El domingo 5 de abril por la tarde el cuerpo de Florencia Magalí Morales apareció colgado de un cordón amarrado a la bisagra de la puerta de un precario calabozo. La mujer, de 39 años, había salido a dar una vuelta en bicicleta por Santa Rosa de Conlara, en San Luis, y fue detenida por la Policía, ya que en esa provincia –que no tiene casos positivos de coronavirus registrados– la gestión de Alberto Rodríguez Saá habilita a circular los lunes, miércoles, viernes y domingo a las personas con DNI terminado en número par. Los impares, los martes, jueves y sábado.
Morales fue interceptada cuando iba de contramano, pero siguió pedaleando hasta la comisaría. Lo que ocurrió allí adentro es un misterio. La Policía asegura que la mujer se suicidó; los familiares afirman que fue un asesinato. En el medio, el jefe de la seccional fue puesto en disponibilidad, el juzgado emitió un comunicado, la carátula pasó de averiguación de suicidio a averiguación de muerte y, con el correr de los días, el caso y sus interrogantes cobraron relevancia nacional.
Florencia era oriunda de Mendoza, pero vivía en el norte puntano, en Santa Rosa de Conlara, a 200 kilómetros de San Luis capital, desde hace poco más de un año. Era madre de dos hijos y abuela en un contexto familiar complejo, aunque “amaba la vida”, contó su hermana Andrea, quien descree que Florencia se haya quitado la vida. El abogado de la familia, en tanto, señaló que la Florencia “tenía muchas razones para seguir viviendo. Estaba bien, estable y fuerte por los chicos”.
Domingo trágico
El domingo pasado Florencia fue detenida a las 9.30 supuestamente por transgredir el aislamiento obligatorio. Según la oficina de prensa policial, no podía circular porque su DNI finalizaba en número impar, aunque no consultaron si la mujer había salido a abastecerse de alimentos.
A esto se sumó que “agredió (rasguñó en la mano) a un efectivo” en una oscura secuencia ocurrida en la seccional: se cree que la mujer entró en crisis y no fue contenida. En cambio, sumó una notificación por resistencia a la autoridad.
Alrededor de las 19, Florencia “fue hallada sin vida” en el calabozo de la 25, dice la versión oficial. “Tenía asido a su cuello un cordón (posiblemente de la capucha del buzo que vestía) atado en el otro extremo a la bisagra superior de la puerta enteriza de madera”, señaló el acta policial. El resultado de la autopsia reveló que la causa de muerte fue producida por “asfixia mecánica”.
“Se zarparon con ella”
En diálogo con Página12, su hermana Andrea, desde Mendoza, cuestionó la actuación policial y aportó su hipótesis del caso. “Había salido en bicicleta a comprar leche y comida para sus hijos y su nietita. No la detuvieron por la cuarentena, en principio, sino porque supuestamente iba en contramano. Estamos hablando de un pueblo, era una calle que ni siquiera tiene señalización”, cuestionó.
Y agregó: “Desde el vamos no hicieron el procedimiento que corresponde: no le sacaron los cordones, el corpiño, se suponen que tienen que llevarte a un lugar seguro. Otra versión dice que estaba muy alterada, que se quiso escapar y si me pongo en su lugar, yo hubiera hecho lo mismo. Mi hermana me decía: «Acá la Policía es de terror»”.
A través de un comunicado, la Jefatura de la Policía de San Luis informó que este jueves el oficial principal Marcos Dionisio Ontiveros fue pasado a disponibilidad.
El efectivo estaba a cargo de la guardia de la comisaría 25a el domingo cuando Florencia quedó detenida. También el Poder Judicial emitió un comunicado que da a conocer los nombres de los uniformados a cargo del procedimiento y detalles de la autopsia y los peritajes.
“En líneas generales la familia no está convencida del suicidio. Yo también tenía contacto con ella porque era clienta mía. Es verdad que estaba medicada, bajo tratamiento y tuvo problemas de pareja, pero se encontraba estable”, afirmó al Chorrillero, en línea con lo expresado por la hermana de la víctima, el abogado Santiago Calderón Salomón.
El letrado dijo que Florencia “difícilmente haya tomado esa decisión en una celda tras ser detenida”, y que la familia “quiere que se investigue hasta las últimas consecuencias”.
En ese marco, Andrea Morales cree que los policías “se zarparon con ella. Le han hecho una llave, ellos saben cómo reducir, la han ahorcado. Querían dejarla inconsciente pero la mataron y armaron el circo de que se ahorcó. Mi hermana es muy bonita, siempre me contaba que los policías eran muy zarpados, se hacían los galanes y le decían cosas, yo digo que fue el enfurecimiento de ella porque no la dejaron irse. Dicen que intentó escapar”.
A su vez, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humano (APDH) Regional San Luis remarcaron en un comunicado: “Ya habíamos advertido a las autoridades de casos de abuso policial, y vemos cómo en medio de la confusión de la lucha por la salud algunos quieren que la cuarentena se convierta en estado de sitio, y avanzar sobre los derechos humanos y sociales más elementales”.
Y añadieron: “Florencia Morales tenía a su cargo dos hijos, y a la nieta de tres años. Despedida hace unos meses, y víctima de violencia de género. Por todo ello, merecía más que muchos la asistencia del Estado, y la necesidad de cuidar de ella, pero aun así, murió sin ver a sus hijos, privada de justicia, y rodeada del desamparo de toda la sociedad”.
Sobre el contexto familiar de Florencia, su hermana dijo que “vivió una pesadilla y tuvo que ir al psicólogo porque perdió una nietita” en un caso de violencia intrafamiliar en que está acusada una de las hijas y el novio.
“Pero ya se había terminado y mi hermana estaba feliz. No estaba deprimida, al contrario, tenía planes a largo plazo. Se compruebe lo que se compruebe, el encierro estuvo errado porque no la requisaron, si estaba alterada psiquiátricamente, por qué la dejaron sola”, dijo Andrea.
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