Los sistemas informáticos que muchos impulsan como modernos, rápidos y confiables quedaron otra vez en entredicho. Esta vez, el cuestionado es el software que designa, supuestamente al azar, qué jueces tendrán a cargo cada causa de la Justicia Federal en todos sus fueros. La Auditoría General de la Nación, que dirige el santafesino Oscar Lamberto, detectó irregularidades que van desde la posibilidad de excluir algunas oficinas del bolillero electrónico hasta la de repetir los sorteos indefinidamente hasta que caiga en el funcionario “deseado”. También desnudó una gestión de las contraseñas del sistema poco segura, entre otras vulnerabilidades y debilidades que permiten “una ejecución maliciosa, con riesgo para la confiabilidad y la confidencialidad de los datos”.
Los impulsores de los sistemas informáticos para varias tareas sensibles, como la emisión del voto o el bolillero electrónico para la asignación de jueces en teoría imparcial y libre de manipulaciones, quedaron varias veces en posición adelantada por los agujeros de seguridad puestos en evidencia. En el caso de los magistrados, particularmente, se cruzan denuncias sobre afinidades de algunos con el poder político de turno y sospechas sobre los expedientes que acumulan.
La AGN emitió un último informe sobre las falencias del Sistema de Gestión Judicial, que determina la asignación por sorteo de las causas. “Cuenta con una serie de funcionalidades sensibles y su utilización inapropiada podría sesgar el resultado de una asignación”, resume el texto de 57 páginas.
El análisis del sistema, identificado como Lex 100 y puesto en marcha en forma gradual en 2012, fue encargado por el Consejo de la Magistratura luego de que la jueza federal María Servini de Cubría realizara una pesquisa técnica en la que detectó vulnerabilidades en el bolillero electrónico. Los primeros alertas se dispararon el año pasado, lo que motivó una reestructuración de las áreas de Tecnología y Seguridad Informática del Consejo y el encaro de tres auditorías.
El resultado de esos análisis son ahora estudiados por los consejeros tras haberse ordenado informes también a la a la Sigen –Sindicatura General de la Nación– y a la flamante Unidad de Auditoria Informática dependiente del Consejo.
Los expertos contratados por la AGN descubrieron “la existencia de la opción inhibir oficinas, que permite sesgar el resultado de un sorteo y la posibilidad de resortear una causa un número indeterminado de veces sin que el sistema exija autorización de instancias superiores”. Es un tema sensible, porque esos mecanismos pueden permitir la asignación de magistrados afines a ciertas operaciones, sobre lo cual llueven denuncias y sospechas.
Otro problema es el de “la asignación de contraseñas”. El informe expone que se realiza “de forma manual por los administradores (del Lex 100), lo que eventualmente permite asumir el perfil de cualquier usuario y operar en su nombres”.
La AGN agrega que algunas personas con determinados accesos lo hacen “de modo irrestricto a datos sensibles sobre las causas” y “la función asignación de causas presenta bajo rendimiento en horas del mediodía”.
El informe sintetiza: “Hay debilidades que comprometen la gobernanza del Sistema de Gestión Judicial, un elemento crítico para el Poder Judicial de la Nación”.
