El Ciudadano
A 15 años de la presentación, el 27 de agosto de 2004, de los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación” de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y a una década del envío al Congreso de la iniciativa que luego se convirtió en la ley 26.522, el colectivo, ahora Coalición por una Comunicación Democrática, expuso ayer en el Parlamento los nuevos puntos “para construir la comunicación que viene”.
Se trata de la profundización de unos aspectos, la modificación de otros, la instalación de nuevos puntos y aun la restauración de algunos de los aspectos suprimidos –o vaciados– por el actual gobierno de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazó a la norma vigente de la última dictadura. La ley resultó aprobada por 146 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados, y sancionada por 44 votos a favor y 24 en contra en el Senado, con un centenar de modificaciones al proyecto oficial girado por la entonces presidenta Cristina Fernández tras un debate en unos 300 foros públicos de todo el país.
En una reinstalación de aquellos ámbitos de discusión de una década atrás, las más de tres centenares de organizaciones, entre ellas el Sindicato de Prensa Rosario, que integran la Coalición –sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras comunitarias, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales– volvieron al Congreso.
El documento
Hace 10 años acompañamos la decisión política de tener una ley de Medios Audiovisuales en democracia. Una ley que impulsamos y que consagró la comunicación como un derecho. Que se completó luego mediante Argentina Digital y Arsat, al considerar a internet y la infraestructura de conectividad como recurso social, federal y de soberanía.
El macrismo ha vulnerado esos principios por decreto, alentando una mercantilización inédita de la comunicación en todas las plataformas. Lo ha hecho favoreciendo posiciones oligopólicas, el uso discrecional de fondos públicos para la propaganda oficial y la asignación escandalosa de frecuencias radioeléctricas para grupos empresarios.
Esas políticas, junto a los tarifazos y la recesión, han silenciado miles de voces independientes y puestos de trabajo de empresas públicas y del sector comercial.
Han producido un verdadero apagón informativo en manos de una agenda única concentrada en la Capital Federal y unas pocas empresas de medios que impiden el pluralismo informativo.
Ya 10 años después, y como mandato surgido de los foros federales de consulta pública realizados en todo el país, solicitamos al gobierno que asuma por decisión de la voluntad popular que:
Se sancione en democracia una ley de Publicidad Oficial que garantice el pluralismo informativo, el federalismo y la sostenibilidad de todos los sectores.
Se garanticen cuotas de contenido nacional, propio, local e independiente en todas las plataformas, como mecanismo para la creación de empleo y la promoción de la cultura regional.
Se apliquen tarifas diferenciadas de servicios públicos que respeten el rol social de los medios y garanticen diversidad de voces.
Se recupere la participación federal y multisectorial de las provincias, universidades, medios comunitarios, trabajadores y productores en la dirección de los entes reguladores sectoriales.
Se sancionen normas de orden nacional, provincial y municipal para sostener la producción y la información local, incluyendo leyes de fomento sectorial y direcciones locales de comunicación comunitaria y popular.
Se ejecuten en forma completa y se preserven los fondos de servicios universal para el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el fondo de fomento para medios de comunicación audiovisual (Fomeca) y todos los recursos de asignación específica para promover el desarrollo local y regional.
Se promueva a los medios de entidades comunitarias mediante medidas específicas y el respeto a la reserva del 33 por ciento del espectro radioeléctrico.
Se recupere y ponga en valor a los medios públicos (Radio y Televisión Argentina, agencia Télam, TDA y Sistema de Producción de Medios Públicos) y las empresas de infraestructura de conectividad, desarrollo de tecnología de la información y operación satelital (Arsat) como forma de sostener el acceso universal, el pluralismo, la diversidad y el respeto al federalismo en la distribución cultural e informativa.
Se respeten los derechos de las audiencias y los usuarios mediante el pleno funcionamiento de la defensoría del público de servicios audiovisuales y su ampliación a los usuarios de servicios TIC.
Se promueva la equidad de género mediante mecanismos que eviten el sexismo en el tratamiento de los contenidos y garanticen equidad en la constitución de los organismos de aplicación y control.
Se impulse el rol activo de las universidades nacionales y sus medios de comunicación como protagonistas informativos, culturales y de difusión del conocimiento.
Se promueva el rol de las pymes de la comunicación mediante procedimientos simplificados de acceso a frecuencias, de promoción fiscal y de acceso al crédito.
Se garanticen los derechos laborales de los trabajadores de prensa, cultura, comunicación y servicios de intercambio de datos mediante el respeto a los convenios colectivos y cumplimiento de las obligaciones empresarias.
Se considere el acceso en condiciones equitativas y razonables a papel para periódicos como un requisito de la libertad de expresión a fin de asegurar el funcionamiento de diarios, periódicos y revistas independientes en todo el país.
Se protejan los datos personales y la soberanía mediante una regulación eficaz de los operadores de servicios digitales que garantice la preservación de la intimidad, de los datos biométricos de las personas, el consentimiento informado y la custodia nacional de la información.
Se fomente el desarrollo de medios de comunicación de pueblos originarios como expresión de políticas de promoción de la diversidad y protección del patrimonio cultural.
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