“Los certificados de depósitos presentan sospechosas irregularidades y representan el 26,5% de las inversiones financieras y el 15,5% del patrimonio de la cooperativa. La concentración de semejante cifra en esa sola entidad mutual constituye el equivalente a más del 40% del activo corriente de la entidad mutual que hoy tiene los depósitos”, denunciaron miembros de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, intervenida desde 2019. “Además se trata de una entidad que no se encuentra bajo el control directo del Banco Central”, remarcaron en la denuncia, que agrega un mojón más a una situación que vienen haciendo visible tanto en Tribunales como en la calle insistiendo en que un entramado de intereses está haciendo un vaciamiento de la entidad. Del otro lado, fuentes cercanas a la intervencióndijeron que en los próximos días se presentarán ante la Justicia con todos los papeles y para que llamen a elecciones para normalizar la situación de la cooperativa.
La nueva denuncia de integrantes de la Cooperativa la formularon seis estibadores ante la Cámara Federal. Los firmantes recurrieron al Tribunal de segunda instancia ya que sostienen que el juez federal Marcelo Bailaque, quien ejerce la tutela de la entidad viene posibilitando “maniobras fraudulentas”, a través de una intervención “que no hace más que generar perjuicios económicos”.
“Lo más inquietante del caso es que, además de las irregularidades que presenta la operación, ya que el movimiento de fondos excede las facultades del interventor”, argumentaron en la nueva presentación, efectuada por el abogado Federico Joly. “Supusimos erróneamente que la nueva intervención se abstendría de realizar maniobras tan burdas como peligrosas para los intereses de la entidad. Pero nos equivocamos”. .
La Cooperativa está intervenida desde agosto de 2019, días después de que el juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenara la detención de Herme Juárez, quien estaba al frente desde 1969, bajo acusaciones de lavado de dinero, extorsión y otros delitos. Juárez también controlaba el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) del Cordón Industrial, que igualmente fue intervenido. La oposición sindical a Juárez, reorganizada en la lista Azul y Blanca, y los miembros de la Cooperativa a través de la agrupación Miguel Ru comenzaron al poco tiempo a reclamar la restitución del gremio a sus afiliados y de la entidad a sus miembros. Al primer interventor, el abogado Juan Schaer, lo acusaron de negociar convenios en beneficio de las empresas agroexportadoras; y al segundo, Roberto Pasqualino, por “desmanejos”. Entre ellos, el pedido de liberar 150 millones de pesos que pasaron a ser administrados por una mutual del mismo grupo empresario al que ahora acusan de haber obtenido 1.000 millones.
En febrero pasado, el juez Bailaque cesó al interventor Pasqualino, un contador con carrera en la Universidad de Buenos Aires vinculado al radicalismo, y extendió por otros seis meses la intervención nombrando como sucesor al ex intendente de Puerto San Martín Daniel Sorrequieta, cuyo nombre fue sugerido desde el Instituto de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
Surgido del obeidismo y vinculado al Movimiento Evita, asumió con palabras tranquilizadoras: habló de “empezar el camino de normalización” y de la “devolución” a sus socios “a través de elecciones libres y democráticas para que se elija un consejo de administración”. El día de su nombramiento, el pasado 12 de febrero, los estibadores se habían movilizado a las puertas de los Tribunales Federales de bulevar Oroño con el reclamo, además, del apartamiento de Bailaque si no se atendía el pedido de fin de la intervención.
No ocurrió ni lo uno ni lo otro, pero la remoción de Pasqualino había calmado un tanto las aguas. Ahora los estibadores insistieron: “Que el juez Bailaque se aparte del proceso pues sus decisiones, como la infundada decisión de liberar los fondos para el Grupo Unión de Whpei, habilitan las maniobras fraudulentas”, se quejaron.
Es que el blanco de sus acusaciones son los hermanos Whpei, tras un informe de abril pasado que certificó operaciones financieras con la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales del Grupo Unión.
Uno de los puntos que refuerza la demanda, que ahora deberá ser admitida o rechazada, es que esos movimientos de fondos exceden las capacidades operativas de la intervención y deben se aprobados en asamblea; por tanto, si los autorizó la Justicia, deben tener un aval claro y preciso, lo que no estaría apareciendo.
Desde la caída de Herme Juárez, empresarios, políticos, abogados y los propios trabajadores portuarios pulsean por el control de una entidad histórica –la Cooperativa de Trabajos Portuarios se fundó en 1961– por cuyas manos pasa el 60% del estibaje en las terminales, con un millonario flujo de fondos.
Es lo que según sus fundamentos intenta salvaguardar la presentación de los socios –son unos 130, de los cuales la agrupación Miguel Ru dice tener el apoyo de un centenar– quienes solicitan a la Cámara que se comprometa a “recomponer la paz social y la confianza en la Justicia”, dejando sin efecto el desbloqueo y restituyendo al Banco Nación lo transferido. Y ahí quede “en la modalidad de plazo fijo a 30 días, renovable automáticamente, hasta tanto las nuevas autoridades que legítimamente asuman en representación de los socios decidan en asamblea el destino de los fondos”.
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