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Otro bache en la autopista

El Tribunal de Cuentas realizó una serie de “observaciones” al contrato directo para la administración de la conexión vial Rosario-Santa Fe. El tema rebotó en la Legislatura, donde el PJ pidió volver todo atrás.

El Tribunal de Cuentas provincial terminó de revisar el expediente de la contratación directa del nuevo operador de la autopista Santa Fe-Rosario –la UTE Consorcio Vial SA, formada por Supercemento y Edeca SA– y formuló una serie de observaciones legales que dejaron tambaleando la adjudicación realizada por el Ejecutivo a fines de junio, luego de la salida del anterior concesionario, Aufe SA.

El órgano de control revisó dos decretos –uno del 22 de junio, por el cual se aprueba el expediente elaborado por la Subsecretaría de Servicios Públicos con el contrato para la concesión provisoria, y otro del 25 de junio, por el cual se ratifica el contrato entre el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos y Consorcio Vial SA– firmados por el gobernador Hermes Binner y concluyó que merecen ser “observados legalmente” por varios motivos.

En primer lugar, el Tribunal de Cuentas estimó que la gestión encarada por el ministro Antonio Ciancio no puede ajustarse –como lo indicó el funcionario– a lo establecido en el artículo 116 de la ley 12510 de Administración Financiera “por no darse la urgencia” que, según esa norma, habilita al Ejecutivo a celebrar contrataciones directas sin licitación previa ni compulsa de precios. También se objetó “la falta de fundamentos para la elección de la empresa” que se iba a encargar de la autopista en forma transitoria por seis meses, hasta la nueva licitación.

En el dictamen firmado por la presidenta Nora Rita Vallejos y por los vocales María del Carmen Crescimanno, Horacio Alesandría, Mario César Esquivel y Graciela de Vecchioni, el Tribunal de Cuentas observa deficiencias en la confección del contrato. El argumento: se trata de un contrato de concesión de obra pública pero no se le exige a la contratista la construcción o las mejoras necesarias sino que se limita a hablar de “explotación, conservación y mantenimiento” de la principal vía de comunicación de la provincia.

El dictamen tuvo una fuerte repercusión en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados. El jefe del bloque kirchnerista, Luis Rubeo, intentó que el cuerpo votara sobre tablas un proyecto de su autoría para que el Ejecutivo deje sin efecto el contrato y se haga cargo de la autopista. El oficialismo no acompañó esa iniciativa, pero en el debate posterior quedaron al desnudo las disidencias entre los distintos bloques del Frente Progresista.

Los radicales fueron quienes más se diferenciaron del socialismo. El diputado Leonardo Simoniello aseguró que tiene “algunas dudas” respecto de la actuación de Ciancio y señaló que el tema merece ser discutido en comisiones, visto y considerando que aún no está dicha la última palabra sobre la futura licitación de la autopista. En ese sentido, hay que recordar que el próximo miércoles se abrirán los sobres con las propuestas de los interesados en quedarse con la concesión. Simoniello le reprochó al socialismo “haber hecho lo mismo que el PJ”, recordando que fue bajo el primer mandato de Carlos Reutemann que se privatizó la autopista.

Otro radical, Santiago Mascheroni, fue un poco más allá y se manifestó lisa y llanamente por la estatización. En esa línea coincidió su par de bancada, Darío Boscarol. Rubeo intentó luego que la Cámara le diera preferencia para la próxima sesión a su proyecto de cancelación del contrato, pero tampoco esa vez logró el aval del oficialismo, desde donde argumentaron que lo mejor será esperar al miércoles para ver cuántas empresas –y en qué condiciones– se presentan a licitación.

El socialista Raúl Lamberto fue el encargado de defender la actuación del gobierno y, para ello, criticó el dictamen del Tribunal de Cuentas. “Es muy insustancial”, opinó el diputado oficialista, argumentando que en el escrito se hace referencia, constantemente, a los eventuales incumplimientos de las empresas concesionarias, sin atender que las dos firmas –Supercemento y Edeca– “hace años” que trabajan como contratistas del Estado.

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