ludueña

El juez de distrito Marcelo Quiroga hizo lugar a un amparo y dispuso un plazo de 6 meses para que el shopping Fisherton Open Mall se conecte con la red de Assa, considerando probado que vertía efluentes cloacales al cauce. La fiscal María Laura Martínez sigue investigando: ¿hay más que lo hacen?


“En función de lo expuesto y con base en los principios normativos y jurisprudenciales que se han reseñado a lo largo de la presente, se hará lugar a la demanda ordenando a la accionada que regularice su situación en orden al tratamiento de los efluentes cloacales y al líquido de rechazo del sistema de ósmosis inversa, otorgándole para ello un plazo de seis meses a contar desde la notificación de la presente. El mismo plazo se concede para presentar en estos autos el Certificado de Aptitud Ambiental”, escribió el juez Marcelo Quiroga, titular del Juzgado de 1ª instancia de Distrito Civil y Comercial 7. Así, el magistrado dio crédito y entidad a la investigación llevada adelante por Fiscalía, a la par que desmontó los argumentos que esgrimió la firma investigada: ésta es el shopping Fisherton Plaza Open Mall, el primer emprendimiento que –probadamente– contribuyó a la transformación del arroyo Ludueña de una pileta de aguas límpidas a una zanja maloliente, turbia, y tóxica.

El juez Quiroga emitió el fallo este martes 7 y en él dispuso, además, que mientras la firma en cuestión dé cumplimiento a lo dispuesto, “el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático deberá controlar la gestión de los líquidos cloacales” y también “de las aguas de rechazo” que genera su planta de ósmosis inversa para tener agua potable dentro del predio, e informar mes a mes cómo se lleva adelante el proceso. Ocurre que el emprendimiento, destinado a un público de alto poder adquisitivo, desde que inició sus actividades, el 27 de diciembre de 2013, no logró resolver de manera aceptable una cuestión básica: el tratamiento de los residuos corporales que genera ese mismo público, y de las fórmulas químicas de aseo para que ese público se sienta a gusto.

Así lo da a entender el flamante fallo que –aunque más que seguramente será apelado por la firma demandada– convalidó una extensa y dificultosa investigación por parte de la fiscal extrapenal María Laura Martínez junto al prosecretario Santiago Pascual. Sin laboratorio propio –como tiene el Ministerio Público de la Acusación– y con dificultades hasta para acceder a internet, la Fiscalía Extrapenal logró tomar muestras y registros de la situación del arroyo Ludueña en distintos puntos de su cuenca y construir el caso que ahora tiene sentencia de primera instancia.

La fiscal María Laura Martínez investiga también contaminación en el arroyo Saladillo y una arista de las quemas en el Humedal.

 

El propio procurador general de Santa Fe, Jorge Barraguirre, elogió el trabajo de la repartición: “Lo que tiene validez de la investigación que nosotros ordenamos allá por abril de 2020 es una demanda ambiental más quirúrgica, que no va contra el Estado –para que el Estado cumpla con supuestos alegados deberes de omisión del control de contaminación del agua– sino que se logró identificar a los agentes contaminadores, privados. Me parece que es muy valiosa la investigación que hicieron la fiscal Martínez y el prosecretario Pascual”, reconoció en diálogo con LT8.

En la misma entrevista destacó que el fallo del juez Quiroga es clave para “sanear el arroyo Ludueña”, ya que “ordena al shopping que está frente al Aeropuerto Islas Malvinas sanear los líquidos en lugar de volcarlos al curso de agua”.

“Básicamente –abundó Barraguirre– nosotros hemos presentado una demanda de cese de la actividad del shopping, y una pretensión alternativa –que tiene que ver con que si fuese esto demasiado radical, para ponerlo en términos sencillos–, una demanda subsidiaria para que se regularice su situación, para que se obtenga, se tramite el certificado de aptitud ambiental, y en el ínterin, mientras se regulariza su situación acerca del tratamiento de efluentes, la autoridad pública, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, controle específicamente la gestión de los líquidos cloacales y de las aguas de rechazo que realice la demandada, con el deber de informar una vez al mes cómo es ese cumplimiento”.

 

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana

 

El caso del arroyo Ludueña se inició a partir de denuncias convergentes de ciudadanos particulares, entre ellos un vecino del barrio San Eduardo que toda su vida vivió cerca de sus márgenes. Marcelo Ferraro brindó testimonio y fotografías de cómo el curso de agua se había deteriorado hasta converrtirse en un basural líquido, potencial foco de transmisión de enfermedades por la evidente contaminación.

Cuando Ferraro cumplió 50 años, llevaba ya una década denunciando y tratando de interesar a responsables políticos sobre la situación del Ludueña. Se crió en calle La República entre Sarratea y Wilde, y, cuando era chico, él y sus amigos tenían uno de los mayores regalos que la naturaleza les podía dar: un espacio verde natural con una “olla” en la que podían bañarse sin riesgo –o casi– pescar y divertirse. Pero ahora, a cuatro décadas de esa postal de verano intenso, nada es así: sequía histórica mediante, el otrora profundo torrente de agua en algunos tramos es un hilito que se parece más a una zanja, y en otros tramos sus aguas, históricamente de “un color té oscuro y transparente”, son una espuma blanquecina y opaca.

La bajante extraordinaria evidenció al máximo la presencia de vertidos en el arroyo.

 

La penosa situación del antiguo arroyo Salinas, que tiene casi 20 kilómetros de extensión y atraviesa una decena de jurisdicciones antes de desembocar en el río Paraná, se debe exclusivamente a la acción humana. Tema central de varias investigaciones hidrológicas y ambientales por parte de cátedras y centros de la Universidad Nacional de Rosario, el curso que atraviesa la zona norte de la ciudad hasta resultó negado: por 1 kilómetro y medio de su extensión discurre entubado. Distintos trabajos científicos han advertido contaminación de sus aguas por agrotóxicos que escurren a través de canales clandesinos, alteración de la vegetación nativa de sus barrancas por la acción de esos mismos agroquímicos y crecimiento de vegetación exótica que los resiste y se expande, y volcado de efluentes sin tratar por parte de industrias, instalaciones comerciales, campos deportivos, y hasta presuntamente –está bajo investigación todavía– de barrios privados, además de residuos de todo tipo que suelen volcar particulares, residan o no cerca, en las márgenes.

Ferraro relevó lo que denunciaba y después de mucho batallar logró, al fin, que alguien se comprometiera: el concejal del PRO Charly Cardozo, el diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos del Frade –quienes a pesar de sus posicionamientos diametralmente opuestos llegaron a la política desde un mismo origen, el periodismo– y el bloque completo de ediles de Ciudad Futura. Así cobraron volumen las denuncias, públicas y judiciales, sobre la situación. Con dos ingredientes extra: la pandemia de coronavirus, que disparó la respuesta de aislamiento social obligatorio y por tanto de paralización de actividades consideradas “no esenciales”, cuadro que pareció hacer regresar en el tiempo las condiciones del castigado arroyo; y, en ese marco de transparentización, la presencia de una gran y fétida mancha en abril de 2020, que contrastaba con todo lo anterior.

Cuando el confinamiento sanitario llegó a su fin, también lo hizo la ilusión de las aguas límpidas. Lo que siguió fue más bien todo lo contrario: en medio de un fenómeno de sequía extrema, se tornó más evidente la contaminación por productos químicos.

 

Ha lugar

 

En ese marco general se inscribe el flamante fallo que ordena a una empresa, Rusitano SA, ajustarse a derecho en cuanto a la normativa ambiental, tanto local como provincial y nacional.

“La defensa del shopping decía que tenían una planta de tratamiento, pero que además llevaban (líquidos) a un lugar, una cisterna, y que después camiones atmosféricos retiraban esos efluentes y los llevaban donde debían. Algo que en el proceso no se pudo demostrar fehacientemente”, refirió el procurador Barraguirre sobre el fallo del juez Quiroga.

El funcionario describió así al accionar del Fisherton Open Mall, que por sus características debía contar con agua potable para los comercios, sus trabajadores y los clientes. Sin embargo, cuando se construyó, el emprendimiento no tenía posibilidad de acceso a la red de Aguas Provinciales, cuya infraestructura crecía a paso lento, si crecía, en los tiempos en que estaba bajo la administración de la francesa Suez. A ese problema la firma lo resolvió construyendo una planta potabilizadora de agua de pozo, con el proceso conocido como de ósmosis inversa. Con ello el agua buena entra, pero cuando deja de serlo tiene que salir.

Son las llamadas “aguas negras”, que refieren a efluentes cloacales de inodoros y las llamadas “aguas grises” producto de cocinas, duchas, lavaderos y limpieza, entre otros orígenes. Un tercer tipo refiere al escurrimiento de lluvias, los desagües pluviales. Hoy por hoy, el shopping está a meses de cumplir una década de existencia, pero conserva dos cosas en el debe: una certificación ambiental para poder estar funcionando, y la conexión con la troncal para evacuar efluentes, que ahora sí existe –desde 2015– y pasa a 800 metros del emplazamiento.

En su defensa, según consta en el fallo, Rusitano SA alegó que tenía una pileta, no de tratamiento pero sí de reunión de líquidos, y que camiones atmósféricos –el otrora típico camión desagotador– de la firma La Florida se encargaban de su extracción, tratamiento y deposición final. “Es algo que la demandada no pudo demostrar”, corrigió el procurador Barraguirre. “Entonces lo que el juez Quiroga termina imponiendo es, primero la conexión a las redes troncales de tratamiento de líquidos cloacales y efluentes, y por otro lado verificar específicamente que los camiones que estaban empleando sean las cantidades que alegaban, y que además vayan a los lugares donde tienen que realizar el desagote”, completó.

En el fallo, además, el magistrado dejó constancia que hay detalles que exceden a su responsabilidad –la de su fuero– ya que hizo lugar a un amparo, “y su noticia, en todo caso, se encuentra cubierta desde que se halla en trámite una investigación penal”. Es decir que la firma propietaria del shopping y la empresa desagotadora pueden recibir condenas si se comprueba que incurrieron en delitos ambientales.

Por lo pronto, a menos que la apelación suspenda la ejecución del fallo del juez Quiroga, la firma Rusitano SA deberá:

  • regularizar en seis meses “su situación en orden al tratamiento de los efluentes cloacales y al líquido de rechazo del sistema de ósmosis inversa;
  • presentar “el Certificado de Aptitud Ambiental”;
  • disponer y facilitar que mientras da cumplimiento al fallo, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático controle “la gestión de los líquidos cloacales y de las aguas de rechazo” del proceso de potabilización, uno de cuyos residuos es el arsénico, y pagar las costas del proceso judicial.

Como extra, la cartera que conduce Erika Gonnet deberá “informar mensualmente en este proceso sobre el particular”, es decir, la planificación y el progreso en la ejecución de la obra de conexión a la troncal.

El fallo da cuenta de lo investigado por Fiscalía, que encontró que en el balance de –la ya de nuevo empresa estatal– Aguas Santafesinas (Assa) que toma el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, se advierte que “en el rubro expansión de redes cloacales, la transferencia de las Obras Básicas Cloacales Rosario Oeste-Funes por parte del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) posibilitó la vinculación al servicio de varios barrios privados de Funes y algunos de Rosario”.

Esto es, dos años después de la apertura del centro comercial, que tuvo fecha el 27 de diciembre de 2013, Fisherton Open Mall tenía la posibilidad de conectarse a la troncal de la red cloacal o de persistir en una estrategia propia, pero sustentable. Según la investigación, no hizo ni lo uno ni lo otro.

 

El arroyo Ludueña es un curso de agua en el que también se contamina la tierra.

 

La pista podrida

 

La fiscal Martínez, quien además lleva dos casos sensibles, como la contaminación del arroyo Saladillo y una arista de las quemas en el Humedal –en el primer caso presentó una demanda civil contra siete empresas que “arrojan sustancias altamente contaminantes”; y en el segundo demandó a 19 propietarios de tierras en las islas entrerrianas, con residencia en Rosario, por la afectación a la salud de la población local provocada por el humo– es quien encabezó la investigación por el presunto vertido de sustancias en el arroyo Ludueña. Y confirmó a El Ciudadano que la investigación no se acaba en el shopping. De hecho, los representantes legales de la firma, tras negar toda responsabilidad en el caso de contaminación, buscaron después atenuarla apuntando a otros actores: uno, el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, es decir, el Estado mismo, ya que se trata de un ente provincial. Y otro, al que también apuntó el denunciante Ferraro, Aldea Tennis, un barrio privado: “Arrojaba efluentes de color blanquecino o grisáceo, con mucho olor, sobre la zanja que queda en calle Álvarez Condarco y Schweitzer”, expuso en su testimonio, al que sumó fotografías.

De igual modo la denuncia apuntó con más énfasis hacia el Fisherton Open Mall: “Yo noto que de modo intermitente el shopping arroja sus efluentes sobre la descarga que se ubica en calle Tomás de la Torre bis debajo de A. J. Paz, al lado de la vía. Acompaño fotos de esas descargas. A partir de que se hizo visible públicamente noto que está dentro de la intermitencia”, se lee en el fallo.

El párrafo indica que la empresa modificó su comportamiento a partir de que el caso tomó estado público, lo cual no sería un atenuante sino un escándalo: un cambio para esconder todo, sin solucionar nada.

Con todo, las recomendaciones que surgen de las investigaciones de la cuenca del Ludueña van mucho más allá del accionar individual-empresario del Fisherton Open Mall, aunque lo que haga el shopping en el futuro puede contribuir o bloquear una solución sostenible: “Si uno quiere manejar la cuenca del Ludueña en términos de gestión, tiene que pensar en el contexto. No solamente la visión del caudal del agua y su calidad, sino un manejo integral, que implica todos los procesos que se dan dentro de la cuenca, desde los márgenes superiores en Pujato hasta el final”, le había dicho a El Ciudadano el docente e investigador Sergio Montico.

Lo apuntó desde el Centro de Estudios Territoriales, cuyos miembros abordan todas las dimensiones, ambientales, hidrológicas, de uso de la tierra, entre más, sobre cada caso, y que investigó toda la cuenca del arroyo Ludueña. El CET está a cargo de Montico, además titular de la cátedra de Manejo de Tierras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, y el equipo que lo conforma está constituido por docentes e investigadores de esa área; de la cátedra de Evaluación de Impacto Ambiental y de la cátedra de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica de la misma Facultad. Todos tienen también vínculos académicos cruzados con la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, en particular con el Curiham, el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Hidroambientales: en conjunto reúnen una masa de conocimiento única por su dimensión sobre el arroyo. Y continúan investigando.

El CET hace tiempo que viene proponiendo una estrategia como la madre de todas las soluciones: el “ordenamiento territorial”.

Explica Montico: “Son tres las patas las que lo sostienen, el Estado determinando las directrices, los organismos de ciencia y técnica proveyendo las herramientas para poder hacerlo –porque están y son muchas– y la sociedad consensuando y validando las propuestas”. La estrategia, postula, no es sólo para el Ludueña, sino para toda el área metropolitana de Rosario y las localidades del sur de Santa Fe, pero si una de las tres partes falla, todo falla. Y en el arroyo Ludueña, “un recurso hídrico fundamental”, puede ser que estén fallando todas.

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