Policiales

Narcomenudeo

Otra vez hubo roces entre fuerzas de Santa Fe y Corrientes

El jueves pasado, un juez de Reconquista ordenó 11 allanamientos simultáneos, 10 en el norte provincial que se realizaron sin inconvenientes y uno en la localidad correntina de la Esquina, que se demoró una hora y media.


Otra vez hubo roces entre la Policía de Santa Fe y las Fuerzas Federales de Corrientes en un operativo antidrogas. El jueves pasado, un juez de Reconquista ordenó 11 allanamientos simultáneos, 10 en el norte provincial que se realizaron sin inconvenientes y uno en la localidad correntina de la Esquina, que se demoró una hora y media. El retraso motivó una investigación contra el jefe de la Prefectura Naval Argentina (PNA) de esa localidad, Jorge Daniel Benítez, para determinar si desobedeció una orden judicial. El uniformado no se negó a realizar la medida pero pidió que un juez de su provincia la autorice.

A fines de 2016, una situación similar terminó en un escándalo institucional en la localidad de Goya, cuando un jefe antinarcóticos santafesino pasó seis horas demorado en un allanamiento que las autoridades de Corrientes no avalaron, incluido el propio gobernador Ricardo Colombi quien se acercó al lugar y criticó con dureza a la Policía santafesina.

Operación Esquina es el nombre de la investigación que lleva adelante el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, hace más de un año. El jueves pasado, el magistrado ordenó 11 allanamientos para dar con una banda de narcomenudeo que según su hipótesis enviaba marihuana y cocaína por el río desde el sur de Corrientes (por la localidad de la Esquina) hasta Romang (una ciudad ubicada en noreste de Santa Fe) y utilizaba las islas del río Paraná para almacenar la droga.

Diez de los allanamientos se realizaron del lado santafesino con un resultado de siete detenidos y un prófugo, según informó a El Ciudadano el juez Alurralde, quien no detalló la cantidad de estupefacientes incautados pero indicó que encontraron dosis de marihuana y cocaína además de armas de fuego. Los apresados fueron indagados el lunes pasado y quedaron detenidos. En tanto, el allanamiento ordenado en la ciudad de la Esquina dio resultados negativos. Sin embargo, el magistrado resaltó que la medida se demoró porque el prefecto dilató su colaboración hasta tener un permiso de un juez federal de Corrientes. Ahora, Alurralde investiga si la demora de una hora y media que provocó la diligencia fue una desobediencia judicial o se debió a otra cosa.

“Tenía la obligación de colaborar con el personal de la Policía de Santa Fe que viajó a Corrientes. Y si tienen dudas de la firma o del algo pueden comunicarse y corroborarlo. En la era de las comunicaciones eso se puede hacer inmediatamente”, resaltó el juez de Reconquista quien aclaró que no hay detenidos ni imputados, solo una pesquisa para saber si hubo negligencia administrativa, falta de coordinación o connivencia.

El mismo juez Alurralde es quien intervino en un escandaloso conflicto político que desató un allanamiento ordenado por Santa Fe en tierras correntinas los últimos días de 2016.

Viejas tensiones

El 21 de diciembre de 2016, el entonces jefe de la Policía antinarcóticos de Santa Fe, José Moyano, pasó más de seis horas demorado en la localidad correntina de Goya momentos después de realizar siete allanamientos ordenados por un juez federal de Reconquista. Allí se vivieron momentos de extrema tensión entre uniformados de ambas provincias. Pero no quedó sólo en un problema policial. El entonces gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, intervinoy mantuvo un fuerte cruce telefónico con el ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro.

El resonante conflicto institucional entre ambas provincias se desató porque las fuerzas correntinas no estaban enteradas del operativo en su propio territorio, a lo que le sumó un fuerte malestar porque 16 jóvenes fueron llevados de prepo por la Policía santafesina en calidad de testigos. Los adolescentes estaban madrugados tras una fiesta en la costa correntina y fueron levantados por los santafesinos y trasladados hasta Goya sin poder dar aviso a sus padres. Cuando sus progenitores preguntaron a las autoridades correntinas dónde estaban sus hijos, que apenas alcanzaban la mayoría de edad, no sabían, porque se los habían llevado policías santafesinos. Por eso interpusieron un habeas corpus por privación ilegítima de la libertad.

La tensión aumentó con el correr de las horas al punto que policías correntinos bloquearon el paso a una cuadra del operativo donde habían llevado a los jóvenes como testigos. Es decir, la Policía correntina comenzó a bloquear la misma cuadra en que la Policía santafesina realizaba el allanamiento, donde Moyano quedó varias horas a la espera de la decisión de la Fiscalía de Corrientes.

Superada la tensión, los roces terminaron en declaraciones cruzadas entre las máximas autoridades de cada provincia y una causa judicial que aún no dejó resultados definitivos.

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