Guillermo Correa
La Multisectorial por los Humedales volvió a movilizarse por el centro rosarino, en una de sus ya múltiples acciones ambientales. La motivación de la nueva protesta, reducida en su alcance en forma intencional, fue el acompañamiento de la presentación de un pedido de informes al gobierno provincial acerca de dos cuestiones: una es las características, alcance y propósito de las obras proyectadas para los Bajos Submeridionales, un gigantesco pantanal que ocupa un área que se extiende hacia tres provincias, y que fue intervenido –por ponerle un nombre a la acción– a mediados de la década del 90 por el gobierno de Carlos Reutemann. La otra es si la Casa Gris tiene prevista alguna “acción reparatoria” hacia los devastados territorios del otro Humedal, que como el que está frente a Rosario también atraviesa la situación de histórico reservorio de vida reducido a cenizas. La requisitoria formal representa, además, el “primer documento” de la comisión de Legales de la Multisectorial, debut que por su importancia simbólica se resolvió acompañar con una movilización desde la Bolsa de Comercio, vista como ícono de la economía extractivista privada, a la sede de Gobernación, exponente del Estado que debe regularla.
Desconocidos para la mayoría de los habitantes del sur santafesino, los Bajos Submeridionales son un área gigantesca de tierras bajas, con poca o nula pendiente, que durante meses por cada ciclo anual se convertían en un vergel. Son unos 8 millones de hectáreas, parte del norte de la provincia de Santa Fe, el sur de la provincia del Chaco y el sudeste de Santiago del Estero, dentro de la llamada Cuña Boscosa y la Llanura chaqueña.
Durante las temporadas de sequía se pueden asemejar a un páramo con pocos cursos y espejos de agua, pero a poco de comenzar los períodos lluviosos se convertían en una exhibición multicolor de flora y fauna: yacarés, flamencos, patos, zorroz, ciervos de los pantanos, aguarás, zorros, peces, irupés, camalotes sólo son una parte de una interminable lista de especies que migran hacia allí o aprovechan las nuevas condiciones para su ciclo reproductivo. Pero a mediados de los 90, presuntamente con el objeto de extender la frontera agropecuaria, se tendió una red de canales para desagotar. Las consecuencias fueron desastrosas: si bien se montó un sistema de esclusas para regular, fueron vandalizadas en su totalidad, y una extensa parte del Humedal se fue secando. Apenas dos o tres años el suelo húmedo fue fértil, después comenzaron a aflorar hacia la superficie otros componentes salitrosos, en un proceso de desertificación que llevó a proyectar al gobierno de Antonio Bonfatti una obra inversa: recrear la inmensa pileta y volverla a llenar. Así se llegaron a tender acuerdos entre las tres provincias involucradas con el objeto de generar un plan sustentable o, al menos, más racional, recomendación que antes de la canalización habían elevado –sin ser escuchados– expertos de la Universidad Nacional del Litoral.
En ese marco se inscribe la presentación de la Multisectorial por los Humedales. La nota formal se cimentó a partir de una docena de particulares miembros de la ONG, quienes, con el patrocinio de dos de los abogados que la integran, Lucas Micheloud y Rafael Colombo, piden conocer la información sobre el convenio rubricado el 20 de febrero de 2018 entre las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero “para la creación del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales”, con copia también del nuevo convenio firmado a principios del presente año; copia del Plan de Manejo de los Bajos Submeridionales “en el estado de avance en que se encuentre”; copia de “los documentos elaborados por el equipo interdisciplinario” creado por la ley 13.225, aprobada en 2011 –cuyo objeto es “la utilización racional y sustentable de los recursos naturales en el ámbito de los Bajos Submeridionales, protegiendo los humedales naturales y ecosistemas existentes”– y un detalle de las obras planificadas en ese marco, de los proyectos en los que se sustentan, las jurisdicciones y reparticiones involucradas, las licitaciones en curso o aprobadas, las personas o empresas que se presentaron a ellas, y el financiamiento previsto.
También piden información relativa a los estudios de impacto ambiental sobre el o los proyectos en marcha o planificados, si se hicieron audiencias públicas sobre esas obras, y de los fondos aplicados o previstos para concretarlas.
Por último, la Multisectorial pide en detalle conocer si el Estado provincial “elaboró un Plan de Manejo del Fuego para el territorio comprendido por los Bajos Submeridionales, como así también aquellas áreas que se sitúen en sus límites o adyacencias” conforme a la ley nacional 26.815 (de creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego); información sobre si existen “planes de restauración del suelo y reforestación de las áreas dañadas por los incendios” en la zona de los Bajos Submeridionales y en las adyacentes a ese Humedal y, finalmente, “información sobre si se realizó la correspondiente investigación sobre las causas que dieron origen al fuego en el norte de la provincia de Santa Fe y si se encontraron a los responsables” de provocar esos incendios.
La presentación se basa en un vasto andamiaje legal que torna imposible soslayarla, y en particular en el Acuerdo de Escazú, al que la Argentina ratificó su total adhesión en fecha reciente, el pasado 24 de septiembre, dos años después de la firma original. Se trata de un instrumento internacional, tiene la rúbrica de 23 países del continente –con ratificación, hasta ahora, de una decena de ellos– y su nombre completo enuncia su finalidad: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Pero el basamento legal completo se articula con otras normativas vigentes, poer lo que la Multisectorial formuló dos reservas. Una, la de “promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de respuesta o ante una respuesta parcial”; y la segunda “de concurrir ante la Justicia en procura de una protección del medio vulnerado”, si la respuesta en sí da cuenta de “una violación a la normativa de protección al medio ambiente”.
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