Alvaro Arellano
El gobierno provincial asumió en un contexto de urgencia económica y de cambios drásticos en el orden nacional. Más allá de los primeros contactos entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei, no hay certezas sobre cuán profundo será el ajuste sobre territorio santafesino. En exclusiva con El Ciudadano, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, adelantó que la actual gestión provincial reclamó a Nación una compensación por lo que dejarán de recibir los santafesinos por Ganancias, pero aseguró que nunca exigieron que fuera con la restitución de la cuarta categoría. La posibilidad de coparticipar el Impuesto al Cheque era una alternativa, pero el presidente afirmó que “de ninguna manera” va a tomar ese camino.
Mientras tanto, el Ejecutivo santafesino proyecta el 2024 financiándose a través de organismos bilaterales para garantizar la inversión en infraestructura, particularmente en obras viales. También está definida la Ley tributaria, que contempla actualización de impuestos, y con la cual pretenden que el Inmobiliario recupere participación en el total de la recaudación. “Aspiramos a que recupere el 8% el año que viene”, aseguró Olvares, teniendo en cuenta que en 2023 esa participación fue del 4,6%. Es decir que esperan que el Inmobiliario pase a representar casi el doble de lo que representó durante la gestión Perotti.
Respecto al déficit fiscal heredado de la gestión anterior, reconoció el impacto de la sequía, pero hizo hincapié en los pases a planta estatal que actualmente están bajo revisión, ya que consideran que en el último año se dio un crecimiento del 10% respecto al plantel histórico. Mientras que al referirse a Billetera Santa Fe ratificó: “Es momento de demostrar que puede funcionar sin que el papá Estado inyecte la liquidez para que funcione”.
—¿Qué se habló con Nación respecto a la compensación por quita de Ganancias y qué pérdida significó para la provincia?
—El planteo de la provincia es que se les compense la medida que se tomó por parte del gobierno anterior sin consultar y que de alguna manera fue financiada con los recursos provinciales. En el pedido de compensación no hubo una exigencia de que fuera con la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, era una cuestión de recursos que se quitaron. El presidente no dio lugar para muchas opciones, sino que se iba a optar por la restitución de la cuarta categoría y así quedó.
En 2023 el impacto que se estimó para Santa Fe fue de unos 16 mil millones de pesos por la combinación de la Devolución de IVA y Cambios en Ganancias. Nación compensó eso con un pago retroactivo del Consenso Fiscal y ATN que se envió los últimos días de la gestión pasada. El cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima entre 135 mil y 150 millones de pesos anuales el impacto de ese régimen para 2024. Eso surge al aplicar el coeficiente sobre el total que iba a verse afectado de las provincias. Todavía no hay un mes de impacto pleno porque ese régimen regía para 2024. Recién los sueldos de diciembre que se pagan en enero iban a pertenecer a ese nuevo esquema.
—¿Dónde impactará en mayor medida la reducción o quita de transferencias a provincias?
—De las consultas que tratamos de hacer con Nación, todavía no hay una definición que diga cuales son las transferencias que se van a interrumpir o se van a congelar en valores de 2023. Entendemos que todavía están analizando los renglones presupuestarios para ver cuáles serían afectables o no. Es un tema pendiente porque nos afecta y mucho.
El concepto de transferencias discrecionales es impropio. Tenemos que tomar las transferencias automáticas y no automáticas. En estas últimas lo que se considera discrecional es un degradé bastante complicado, porque tenemos Fondo de Incentivo docente (Fonid) y Conectividad Docente por ejemplo, que se distribuyen con una lógica según la cantidad de agentes en cada provincia, pero todos los años se hace una determinación y se envía.
—En ese contexto de incertidumbre sobre recursos provenientes de Nación, ¿la provincia tiene pensado tomar deuda para obras e infraestructura?
—Hay que reconocer que durante cuarenta años Santa Fe fue una provincia sin stock de deuda de largo plazo. Con lo cual condiciones para tomar deuda con el objetivo de invertir, Santa Fe tiene. Eso tiene que tener un adecuado maridaje con el contexto. Con organismos bilaterales Santa Fe tiene las puertas abiertas, de hecho está en camino a tomar endeudamiento para inversión, pero los organismos bilaterales generalmente no dan más de una operación activa por vez. También está la posibilidad de tomar deuda en el mercado doméstico con algunos actores que puedan tener excedentes, condicionados a una mínima estabilidad de variables económicas.
Sí sabemos que en la región hay excedentes financieros que generan ciertas actividades y que sería bueno que mientras el sistema financiero capta depósitos para prestar en otra parte del país, que la provincia pueda aprovechar ese excedente que generan actividades económicas de la provincia para financiar inversiones dentro de la propia provincia.
Lo que sí, el financiamiento a través del mercado internacional, al cual en otro momento Santa Fe tuvo acceso, no va a estar abierto porque eso sí está cerrado para las provincias. En el caso de Santa Fe no porque no esté en condiciones de tomar deuda sino por condiciones cambiarias y de riesgo país.
—¿Qué finalidad tendría el financiamiento?
—Hay varios proyectos de inversión vial, es una de las prioridades. Puede ser de acceso portuario y de conectividad en localidades a las cuales hoy no se puede llegar con conexión 100% via pavimento. El financiamiento para inversión siempre está en agenda. Sería una miopía por parte de una gestión no tener en cuenta el buen financiamiento en condiciones adecuadas para inversiones de escala.
—Con la Ley Tributaria 2024, ¿contemplan la posibilidad de que el Impuesto Inmobiliario vaya recuperando participación en la recaudación?
—Esperamos que la participación del Impuesto Inmobiliario sobre la recaudación recupere el 10% que perforó hace tiempo. Aspiramos a que por lo menos recupere el 8% el año que viene, esperando una baja en la inflación. Si la inflación es muy alta, probablemente Ingresos Brutos le vuelva a ganar participación. Si la inflación no es alta, los impuestos directos pueden empezar a ganar participación, que es lo deseable. (Cabe aclarar que en la gestión anterior el gobierno provincial recaudó menos de la mitad con Inmobiliario que la gestión previa)
Impuesto Inmobiliario: el gobierno provincial recaudó menos de la mitad que la gestión anterior
—¿Se analiza la posibilidad de un revalúo de inmuebles?
—No. El revalúo necesita una Ley especial, solamente se puede dar la incorporación de nuevos inmuebles, pero eso es marginal, no incide mucho en el año. De hecho hace poco hubo un plan de regularización de superficies edificadas a muy bajo costo. Pero la recaudación depende del nivel de cumplimiento, no hay posibilidad de que en el año haya incremento adicional atado a nuevas valuaciones porque están congeladas desde el año 1991.
—¿Cuáles van a ser las modificaciones en Billetera Santa fe desde el 1 de enero?
—Va a seguir funcionando. Los reintegros no van a tener una limitación por usuario, sino que van a generarse a partir de lo que comercios y agentes financieros acuerden. Los usuarios pueden ir a comprar con beneficios que en algún caso va a ser del 30% y en otros casos será de menor porcentaje, con la idea de acumular durante todo el mes sin que a los 5 mil pesos se les frene el reintegro.
Dependerá del volumen de los agentes financieros y el comercio, no hay un reintegro garantizado por parte de la provincia en forma universal. Sí la provincia, una vez que tenga los datos diseñará reintegros para usuarios socialmente prioritarios. La provincia va a impulsar la mayor cantidad de programas disponibles para tratar de que la mayor cantidad de comercios puedan dar esos descuentos e instar al banco a que también ponga lo suyo para que esto se mantenga.
Se creó un ecosistema de 1.740.000 usuarios y 38.000 comercios. Para eso la provincia hizo una inversión, poniendo 4.500 millones de pesos por mes pero no tiene sentido si funciona únicamente con el Estado inyectando dinero. Una vez creado ese ecosistema, es momento de demostrar que puede funcionar sin que el papá Estado inyecte la liquidez para que funcione.
—¿Qué lectura tienen sobre el déficit en las cuentas heredado de la gestión anterior? ¿cuánto influyó la sequía y cuanto las decisiones?
—La sequía fue innegable, pero después hubo gestiones que tuvieron que ver con el año político. Hoy estamos discutiendo un pase a planta de 13 mil personas. Ahí hay una indicación clara de impacto en las cuentas, algo que no tenía que ver con un servicio público concreto. Es un 10% de crecimiento de la planta de personal histórica en el último año de gestión. Es un incremento en el costo que se hizo de golpe y que incide en el 2023.
La revisión de contratos es un proceso mediante el cual se ven los contratos de funcionarios que eran políticos y se los dejó bajo el régimen de contrato de locación de servicios o de otra modalidad. Una cosa es pasar a planta a gente que trabajó entre 2019 y 2022 en condición de contratado y otra cosa es alguien que se lo llamó en enero de 2023 a sabiendas de que se iba a hacer un pase a planta. Hay indicios de esa situación.
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