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Poder judicial

Otro mar de fondo

La renuncia del juez Oyarbide generó máxima tensión en el gobierno y un duro cruce entre el ministro Garavano y la diputada Elisa Carrió. Lilita dijo que aceptar la dimisión del magistrado es “impunidad”.


El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, se cruzaron ayer por la situación del juez federal Norberto Oyarbide, luego de que el funcionario le recomendara al presidente Mauricio Macri que le acepte la renuncia al magistrado, lo que para la diputada sería un hecho de “impunidad”.

“Una recomendación enfática al presidente, en todos los casos, es que acepte la renuncia. Así que todos aquellos jueces que no estén cómodos tienen las puertas abiertas para presentar su renuncia. Le dije al presidente: mi recomendación enfática es que se le acepte la renuncia. Lo que nosotros queremos es tener una Justicia mejor”, sostuvo Garavano.

En declaraciones a la prensa, el ministro subrayó que “la sociedad gana con la salida de Oyarbide de la Justicia”, al tiempo que dio por “descontado” que el magistrado no podrá “ejercer ningún cargo público en el futuro”, a pesar de que se le suspenda el juicio político que se le sigue en el Consejo de la Magistratura.

Al respecto, desestimó ese proceso contra el magistrado por el tiempo que demoraría y las trabas del procedimiento, como por ejemplo conseguir una mayoría necesaria para suspenderlo y desplazarlo, e insistió: “No es un camino que deba seguirse en estos casos, por lo que mi opinión muy pragmática y muy de mirar hacia el futuro en búsqueda de una Justicia mejor es que se acepte la renuncia de Oyarbide”.

Ante ello, la líder de la Coalición Cívica-ARI confrontó con el funcionario nacional: “Garavano se equivoca. El fin no justifica los medios. Aceptar la renuncia, eso es impunidad”, tuitió. “La renuncia de Oyarbide, el juez más corrupto de la Argentina, prueba su acuerdo con –el presidente de Boca Juniors y acusado de ser el operador de Macri en la Justicia, Daniel– Angelici. Veremos qué hace el presidente. Esto se llama impunidad”, había manifestado anteriormente.

Ante la opinión de la diputada nacional y socia fundadora de Cambiemos; Garavano afirmó: “Carrió es una referente del espacio de Cambiemos, a veces coincidimos y otras no. En este caso, respeto su enfoque pero no coincido con ella en que al dejar ir al juez esto sea un pacto de impunidad”. De todas maneras, el ministro explicó que la renuncia todavía no está aceptada, porque existe un procedimiento que requiere informes del Consejo de la Magistratura, de la Ansés y de otros organismos del Estado, antes de que se pronuncie el presidente Macri el próximo 15 de abril.

“Calculo que al presidente la renuncia le llegará recién la semana próxima. Esto lo que hace es liberar a la Justicia, es sacarle fuero y permitir que si alguien quiere presentar una denuncia sea investigada. Mi recomendación, cuando él (Macri) me consultó, fue aceptarle la renuncia”, insistió.

Y agregó: “Oyarbide siempre fue funcional a los gobiernos de turno, por eso esta decisión de aceptar la renuncia, porque el juicio político empieza y no sabemos cuándo ni cómo termina”.

Al respecto, el ministro de Justicia analizó que la presentación del magistrado para alejarse de su cargo “implica que el gobierno no se sienta a negociar con ningún juez”, al tiempo que añadió: “No queremos jueces que nos rindan pleitesía. El gobierno no quiere negociar más con los jueces. Si no están a la altura, deben renunciar”.

La renuncia del titular del Juzgado Nº Federal 5 se produjo en medio de la polémica por las acusaciones de la diputada Carrió contra el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, por actuar como presunto operador judicial del macrismo, que incluyeron una mención sobre sus supuestas reuniones con Oyarbide para pactar una “salida elegante” del magistrado.

Sucede que el juez se encuentra acorralado por las denuncias de mal desempeño en el cargo, con un juicio político en marcha en el Consejo de la Magistratura para removerlo del Juzgado, y era a su vez quien había procesado al actual presidente Macri por las escuchas telefónicas ilegales.

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